Algo bueno está pasando por Hoenir Sarthou
El tìtulo de esta nota se lo robé” a José “Pepe” Gómez, que lo lanzó como posible slogan de la campaña por la reforma constitucional “Uruguay Soberano”.
Es la frase que todos querríamos oír, en este mundo tan tecnificado y comunicado, y, a la vez, amenazado por un “combo” casi medieval de pestes, guerra y hambre.
El “gran reseteo”, esa reorganización económica y política del mundo sobre la que tanto advertimos algunos, está ya en curso. Por eso no deben sorprendernos las epidemias, ni los criminales métodos impuestos para combatirlas, ni las guerras que arrasan las economías y dejan sin comida ni energía a pueblos enteros, ni la inflación, ni la caída del dólar, ni las crisis monetarias. No debe sorprendernos ningún fenómeno que mine y destruya la economía, la soberanía, la libertad, la independencia y la democracia de las sociedades. No de una sociedad en particular, sino de todas.
En ese contexto, y desde hace ya mucho tiempo, los tratados, los contratos, los protocolos y los acuerdos internacionales tienen un doble cometido. Por un lado, asegurar a intereses privados transnacionales el control de recursos valiosos. Por otro, desactivar los mecanismos de regulación y de control que los Estados podrían querer usar contra esos intereses.
Nada es demasiado para tan noble fin. Las guerras, los golpes de Estado, el endudamiento público, la financiación de campañas políticas, las amenazas de bajar el “grado inversor” , la compra de opiniones científicas y mediáticas, la publicidad abrumadora, las “recomendaciones” y presiones de los organismos internacionales, el chantaje, la amenaza, y el linchamiento mediático o físico de los gobernantes son parte del menú.
Para cualquiera que observe la realidad global, hay un conflicto claro y principal a la vista. Es el que existe entre la soberanía de los Estados, que, mal o bien, tiene fundamento democrático (los ciudadanos podemos decidir o evitar que un candidato llegue al gobierno), y el avance de los intereses económicos de alcance global, que operan mediante el dinero, pero también a través de los organismos internacionales, de las grandes cadenas de información y de opiniones técnicas y políticas compradas, ya sea con dinero o con promesas de ascenso y poder.
Para muestra, un botón: ahora mismo, mientras escribo, la Asamblea Mundial de la Salud, reunida en Ginebra, analiza la posibilidad de otorgarle a la OMS el poder de disponer políticas obligatorias globales en caso de pandemia, incluida la facultad de ingresar al territorio de un Estado para disponer medidas respecto a focos de contagio. Hay una delegación uruguaya en esa Asamblea. Está integrada por el ministro Daniel Salinas y el director de salud del MSP, Dr. Miguel Asqueta, que hasta el momento no se han dignado informar cuál será la postura de Uruguay ante el tema.
Ya sé. Se preguntarán qué es, entonces, lo bueno que está pasando.
La cosa es que, hace casi dos años, un grupo de uruguayos, sin otro título ni autoridad que los de ser ciudadanos uruguayos, nos propusimos modificar la forma en que se vienen firmando los contratos del Estado con las grandes empresas transnacionales.
Junto con los tratados internacionales, los contratos del Estado son el gran mecanismo para ir atando al Estado a los intereses de los megainversores.
La diferencia es que los tratados internacionales tienen que pasar por el Parlamento y no pueden firmarse en secreto. En cambio, los contratos entre el Estado y una empresa no están previstos en la Constitución. Y los gobiernos abusan de esa falta de previsión y de regulación. Abusan al punto de que los firman violando otras prohibiciones constitucionales, como la prohibición de disponer gastos para más allá del período de gobierno, o la de entregar el uso preferencial del agua y de una vía de transporte a una empresa, o la de garantizar a la empresa que ninguna ley futura podrá afectarla. Cosas que ningún gobierno puede hacer legitimamente, porque, si lo hace, ata durante décadas al país y a sus futuros gobiernos a los intereses de una empresa privada.
Los contratos con el Estado son una de las dos grandes rutas de entrega de la soberanía y de los interesen nacionales. Por eso se firman en secreto. Tengan presente a UPM2, pero también a Katoen Natie, y los contratos con Pfizer, cuyo contenido todavía es desconocido.
La reforma constitucional “Uruguay Soberano” –de ella se trata- tiene precisamente ese fin: regular la forma en que los gobiernos firman contratos en nombre del Estado. Es decir, eliminar la firma secreta haciendo que esa clase de contratos deban ser aprobados por las dos cámaras del Parlamento, mediante mayorías especiales. Y que, por tanto, puedan ser sometidos a control popular mediante un referéndum.
No cualquier contrato del Estado tendría este régimen. Sólo los que presenten alguna de estas tres características: 1) comprometer al Estado más allá del período de gobierno; 2) someter al Estado a jurisdicción extranjera; 3) darle a la empresa “estabilidad jurídica”, es decir garantía de que las leyes futuras no la afectarán.
Se impone el control parlamentario y el posible referéndum popular sólo para aquellos contratos que comprometen la soberanía e independencia de la sociedad uruguaya.
La reforma declara nulos, además, a todos los contratos con esas características (subrayo: no cualquiera, sino los que tengan alguna de esas tres características abusivas) que se hayan firmado desde el 7 de noviembre de 2017 (fecha del contrato de UPM2) en adelante.
Esa disposición del proyecto de reforma ha generado controversias. Hay quienes creen que no es posible declarar nulo un contrato y quienes temen el desprestigio del país y posibles represalias judiciales de UPM o de las otras empresas que han contratado con gobiernos uruguayos.
Primera aclaración: una reforma constitucional es un acto de plena soberanía del máximo órgano de un sistema democrático, es decir del cuerpo electoral. En el cuerpo electoral reposa la soberanía y no hay límites jurídicos a lo que ese cuerpo pude disponer. Cuesta entenderlo, pero así es la democracia y eso es lo que dispone la Constitución. Ninguna autoridad puede impedir ni revocar lo que el cuerpo electoral disponga por medio de una reforma constitucional.
Segunda aclaración: si vamos a ponernos leguleyos, hagámoslo plenamente. UPM, Katoen, Pfizer, y quien sea, invirtieron en Uruguay. Por lo tanto, estaban obligados a saber dos cosas (“la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”).
Una de esas cosas es que ningún gobierno uruguayo está facultado para comprometer gastos para más allá de su periódo de ejercicio, ni para disponer por sí y ante sí, durante décadas, la entrega o el uso preferencial de bienes públicos (agua del Rió Negro, Puerto de Montevideo, vía del ferrocarril, Central, etc.). Por lo tanto, los contratos que firmaron eran manifiestamente ilegítimos.
La segunda cosa que debían saber las empresas es que la máxima autoridad del país es el cuerpo electoral, y no el Poder Ejecutivo. Desde que alguien elige firmar un contrato en Uruguay, debe saber que toda autoridad de la República está sometida al cuerpo electoral, que tiene la posibilidad de expresarse mediante elección, referéndum, o reforma constitucional. De modo que nadie puede alegar sorpresa si se aplica un mecanismo que está claramente previsto en el propio texto constitucional. ¿O creen que a los inversores extranjeros no se les deben aplicar las mismas reglas que al resto de las empresas y personas?
Termino la nota diciendo que, entre tantas noticias aplastantes que nos llueven día a día, está ésta, que nos abre la oportunidad de intervenir decisivamente en temas vitales, actuales y futuros.
No me refiero al simple cambio de un texto constitucional. Me refiero a que trescientas mil voluntades ciudadanas (ese es el número de firmas necesarias) pueden generar un fuerte efecto político y social. Si se reúnen las firmas, ello aparejará que en octubre de 2024, al ponerse la reforma a consideración del cuerpo electoral, haya un verdadero plebiscito sobre quién debe tomar las decisiones que afectan a todo el país. Una señal muy fuerte para inversores y para el sistema político. Significa decir: “los que decidimos somos nosotros, firmen ustedes lo que firmen”.
Creo que pueden imaginar el sacudón que eso significaría para nuestra adormilada y resignada vida política.
Quien quiera más información sobre la iniciativa, puede encontrarla en el grupo público de Facebook “Movimiento Uruguay Soberano”. Los esperamos.
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