Al alcance de tu lapicera por Hoenir Sarthou

¿Qué pasaría si, el año que viene, las firmas de trescientos mil uruguayos les dijeran al Poder Ejecutivo, y, por ejemplo, a las empresas UPM, Katoen Natie y Pfizer, que en 2024, junto con las elecciones, habrá un plebiscito para reconsiderar los contratos firmados en secreto por los dos últimos gobiernos (el pasado y el actual)?
No, no es una ilusión ni una propuesta utópica e irrealizable. La posibilidad existe y es concreta.
No es el objetivo de esta nota perdernos en disquisiciones jurídicas sobre las reformas constitucionales, sus posibilidades y sus alcances. Me interesan mucho más los efectos políticos de la concreción de un plebiscito de esa clase.
En los últimos cinco años, el Uruguay se ha visto bombardeado por una serie de contratos sorpresivos y abusivos firmados por los sucesivos gobiernos con empresas transnacionales.
Primero, en el gobierno anterior, se le entregó a UPM, gratis, el agua del Río Negro, la construcción de una costosísima ferrovía que en costos, conflictos y resultados, se parece cada día más a la Torre de Babel (o a la regasificadora, que es nuestra Torre de Babel local), la compra de energía innecesaria a precio caro, el uso forestal de tierras que no deberían ser forestadas, el derecho a meterse en la educación, exoneraciones tributarias y la garantía de que futuras leyes no afectarán a la empresa.
Después, ya en este gobierno, se le entregó a la empresa Katoen Natie la gestión del puerto de Montevideo por sesenta años. Sin aviso ni justificación, bajo la alegación de que, si no se cedía a su voluntad, Katoen se proponía demandarnos por mil quinientos millones de dólares. Lo que se dice “dejarse correr con el poncho”.
Inmediatamente, en plena pandemia, vino la contratación por compra de vacunas. Otro contrato secreto, esta vez firmado con Pfizer, que sigue siendo secreto a más de año y medio de celebrado y promete seguir siéndolo indefinidamente.
Entre medio, ya no se sabe cómo ni donde, porque la prensa y el resto del sistema político ni siquiera preguntan, ANCAP le adjudicó a la empresa Challenger Energy la exploración petrolera en aguas territoriales cediendo a la empresa el 80% de los eventuales resultados.
Y la cosa no termina allí. Están también la producción de hidrógeno verde y el proyecto Tambores, los dos ligados a la explotacion del agua. Y ronda siempre en el aire, ya desde fines del anterior gobierno, el TLC con China, que implicaría la concesión de un puerto en nuestro territorio para la flota pesquera china.
Como viene la cosa, tengo que apurarme a terminar este artículo, porque en cualquier momento queda desactualizado por nuevos contratos y concesiones firmados entre gallos y medianoche.
Capítulo aparte son las condiciones de estos contratos –las que se conocen- plagadas de privilegios, exoneraciones tributarias, ganancias leoninas para las empresas, sometimiento para el Uruguay y algo muy grave: regímenes de estabilidad jurídica (es decir garantía de que los privilegios no serán afectados por la legislación futura), lo que vuelve a los futuros gobierno y al Parlamento, que durante 50 o 60 años tendrá limitadas sus facultades legislativas, casi decorados de opereta.
¿Alguien tiene dudas de que esta política de concesiones leoninas es mucho más que un error o una serie de actos de corrupción de los gobiernos de turno?
Por supuesto. Son exigencias que esa clase de inversores transnacionales, sintiéndose cada vez más dueños del mundo, les imponen a los gobiernos de todos los países, con mayor fuerza cuanto menos poderoso es el país. Las amenazas para el caso de no acceder a las “propuestas de negocios” son conocidas: rebaja del grado inversor, apriete financiero, ataques en la prensa internacional, etc.. Aunque ningún gobernante, y casi ningún político opositor, se atrevan a declararlo.
Vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué pasaría si trescientos mil integrantes del cuerpo electoral (la máxima autoridad del país) decidiéramos que se hará un plebiscito para ver si esos contratos deben seguir adelante y, sobre todo, para asegurar que en el futuro no puedan firmarse mega-contratos en secreto, sin aprobación parlamentaria y sin la posibilidad de un referéndum para dejarlos sin efecto?
Y me pregunto más: ¿Qué pasaría si, en 2024, más de un millón de uruguayos decidiera que esos contratos son nulos y que, como mínimo, deben ser renegociados para ajustarlos a las condiciones constitucionales y legales que hoy no cumplen?
Porque esos son los efectos de la reforma constitucional Uruguay Soberano, para la que se están recabando firmas en prácticamente todos los Departamentos del país. Por un lado, regula algo que hoy no está regulado en la Constitución: la contratación del Estado. Y, por otro, declara nulos (por ilegítimos) los mega contratos de inversión firmados sin aprobación parlamentaria ni derecho a referéndum, lo que impondrá al menos renegociarlos.
Es una actitud muy frecuente la de descreer de todo el sistema institucional y del sistema democrático. “No hay nada que hacer”, o“Los políticos son todos iguales”, se dice. Así, por resignación o por pereza, se deja hacer cualquier cosa.
¿Hay derecho a quejarse sin hacer lo que está a nuestro alcance para reencaminar las cosas?
¿Alguien duda de que el sistema de partidos se vería sacudido si, primero trescientos mil, y luego un millón de uruguayos, le dijeran “¡Basta! A partir de ahora tenés que hacer público lo que pensás firmar, lograr la mayoría parlamentaria y arriesgarte a que se someta el contrato a referéndum”. Y además: “ Los mega contratos ya firmados en secreto son inconstitucionales y, por tanto, nulos, así que, como mínimo, tienen que ser renegociados y ajustados a las condiciones constitucionales y legales”.
Día a día se nos hace ver que somos impotentes, que las cosas –contratos, leyes, concesiones, inversiones y políticas públicas- pasan por sobre nuestras cabezas sin ninguna posibilidad de control o de opinar en contra. Pero eso no es cierto.
Estimadísimo lector: tenés la posibilidad de meter un humilde palito en la rueda de un sistema de contratación corrupto que, en interés de empresas todopoderosas y bajo la asesoría de tecnócratas internacionales, parece creado para que regalemos los recursos más valiosos de que disponemos como país.
Aunque te cueste creerlo, esa posibilidad está muy cerca, al alcance de tu lapicera.

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