El Águila del Graf Spee. ¿Venta, exhibición o depósito? por Manuel Esmoris

“La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría”

Thomas Jefferson

A mi entender, el águila del Graf Spee puede venderse bajo los siguientes criterios.

Primero. El bien en cuestión solo podrá irse a algún país con institucionalidad democrática vigente desde antes de la Primera Guerra Mundial.  Se pone como hito cronológico el año 1913. El anterior al comienzo de la Primera Guerra, porque la Segunda Mundial solo se entiende por aquella, ambas están entretejidas. Por otro, los países tuvieron una posición muy diferente frente a ella y su devenir posterior, si se regían y lo siguieron haciendo por reglas de democracia con sufragio, división de poderes, garantías de los derechos básicos, libertad de expresión, reunión, accionar de partidos políticos, hábeas corpus, etc., o si convivían o luego convivieron bajo un régimen totalitario de manera prolongada.

Segundo. En esos países con probada tradición democrática, hay instituciones públicas o privadas sin fines de lucro con antecedentes en el desarrollo de temas de la Segunda Guerra Mundial —acervo, exhibición de bienes e investigación publicada—. En caso de que las interesadas sean privadas sin fines de lucro, el Estado que las albergue deberá avalarlas como garantes del buen manejo de los bienes históricos y coherentes con las instituciones de regímenes democráticos.

Por tanto, para la venta se requiere elaborar un pliego de condiciones jurídicas donde, entre otros y como criterio central se recoja lo anterior.

Las líneas anteriores fueron una propuesta; las próximas son un conjunto de notas, tal vez no del todo ordenadas, también dirigidas especialmente a aquellos que contemporáneamente están abordando el tema del águila del Graf Spee. Me refiero a la comisión interpartidaria integrada por Jorge Gandini por el Partido Nacional, Guillermo Facello por el Partido de la Gente, Gonzalo Reboledo por el Frente Amplio y Tabaré Viera por el Partido Colorado, la que participa en instancias junto al ministro de Defensa, Estaban Menéndez, y el escribano de la Prefectura, Matías Gonzales.

Si se suman todos los ingresos que dejaron al Estado uruguayo los “buscadores de tesoros” y en el otro plato de la balanza se ponen los egresos públicos —horas hombre de funcionarios para atenderlos, gastos en juicios perdidos y otros, como combustible, amortización de maquinaria—, se puede ver que el Estado ha trabajado para los profanadores. Y la clase política (o parte de ella) los sigue alimentando y hablando de cifras sin ninguna seriedad. La información comparativa la obtuve en entrevistas dentro de la Armada. Si hay dudas que alguien dentro de la armada presente números.

Jorge Gandini expresó realizar una venta controlada del águila. Estoy de acuerdo y más arriba expuse unos criterios que me parece compartidos, dada la trayectoria del legislador. Puede haber más pautas, pero no se puede permitir que el estado uruguayo realice una venta a países donde dilatadamente se vivió bajo el autoritarismo -aunque muy contemporáneamente no sea así- y en muchos casos, además, ejercieron el expansionismo bélico. A cada cual le caiga el sallo. El estado uruguayo tiene derechos soberanos para fijar criterios. El estado uruguayo es dueño del 50% del bien y de la otra parte Alfredo Etchegaray y los herederos del desaparecido Héctor Bado.

Si no hay interesados en adquirirla bajo los criterios reseñados se mantiene guardada, así esto implique llegar hasta el fin de los tiempos o cuando otro estado de la cuestión sobre estos temas rija. La disyuntiva no es entre se vende o se exhibe en Uruguay. Ese argumento es tramposo, muy tramposo, pues presiona notablemente hacia la venta.

Por otra parte, visto en términos de país total, una eventual venta al exterior no va a mejor nada o fortalecer los intereses del estado. Por tanto venderla para comprar una embarcación tal como se ha dicho, no parece ser una buena justificación. Ya se aplaudió hace unas décadas, la supuesta financiación de una escuela pública, con fondos que provinieron de la extracción y posterior comercialización de “tesoros”.

Exponerla en Sarandí del Yi —como han propuesto integrantes de la comisión interpartidaria—, en Baygorria o encadenada al monumento de la plaza Cagancha sería hacer un cambalache cultural, como lo son la Casa de Rivera o los museos de Colonia. Estos son lugares sin interpretación museística, donde a alguien le pareció importante poner un cuadro de Blanes junto a unas boleadoras, un timón de barcaza del siglo XIX, una armadura del siglo XVII, una antigua olla de hierro fundido, cartografías del pasado, etc., y todo bien atiborrado.

Como informa la prensa del mundo, los símbolos nazis se están retirando de los espacios públicos en Alemania para no atraer manifestaciones neonazis. Es el caso, entre otros, de la tumba de Rudolf Hess, mano derecha de Hitler, como lo muestra esta nota de Euronews: https://www.youtube.com/watch?v=z3IbZzZnh9g.

El águila es un objeto peligroso en relación a la democracia. Hoy no hay peregrinaciones de neonazis en Uruguay, pero es más probable que las haya si el “talismán” se encuentra en un lugar público. No pensar en perspectiva es ingenuidad o indolencia. O somos serios o somos una república bananera. En realidad, con todo lo que está bajo el agua y tiene valor cultural no hemos sido serios, hemos sido una república bananera.

Una venta abierta es peligrosa. Todas las personas que están en el negocio de las artes y las antigüedades saben que este está plagado de “turbulencias”, prácticas ilegales e incluso criminales, como el lavado de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico, paramilitares y otras. Hay obras escondidas que fueron robadas de museos y salas de exposición y se vendieron a coleccionistas inescrupulosos. Hay testaferros “honorables” disponibles a realizar la compra para luego pasarla a mequetrefes neonazis u orientados por cualquier otra cosa menos que el sano cultivo de la historia. Por eso, al momento de ponerse a la venta tiene que haber criterios incluyentes y excluyentes para clasificar a los posibles compradores.

Recapitulando momentos en la historia del águila y los buscadores de tesoros considero importante resaltar.

La épica del desaparecido buzo Héctor Bado en el proceso de extracción del águila es destacable por dos razones bien distintas. Una, porque la ejecución exigió un esfuerzo al límite de las posibilidades humanas. La otra, porque muestra lo que se puede llegar a hacer para destruir bienes culturales, desnaturalizarlos y convertirlos en fetiches propios de la feria de Tristán Narvaja. Recuérdese que los mismos del águila son los que retiraron el telémetro del Graf Spee y lo abandonaron. “¡Botellero! ¡Pedazos de viejos barcos compro!… ¡Que se va el botellero!”.

Siendo presidente de la Comisión del Patrimonio, en una reunión donde estábamos los arqueólogos funcionarios, los “buscadores” Alfredo Etchegaray y Héctor Bado, y yo, en los primeros diez minutos Bado se refirió a los arqueólogos de forma insultante. Lo invité a retirarse si no pedía disculpas y se retractó. A los días estaba solicitando, a través de un amigo, reunirse fuera de la Comisión. Eso nunca sucedió, pero muestra, junto con otras cosas, que los “buscadores” son más turbios que el Río de la Plata. Y que los sectores del Estado que tienen la palabra final sobre estos asuntos desconocen o miran para el costado, las buenas praxis del mundo, que se rigen por la Convención de la Unesco.

Más, en aquel año 2006, el representante legal de Héctor Bado y Alfredo Etchegaray y del resto de los “buscadores” era el estudio de abogados Ferrer. El también desaparecido Dr. Daniel Ferrer, acompañado por el Dr. Agustín Mayer, por parte del estudio, mantuvimos una reunión de manera muy cortés y profesional. Preguntaron cómo se podía llegar a un acuerdo. Se les propuso que financiasen a los arqueólogos uruguayos —alineados con las coordenadas de la Unesco— para realizar todas las tareas; también se requería al prestigioso profesional español Martín Bueno. Se establecerían reglas de juego que incluyeran la finalidad de lucro para los permisarios. Una vez realizados los trabajos, se asumirían los resultados de acuerdo a las reglas. La propuesta no fue aceptada.

Es de destacar que los “buscadores” habían corrompido —y él se dejó corromper— a un arqueólogo argentino que les hacía y firmaba informes infames (muchos delataban copy & paste), siempre favorables a los intereses no culturales, los cuales se presentaban ante la Comisión del Patrimonio. Ningún arqueólogo uruguayo se prestó a legitimar a los “buscadores”.

Alfredo Etchegaray, el interesado privado en el águila, se presenta públicamente como “Director de Proyectos Arqueológicos”. Etchegaray es un “buscador de tesoros” y relacionista público; no tiene estudios ni habilitaciones formales terciarias en historia ni en arqueología; se los inventa leyendo antiguas cartas de navegación. Camandulea con bienes patrimoniales, no para para ponerlos en valor y al mismo tiempo obtener lucro; solo esto último lo mueve. Las cosas en blanco sobre negro. Sonrisas y buenas palabras están empañadas de voracidad contra la historia y significaciones como la democracia. Si se opone a los criterios propuestos en estas líneas, para la venta, se afirmará que antepone los fines de lucro, apoyando la intención de una venta abierta, es digno de increparle que es capaz de cuestionar los valores democráticos.

Esa comisión interpartidaria para definir el futuro del águila debería abocarse a una solución definitiva sobre el patrimonio subacuático acorde con las normas de la Unesco. Debería llegar a derogarse la Ley de Cascos Hundidos y su reglamentación, probablemente actuando de manera gradual hasta que no existan más amenazas de pérdidas económicas para el Estado por eventuales demandas. Y para esto me consta que grandes estudios privados de abogados estarían dispuestos a asesorar al Estado de manera honoraria.

El águila nazi fue extraída del mar al amparo de la Ley de Cascos Hundidos (1975). Esa norma creada para la limpieza del lecho del mar, concretamente de barcos hundidos sin valor o significación histórica dice que de lo extraído, el 50% del valor de venta será para el Estado y el otro 50% para el privado que haga el trabajo con permiso otorgado por la Armada. El objetivo de esa ley era retirar basura del mar, chatarra, no bienes culturales. Ningún privado tuvo interés en retirar basura. Jamás se usó con esa finalidad. En prefectura está la información. En la década del 80 cuando aparecieron los “buscadores de tesoros” se realizó una reglamentación de la ley de la basura sub actuatica para darle cabida y legitimidad jurídica a que los buscadores de tesoros pudieran manosear y comercializar el patrimonio cultural. Sí, una ley hecha para retirar basura del fondo del mar es la que ampara la actividad de los buscadores de tesoros. Simple y patético.

La gran puesta en práctica, con prestigio social y glamour, tuvo lugar durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Hubo medios de comunicación que crearon una especie de farándula de los “buscadores de tesoros” dedicándoles programas enteros. Había que ver esos programas y notas en los noticieros centrales de la televisión y en la prensa. Los “buscadores” aparecían como los corredores de fórmula 1 de los años 60 y 70: laureles, festejos, mujeres bonitas, la exaltación del riesgo y el sacrificio, dinero… Todo menos algo cultural.

No hay ni hubo una normativa para los bienes históricos que están bajo el agua. Todo el Río de la Plata uruguayo, quedó dividido en “solares” en favor de distintos permisarios para vapulear bienes culturales. La Armada fue la protagonista responsable de todo ello y como institución permanente debe mostrar arrepentimiento públicamente.

El Estado, dentro de la primera administración de Tabaré Vázquez, enfrentó o trabó a todos los “buscadores de tesoros”, no renovando sus permisos una vez vencidos. Luego Mujica hizo concesiones lamentables que se explicitan más abajo.

Entre la cantidad de mentiras que dijeron Bado y Etchegaray se encuentra la publicación de falsas ofertas, con falsos números por el valor de la pieza. Estamos hablando de hasta 60 millones de dólares, con una prensa que se hacía eco de ello sin pedir nombres de los oferentes ni documentos probatorios. Como si fuéramos los nativos que recibieron a los españoles con sus espejitos de colores, personas de todos los estratos sociales repetían las cifras y proezas del buzo Bado como el gol de Ghiggia.

Hay que refrescar la memoria para recordar que en varias oportunidades los “buscadores de tesoros” dijeron que con lo que había debajo del mar se podía pagar la deuda externa. Ahora se habla de algo muy menor, vender el águila y con lo que le corresponde al estado comprar una nave para custodiar el mar.

Los bienes culturales no se pueden extraer de a pedazos, como hacen las empresas de demolición con los inmuebles, que destruyen las edificaciones pero preservan para la venta fragmentos como puertas, vitrales, claraboyas y otros. Los bienes culturales tienen una unidad y una o más interpretaciones.

Seamos sinceros: no estamos en condiciones de dar interpretación y lugar a los bienes que están debajo del mar, más que de forma somera, a través de relatos, con información secundaria y casi sin prospecciones. Somos una nación relativamente pobre, pero siempre, sea cual sea la situación, estamos moralmente obligados a ser dignos. Por ello, dejemos que las cosas descansen donde están. De esa manera nos evitamos entrar en problemas como los que ahora estamos metidos.

Dos apuntes finales.

El Estado uruguayo perdió un juicio millonario en dólares entablado por el “buscador” Ruben Collado entre finales de los 80 y principios de los 90. Los motivos de la demanda fueron los de siempre: “lucro cesante”. Collado no había podido trabajar por los impedimentos que le puso el Estado. Es lo mismo que sucedió con la Estación Central de trenes. Lo cierto es que el bien en cuestión, la fragata Nuestra Señora de Loreto, que supuestamente se encontraba en la bahía a la altura de la mitad de la escollera Sarandí, bastante cerca de la antigua costa —hoy rellenada para estibar contenedores—… ¡sorpresa!: no estuvo ahí nunca. La justicia falló con mala información, tergiversada, con una más que perezosa Armada y viento a favor de la opinión pública.

Hubo quienes en aquel momento informaron a las autoridades que las cosas no eran como se planteaban en el juicio. Lo hicieron con pruebas que llegué a ver. Sus aportes no fueron tenidos en cuenta y quiero compartir mi experiencia. Cuando me fueron presentando la documentación, al comienzo me invadió una gran desconfianza (en términos vulgares, como si me estuvieran manijeando), pero poco a poco la contundencia de sus pruebas y algunas hipótesis se hizo evidente. Eran mucho más convincentes que aquellas en las que el juez se basó para darle la razón a Collado.

Pero todo esto de la Loreto se aclaró definitivamente en el 2006, cuando se realizó una prospección arqueológica seria, orientada por los arqueólogos de la Comisión del Patrimonio. Fue financiada por Terminal Cuenca del Plata para decidir, con las dimensiones claras, entre ellas la cultural, la ampliación de la playa de contenedores que hoy conocemos. La empresa tenía la obligación de mostrar si en el área había restos de barcos hundidos o no, y para ello debía utilizar toda la tecnología basada en sensores que estaba disponible en el mundo. La prospección dio como resultado que ahí donde la justicia consideró que estaba la Loreto no había nada.

Durante su primera administración, el presidente Tabaré Vázquez suspendió todos los permisos. Sin embargo, el último día de gobierno del presidente Mujica, este y el desaparecido Eleuterio Fernández Huidobro, actuando como Ministro de Defensa, otorgaron a Collado permisos para afectar bienes culturales, pecios, en la costa de Colonia del Sacramento. Una decisión lamentable.

El tema del águila del Graf Spee es muy grave, pero mucho más grave es que la clase política no sea capaz de generar un marco regulatorio para el manejo de los bienes culturales sumergidos.

Reivindico el trabajo de los arqueólogos uruguayos, a los que se les ha faltado el respeto moral e intelectualmente por seguir los criterios más avanzados disponibles en el mundo.. Por su parte, la Facultad de Humanidades y su carrera de y la de Historia viven en las nubes. Dichas carreras universitarias no se contaminan con casos concretos, pese a que todos los uruguayos pagamos su sueldo.

Esta es la última vez que escribo sobre este tema del manejo del patrimonio subacuático. Me despido para siempre de una de las intrincadas aberraciones culturales que ha vivido y vive el país.