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¿Billetera mata solidaridad?

¿Billetera mata solidaridad?
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Las medidas adoptadas por el gobierno, tendientes a paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus, levantaron polvareda. El recorte a jubilaciones, y los sueldos de funcionarios públicos que superen los 80,000 pesos, en principio por un par de meses, despertó la recurrente grieta de opinión pública entre trabajadores públicos y privados.  ¿Es solidario el uruguayo? ¿Lo es solo con la plata ajena? ¿Es justa la medida? ¿Es discriminatoria y “criminaliza” al empleado público? ¿Los altos sueldos privados no deben hacer su esfuerzo solidario también? ¿Quiénes aumentan sus ganancias con la crisis tampoco? ¿El capital debe quedar exento? ¿Por qué no entra en los planes del gobierno? ¿Es un problema filosófico? ¿De dónde más se puede obtener recursos? ¿Caridad o justicia social?  

 

De dónde sacar $$ para el fondo coronavirus por Isabel Sans

En momentos en que se plantea la contribución obligatoria de los funcionarios públicos con mejores sueldos al fondo coronavirus, quizás el presidente de la República debería tener en cuenta fuentes de recaudación más importantes. Un estudio titulado “Distribución de la riqueza en Uruguay” que ha circulado por redes en los últimos días muestra que la riqueza está sumamente concentrada.  Con lo cual es relativamente fácil ubicar a quienes podrían contribuir sin ningún sufrimiento a atender la emergencia nacional. Según el estudio “la riqueza está extremadamente concentrada en Uruguay. Casi el 60% de la riqueza total es propiedad del 10% superior, y el 1% más rico representa más de un tercio. El 50% inferior, por otro lado, no posee prácticamente nada, mientras que la participación del 40% del medio es aproximadamente un tercio de la riqueza neta total”. En las conclusiones de ese trabajo se agrega que “la mayor parte de la riqueza financiera y comercial es propiedad del 1% superior. Dada la reducida población de Uruguay, esto significa que menos de 25.000 individuos controlan la mayoría de los activos productivos privados del país”. Si de los salarios de 15.000 funcionarios pueden obtenerse 6 millones de dólares por mes, ¿cuánto podremos obtener por ley de estas riquezas sin sufrimiento de nadie? Otro aporte al fondo coronavirus: el que proponen diversos sectores sociales y políticos con la recisión del contrato con UPM2. Esto significaría para el país un ahorro de unos 4 mil millones de dólares  (666 veces más que lo que se obtendrá por mes del descuento a los públicos, sin consecuencias para nosotros por la cláusula en el contrato de “Causa extraña no imputable”). No debe ser gravoso para una empresa que desde hace años obtiene con la fabricación de celulosa más de 1 millón de dólares de ganancia por día.

El recorte a jubilaciones, y los sueldos de funcionarios públicos que superen los 80,000 pesos, en principio por un par de meses, despertó la recurrente grieta de opinión pública entre trabajadores públicos y privados.  ¿Es solidario el uruguayo? ¿Lo es solo con la plata ajena? ¿Es justa la medida? ¿Es discriminatoria y “criminaliza” al empleado público? ¿Los altos sueldos privados no deben hacer su esfuerzo solidario también? ¿Quiénes aumentan sus ganancias con la crisis tampoco? ¿El capital debe quedar exento? ¿Por qué no entra en los planes del gobierno? ¿Es un problema filosófico? ¿De dónde más se puede obtener recursos? ¿Caridad o justicia social?

Si quieren ver solidaridad visiten las ollas populares por Gonzalo Abella

No hay pueblos solidarios y pueblos egoístas; lo que hay es coyunturas diferentes en la vida de cada pueblo. Cuando la gente forma parte de un proceso en el que cree, entonces aflora lo mejor de cada uno; en cambio, cuando el proyecto se desprestigia “por arriba”, cunde el desaliento por abajo y cada cual se encierra en sus estrategias personales.  Todos deberíamos ganar alrededor de $80.000. Pero un gerente del Plan Ceibal, ´por ejemplo, gana un sueldo astronómico (y son más de una docena de gerentes) y los cargos de confianza y las asesorías a los Entes del Estado y Servicios Descentralizados son una derogación inmensa y usualmente inútil de recursos que pagamos todos. Las tercerizaciones y privatizaciones son una sangría insultante en la que unos pocos se llevan mucho, y otros muchos ganan muy poco.  Si no existieran esos vampiros llamados AFAPs (que el FA mantuvo y Martínez reconoció que mantendría de ser presidente) el BPS contaría con el triple del dinero de que dispone hoy, porque las enriquecidas AFAP no van a poner un solo peso solidario, y los seguros de paro los banca todos el BPS. Si dos tercios del presupuesto estatal de Salud no fueran a las mutualistas privadas como hoy van (y Martínez proclamó que bajo su presidencia esta ecuación se mantendría) Salud Pública tendría mucho mayor disponibilidad de recursos, porque un gerente de mutualista hoy gana entre medio millón y un millón de pesos. Si no se gastaran los millones en el tren extranjero o se declarara moratoria de la deuda pública, la angustia de los cuentapropistas y de los hoy desempleados sería mucho menor. Ni qué hablar si se anularan las exoneraciones humillantes que le hemos dado a las trasnacionales. O si hubiera cambiado el reaforo de la gran propiedad.

Claro, si en quince años hubieran desaparecido o disminuidos los asentamientos, las pensiones ruinosas o el número de personas en situación de calle, la pandemia nos agarraría mejor parados. Con menos presos y más rehabilitados, también las posibilidades de contagio serían menores. Y a nivel departamental, si el transporte colectivo fuera municipal sus trabajadores estarían más tranquilos en esta emergencia, porque de ser necesario apretarse el cinturón lo haríamos todos solidariamente. Este es un Gobierno neoliberal, y no podemos pedirle más de lo que hace. ¿Y por qué lo hace? Pensemos en Gran Bretaña en 1940. Nunca un gobierno neoliberal fue tan solidario con todo su pueblo como lo fue Londres durante los bombardeos de la aviación alemana. Lo que pasaba es que cada civil era importante, hombre o mujer, para la industria militar de la retaguarda, para el transporte, para la salud, para las comunicaciones. Lo mismo ocurre durante las pandemias. Un gobierno neoliberal actual sabe que la expansión de la pandemia significa pérdidas materiales; por lo tanto, la protección de todos es una inversión razonable. Lo demás habrá que conseguirlo luchando.  Pero los discurso del FA y de la cúpula del PITCNT, los dejan desnudos al no mencionar siquiera los grandes temas que deberían ser básicos para pensar la crisis desde el ángulo de los trabajadores y el pueblo, hacia un proyecto de liberación nacional. Bienvenidas todas las propuestas. Siga el caceroleo denunciando lo limitado de las medias gubernamentales; pero cuando baje el pico de la pandemia, cuando aflore una agravada, cruda y descarnada situación social, el Programa necesario no será el de la Social Democracia de Derecha que nos gobernó durante quince años. Las grandes pandemias a lo largo de la Historia de la Humanidad siempre han producido grandes cambios culturales. Queda la esperanza de que aprendamos que no es mediante un impuesto a los sueldos ni apelando a los usureros internacionales que se resuelven los problemas principales. El impuesto a los sueldos siempre es un antecedente peligroso. Ah, y si quieren ver solidaridad visiten las ollas populares. O quizás hablando con enfermeros o maestros sea suficiente. Pero no me parece que la falta de solidaridad pase por el enojo de los que ganan $80.000, que muchas veces apoyan con su ingreso a un hijo desocupado o un costoso problema de salud en la familia, ya que todavía hay medicamentos caros que el Estado niega. En esta situación de desesperanza generalizad, es solidario, muy solidario nuestro pueblo.

La hora del Estado por Mauro Mego

Los que creemos que el Estado está llamado a cumplir un rol central en la vida social, como equilibrio y protección frente a los embates de la sociedad de mercado y su voracidad/canibalismo intrínsecas, siempre vamos a estar de acuerdo en que es necesario financiar ese Estado para que pueda ser un agente eficaz de protección social, servicios públicos, inclusión, salud, seguridad: lo que, para algunos de nuestros prehistóricos liberales, es “gasto”.  ¿Los trabajadores debemos contribuir a financiar ese Estado bajo la máxima de “de cada quien según sus posibilidades y a cada quien según sus necesidades”? Claro que sí. ¿Es la misma la capacidad de aporte de un gerente bancario o la de un alto funcionario público o privado que la de un cajero de supermercado? Claro que no. Todos son trabajadores, pero no son lo mismo. Estos aportes deben ser proporcionales y, sería deseable, que los sectores más pudientes, que no viven del salario sino de diversas rentas, más allá de su rol importante en una economía periférica como la nuestra y con limitaciones estructurales y coyunturales, pusieran lo suyo. Pienso por ejemplo en los grandes agro-exportadores o hacendados. Tengo mis dudas que la medida anunciada por el Presidente (la de gravar los salarios públicos superiores a $80.000) sea más efectista que efectiva. El efecto está logrado, basta ver los aplausos y las críticas que se han abierto para darse cuenta de que el Gobierno logró instalar, con buena puntería, una discusión que nos impide ver el trasfondo y nos mete en una contradicción hacia el seno de los trabajadores. El Gobierno entrante ya había adelantado su plan, un plan de ajuste claro, pero este drama del COVID-19 le ha abierto, ciertamente, otro frente inesperado. La realidad marca que no se pueden hacer saltos al vacío, es verdad, que hay que poner el hombro por los que “quedan atrás”, por supuesto. ¿Sería deseable hacerlo de manera justa y proporcional?, claro que sí. Es buen momento para-entonces al fin-converger todos en la idea de que son necesarios los impuestos, que ellos sustentan a otro agente necesario, que es el Estado, y que para que este sea “el escudo de los débiles” se necesita darnos cuenta de que nadie se salva solo y que nuestros aportes no son dinero que “nos sacan”, sino que ellos son el precio de la vida civilizada, en donde, queda cada vez más claro, la cooperación es su cimiento. El problema puede estar en nosotros mismos, ¿somos generosos y solidarios? No lo podemos saber cuándo quienes alcanzaron el gobierno lo hicieron sobre una idea opuesta a la que hoy urge desempolvar, lo hicieron regando la idea de que el ciudadano era esquilmado por un Estado voraz.

Un problema real por Gonzalo Pérez del Castillo

Empecemos por el principio. Las pandemias, como los terremotos, son un problema real. Impactan a ricos y pobres por igual. La economía y la sociedad se ven muy gravemente afectadas. La solidaridad es imprescindible y Uruguay no es una excepción. Es cierto que la humanidad inventa problemas que también provocan serios perjuicios económicos y sociales. La crisis financiera de 2008, por ejemplo, fue provocada artificialmente por un grupo organizado de especuladores inescrupulosos. En esos casos lo que corresponde es justicia y no solidaridad. Contra el coronavirus una conducción ilustrada, justa y firme y un pueblo solidario son elementos indispensables para salir adelante juntos y fortalecidos. Las medidas tomadas por el gobierno hasta la fecha son adecuadas, pero esto es sólo el comienzo. Los asalariados públicos y los jubilados cuentan con el Estado para asegurar su presente y su futuro; no es el caso del resto de la población. Quien trabaja en el sector privado, sea éste patrón o empleado, grande, mediano, pequeño o cuentapropista sufre la debacle del presente y la incertidumbre del futuro de manera muy distinta. Es indispensable generar un fondo para atender a los más necesitados. El hambre es una emergencia de 24 horas. Quienes tienen su presente y su futuro asegurado deben contribuir en la medida de sus posibilidades a este fondo hasta que la emergencia se resuelva y las familias no dependientes del Estado puedan volver a trabajar y generar ingresos. Si no lo hacen por solidaridad deberían hacerlo por interés propio. Estamos ante una emergencia nacional.  No corresponde tener la despensa llena de alimentos si los vecinos no tienen con qué alimentar a sus hijos. La medida adoptada por el gobierno afecta a una fracción mínima, la más privilegiada, de los empleados públicos y jubilados. Esto va a resultar insuficiente. Para que el fondo coronavirus pueda cumplir con sus cometidos será necesario mucho más. Se requerirán créditos externos y a la comprensión y solidaridad del sector privado. Si muchos uruguayos nos vamos a quedar en casa, el gobierno a través de la administración central y las empresas públicas debe asegurar que el país siga funcionando. Pero para cerciorar el abastecimiento de lo que las personas en cuarentena necesitan consumir: alimentos, agua, medicinas, combustible, electricidad etc. es indispensable la colaboración del sector privado. En una democracia no es rápido ni sencillo establecer quién, entre los privados, debe salir de su casa a producir o servir y quién no. ¿Cuánto y cómo debe contribuir cada uno? Se necesita reflexión, consulta y capacidad de liderazgo. Dicho esto, el gobierno debe comprometerse a que, como en el caso de los empleados públicos, los que más tienen sean los que más contribuyan a la recuperación del país. UPM incluida, por supuesto.

Gestar acuerdo de unidad nacional por Andrés Copelmayer

La pandemia sorprendió al sistema político oriental. Llegó cuando algunos todavía sufrían la derrota, otros festejaban con selfies triunfales, y demasiados, de ambos bandos, se lanzaban tarascones groseros en medios y redes. La reñida e inédita elección 2019 entre 2 coaliciones mayoritarias, una de ellas rejuntada de apuro para sacar al FA del gobierno, dejó abiertas heridas de odio en la población, con pocos voluntarios dispuestos a curar. Uruguay tiene una de las transiciones presidenciales más larga del mundo, que esta vez se consumió en buscar culpables de lo que pasó ayer o pasará mañana, y en negociar quien se quedaba con cual carguito. El discurso político discurrió amargamente entre dos demonios: la ley de urgente consideración y la herencia maldita. A mitad de camino, muchos de nosotros tomando el mismo tren o lo dejamos pasar, mientras el virus hacía gañota para llegar a América Latina. A pesar que el Dr. Salinas fue señalado como Ministro de Salud Pública designado el 19 de diciembre de 2019, ni él ni su antecesor le dieron mucha bolilla al Covid-19. Según expresara el propio actual Ministro “sólo dos veces hablamos del tema al pasar”. En esa fecha ya había 266 personas contagiadas por el virus en Wuhan. El 27 de diciembre, Zhang Jixian, médico del Hospital Provincial de Medicina Integrada China y Occidental de Hubei, advirtió a las autoridades de salud que la enfermedad que padecían los pacientes era el nuevo coronavirus. El 4 de febrero existían ya 60.472 casos positivos y 2.923 fallecidos, y además de China el virus se había expandido a 25 países entre los que se encontraban varias potencias mundiales: Canadá, EEUU, Francia, Italia, España, Reino Unido, Alemania, Rusia y Australia. La OMS aceleraba resoluciones y recomendaciones, pero por motivos geopolíticos y económicos recién declaró pandemia al coronavirus el 11 de marzo, cuando ya se había propagado a más de 100 países. Dos días después Uy tenía los primeros 4 casos de contagiados. Entiendo el shock del gobierno que en apenas 48hs tuvo que transformar su plan de gobierno en estrategia de contingencia para mitigar y sobrevivir a los múltiples impactos de la emergencia sanitaria, económica y social. No comparto que tanto el Presidente como vastos sectores del FA, usen la pandemia para chicanear, dividir e intentar fortalecer liderazgos vacuos. Nada más lejos del sentir popular actual y la creciente desazón que avanza día a día.  Nadie puede predecir hoy la densidad de las tinieblas futuras, pero si la certeza que conviviremos con la profunda oscuridad de la mañana siguiente. Tan alarmante como la lentitud del FA para tender la mano al gobierno y al país; es la soberbia del gobierno de pretender encarar esta pandemia global, de trágicas consecuencia socio culturales, exclusivamente con gente de su confianza. Ni siquiera en lo sanitario tuvieron la humildad de convocar a un comité médico asesor de expertos con los mejores especialistas, voten a quien voten. Sólo figuran 4 infectólogos amigos de Salinas, descartándose por ejemplo el aporte de Eduardo Savio, coordinador del comité de inmunización de la Asociación Panamericana de Infectología; y de expertos en otras especialidades directamente vinculadas con el desarrollo del virus. El papel de Salinas en la comunicación pública es mínimo, y cuando lo convocan a conferencia, pocas veces, sólo funge de niño cantor de cifras, filosofa diciendo que morir es parte de la vida o nos cuenta como su mujer le critica como habla frente a cámaras. El gobierno eligió un peligroso camino del medio entre salvar vidas y sostener la economía. El típico más o menos charrúa, que más allá de cuantos hinchas o detractores tenga; termina dependiendo 100% de la voluntad, compromiso, equilibrio emocional, sentido común y solidaridad de la población. Mal momento. Hoy la gente, humanamente, oscila entre la negación, la aceptación y el pánico. Por eso nada más letal que transferirle a la sociedad la responsabilidad exclusiva de cuidarse y cuidarnos. Sobre las medidas económicas sueltas que se han tomado, lo peor es que no combaten integralmente el rescate del mundo del trabajo. Por primera vez, Lacalle Pou y la Ministra cuantificaron el costo de las medidas de seguro de paro flexible y común (iban 76.894 solicitudes hasta ayer), subsidios por enfermedad para que los trabajadores mayores de 65 años hagan cuarentena, la duplicación (por única vez) del monto de la Tarjeta Uruguay Social y las 300.000 canastas alimentarias que como “piso” estima repartir el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Son “en el entorno de US$ 400 millones”, dijo Arbeleche. Eso es 0,71% del PIB que pagamos todos los contribuyentes, máximo aporte al vidrioso FONDO CORONAVIRUS. Ya agrandado, Lacalle al presentarlo, y sólo mirando las encuestas de su popularidad, en plena conferencia de prensa se dio el lujo de bardear al 47.3% de la población que votó a Martínez como Presidente. Dijo y cito textual: “es increíble cómo en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que según la información oficial con la que se contaba, no existía esa cifra en el país». Ni lerdo ni perezoso el economista De Haedo, que de zurdo no tiene nada, le respondió vía tuit: “Leo y escucho a gente afín al gobierno decir que el gobierno anterior ocultó que hubiera 400 mil trabajadores informales. No es así, esa información siempre fue pública en la web del INE. Quienes sostienen aquello sólo dan testimonio de su propia ignorancia.” Y ese es el mayor problema, aun cuando las medidas sueltas vayan en Dirección correcta, no por ignorancia sino por politiquería de cuarta, se presentan para dividir a la población y sin negociación previa alguna. Esto fue notorio en la presentación del impuesto “solidario” que se quiere legislar para funcionarios públicos que perciban más de $U120mil nominales durante 2 meses. Con los jubilados, que estaban incluidos, ya pusieron freno de mano. Simplemente quisieron subrayar el relato que los trabajadores privados laburan y sufren inestabilidad laboral mientras los públicos se rascan. Grave error. Lo primero que desnudó esta pandemia es la necesidad de un fuerte rol y presencia del estado en todas las comunidades. Volviendo a la solidaridad y al famoso Fondo Coronavirus, se comprueba una vez más que confunden necesidad y urgencia con empatía y ponerse en el lugar del otro. Por necesidad y urgencia dicho fondo al día de hoy cuenta con 412 millones de dólares. 400 vía impuestos o deuda para contingencia que pagaremos todos, y 12 que recaudaría el recorte salarial a los sueldos más altos de los funcionarios públicos. Por colecta voluntaria y solidaria, impulsada por el gobierno e implementada por privados comprometidos a duplicar aporte ciudadano, denominada #NosCuidamosEntreTodos, el Fondo Coronavirus recibió la exorbitante suma de 2 millones de dólares. Si, leyó bien, 2 palos verdes, apenas el 0.48% de la suma total del FONDO CORONAVIRUS fue lo que aportaron empresas tan prestigiosas como: Curcio Capital, Montes del Plata, International College, CSI Ingenieros, Ciemsa, Cristal (Vessena S.A.), Fidocar, Rotunda, Seguros SURA, Tienda Inglesa. Torrevieja, Xion (Joacamar S.A.), Silver Cap, Saman, HSBC, Aguada Park, Zona Franca-Parque de las Ciencias, Megalabs, Aeropuerto de Carrasco, Divino, Gomez Platero Arquitectos, Zonamérica, Crufi, Soho, ProCapital, Plaza Rural, Apiter, PedidosYa, Ferrere, Inswitch, Rener Proyectos y Construcciones, TiendaMía, Loog, Afap Sura. Pero en falta de reflejos solidarios el Frente Amplio tampoco se quedó atrás. Más allá de los denodados esfuerzos casi en soledad de su Presidente Javier Miranda por lograr con el gobierno e intersectoriales un gran acuerdo nacional, aún no se pudo hacer mucho más por la gente. Las pugnas sectoriales e intereses personales, más la burocracia interna de las bases; han dilatado poder implementar propuesta solidaria que recibió con gusto Miranda. La idea, aún en estudio, es simple: transformar la gran red de comités de bases distribuidos en todo el país, en centros sanitariamente seguros de orientación, información, recepción y distribución de artículos de higiene y limpieza y alimentos no perecederos; a todos los vecinos que lo necesiten, voten a quien voten.

El martes 31 de marzo se reunieron, por solicitud del FA, el Presidente Lacalle con delegación frenteamplista encabezada por Javier Miranda. Ojalá empiece una nueva era de la verdadera política, y se potencie la solidaridad en movimiento, haciendo honor a la reserva moral oriental y artiguista, y asumiendo plenamente la ética de la responsabilidad, cada cual desde su lugar y dando lo mejor de sí.

Solidaridad “a la gorra” de los ricos por Valeria David de Lima

Desde que se conoció el primer caso de coronavirus (COVID-19) – y alegando a la transparencia en la información- el gobierno brinda conferencias de prensa a diario, exhortando a la población a quedarse en sus casas, actualizando cifras de contagios, y anunciando medidas frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país.  Conferencias que son transmitidas casi que, en cadena nacional, en horario central; en el prime time.

Pero antes de los propios anuncios del gobierno, desde el inicio del informativo, el mismo que antes ocupaba 40 minutos o más con la crónica roja, ahora hace la previa a los anuncios de los anuncios, que saldrán desde de la Torre Ejecutiva.  No significa que ya no existan rapiñas, ajustes de cuenta, femicidios – efectos colaterales a causa del confinamiento según el Presidente-, lo que pasa es que desde el 1ero de marzo de 2020 cambiaron los intereses del aparato masivo de comunicación y el Covid-19 vino como anillo al dedo. A propósito, ¿alguien sabe en qué momento de la curva de contagios van a meter la LUC por la ventana?

  • A propósito2: ¿Sabrán esos informativos que hubo gente caceroleando días atrás?

El jueves pasado el ejecutivo anunció la creación del Fondo Coronavirus, un fondo que se va a nutrir de los aportes salariales de cargos políticos y funcionarios públicos. Una medida bien populista, pero con el bolsillo de los trabajadores. Éste decreto de solidaridad – con un poco de sesgo- no se aplica al sector privado, porque según la Ministra de Economía y Finanzas, ese sector viene golpeado y está contribuyendo con los envíos al seguro de paro de miles de trabajadores. Aparte del titubeo interminable para comunicar, la ministra tiene errores conceptuales graves, una mezcla poco tranquilizadora para los uruguayos en los tiempos que corren.

  • Según datos oficiales, 15 mil, serán los salarios del sector público que aportarán 12 millones de dólares a un fondo que según sus propias estimaciones necesita recaudar como mínimo, 400 millones de dólares para paliar la crisis que provoca el virus.

Agro- exportadores, empresarios con altísimos ingresos, los sectores más acaudalados, los más pudientes, los que festejan el “libertinaje” del dólar, como el propio Uriarte (MGAP), no se verán obligados ni forzados a contribuir con el 5, 10, 15 o 20% para el Fondo Coronavirus. Lo harán a la gorra, a voluntad, con algún cambio que les sobre.

Cuando en rueda de prensa le preguntan a Arbeleche por qué no gravar equitativamente los ingresos y la acumulación de la riqueza (?) responde con evasivas y tartamudeando, no es para menos, le preguntan si gravará a los socios del gobierno, al movimiento apolítico que salía a cortar rutas meses atrás en tractores y “mosquitos” con aire acondicionado y full HD. Seguro de éste sector se pueda “rascar” algo más que 12 millones, sin que ninguno llegue justo a fin de mes.

  • ¿Sólo yo leo un mensaje neoliberal a esa solidaridad parcial impuesta que busca aplausos en horario central?

En clave de responsabilidad política, oposición seria y constructiva es que el Frente Amplio elaboró un plan de contingencia sanitario, económico y social para hacerle frente al Coronavirus. Para preservar la salud, las fuentes de trabajo y las empresas, no aumentar la pobreza, la desigualdad, y prepararse para el día después. Para la mañana siguiente…

  • Profundizar el aislamiento social y fortalecer el sistema de salud en áreas como la salud mental, priorizar líneas de acción para el combate a la violencia de género.
  • Regular el precio de venta al público de insumos de primera necesidad en la prevención contra el virus.
  • Suspender el aumento del IVA a compras con tarjetas de crédito y débito.
  • Diferir vencimientos en las tarifas de OSE y UTE para micro y pequeñas empresas, así como familias de bajos ingresos afectados por la crisis sanitaria.
  • Evitar saltos abruptos del dólar, continuando con la política de disminución de la volatilidad cambiaria.
  • Crear un subsidio equivalente a un Salario Mínimo Nacional que dure el mismo tiempo que el período de aislamiento social, para aquellos trabajadores no registrados en el MTSS y en la Seguridad Social. Feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, entre otros.

Sano es, que dirigentes de la coalición multicolor no avalen afirmaciones de otros dirigentes de la coalición multicolor oficialista – o del mismo presidente-  que tienden a poner un manto de dudas sobre registros oficiales del gobierno anterior con respecto a datos de situaciones de vulnerabilidad social e informalidad laboral.

Sano es, que se guarden EN CASA de La Tahona, los caprichos de niño rico y que el Presidente haya decidido adelantar la reunión con el Frente Amplio, que, en definitiva, continúa siendo la fuerza política más votada.

La política es la respuesta por Leonardo Trujillo

Queda un poco lejos la “solidaridad” impuesta por decreto o por ley, de su definición: “Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles.” Desde una posición de poder, pretender que otras personas hagan el esfuerzo económico para colaborar con otros, obligándolos, a eso no puede llamársele solidaridad. El presidente dijo que no hace política, aunque su función es política. Si fuera un empresario, tal vez lo podría decir, pero es una persona que su único trabajo en la vida ha sido el ser político o trabajar de la política. Se han instalado varios temas a raíz de esta decisión y se han abierto otros tantos frentes de discusión, como consecuencia. Que una gran parte de la población no esté comprendida, no sorprende. Alguien me dijo “y claro, no va a tocar a los que lo votaron”, en referencia a los exonerados de ser solidarios: los agroexportadores (beneficiados por la suba del dólar), ganaderos y frigoríficos (que vienen batiendo récords), los sojeros, arroceros, las grandes cadenas de supermercados (beneficiados por el alto consumo que se venía dando y que aumentó con esta pandemia), las multinacionales, las tabacaleras, la banca de quinielas, los bancos privados, las empresas aseguradoras, las Afaps, las zonas francas, etc, etc. ¿Y qué pasa con los altos cargos gerenciales de las empresas privadas? Hay quien defiende esta exoneración a las empresas, diciendo que siempre contribuyen. Una cosa son las contribuciones a las campañas políticas de las empresas, que no son donaciones. Eso está regulado por ley. Otra cosa que llaman donación son las contribuciones que hacen las empresas a cambio de exoneraciones impositivas, también regulado por ley. Las empresas donan si tienen algo a cambio; ninguna empresa dona por nada, desinteresadamente. Aclarado eso, para evitar ser engañados, pasamos a la donación desinteresada y ahí, las empresas no lo hacen. Por otro lado, está el tema de los trabajadores públicos vs los trabajadores privados. Esto lo ha sabido establecer muy bien el gobierno, queriendo o sin querer. Sería inocente pensar que detrás de todo esto no hay “política”. Se vienen haciendo declaraciones por parte de figuras de primera línea del gobierno que no contribuyen a generar un clima acorde o con el nivel que la situación actual lo amerita. En algunos casos con declaraciones falaces y en otros hasta mentiras. Ayudados por una prensa que “al parecer” está a su servicio. La actual coyuntura requiere de decisiones políticas, de que los gobernantes y la oposición se junten, discutan, hagan una síntesis política que nos saque lo mejor posible de esta situación.

Público, Privado y Capital por Cristina De Armas

Vivimos una crisis económica que pasa a simple vista por debajo de la sanitaria porque aún con hambre se es lo suficientemente políticamente correcto para sostener que la salud es más valiosa que la economía. El gobierno debe paliar las dos. Las opciones no son muchas, generar más deuda no se puede, estamos en riesgo real de perder el grado inversor y no podemos perder la posibilidad aunque sea incierta de atraer inversiones. No podemos emitir dinero porque no podemos generarnos inflación, seríamos Argentina o peor. Queda subir impuestos, como tantas veces, al sector privado, una vez más, pero hay un problema, el sector privado, el campo, las empresas, son las que dieron el gobierno a quienes hoy gobiernan. Un partido político existe para llegar al poder y llegado existe para mantenerse. Esa y no otra es la finalidad de un partido político y los desvelos del político, sea gobierno u oposición. La situación del gobierno es delicada lo sabemos y hay quienes se apenan por él por la actual situación. Yo digo; mejor ahora y no en 4 años. Descartadas estas opciones quedaba como último recurso ir contra el sector público. Por años y años se ha escuchado a políticos de distintos partidos decir que hay que achicar el Estado y cuando hablan de Estado hablan de empleados públicos. Nunca, jamás uno se animó a hacerlo siendo gobierno, por la misma razón que el presidente Pou llamó al presidente de COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) antes de anunciar las medidas de recorte al sector público. Costo político. Ha sido inteligente en hacer una quita de sueldo y aún mayor a sí mismo y a la clase política en general, y marcar un límite en las quitas hasta sueldos de $ 80.000, cuando la mayor parte de la población, la del sector privado, percibe sueldos muy por debajo de esa cifra. Un reclamo del sindicato, una oposición del sector público a colaborar con la situación actual, les hubiera significado poner al resto de la sociedad en contra, sociedad ya más que cansada de los beneficios y privilegios de los estatales identificados siempre con cupos políticos y cuya inmovilidad, imposibilidad de despido, hace que con cada nuevo gobierno siga creciendo indefinidamente porque los retiros voluntarios y los fallecimientos nunca alcanzan para desacelerar su crecimiento. El mayor gasto que tenemos, es el aparato estatal. No tenía más opción el gobierno, el sindicato ha hecho la pantomima de no estar muy de acuerdo para que lo vean los afiliados, y la hoy oposición intentando marcar presencia pero sin quedar mal parada agita la idea de que el gobierno no le quita al Capital. El nunca tocado Capital. En 15 años el Frente Amplio tampoco lo ha hecho. En la pirámide de las clases sociales las agitaciones y las alternancias se dan en el medio, hay dos que permanecen siempre igual, la base y la punta. En la base están los más pobres, en la punta está el Capital, no es el que decide quién gobierna, es al que le da igual.

El arte de aprovechar el impulso de tu enemigo por Fernando Pioli

La decisión de crear un impuesto a los salarios más altos de los funcionarios públicos fue vista mayoritariamente con buenos ojos, y realmente hay muy pocas objeciones que se puedan hacer en su contra, se trata de que los más favorecidos apoyen a los menos favorecidos en una situación de emergencia. Puede decirse, sin embargo, que sectores pudientes del ámbito privado no están aportando a la par. La fantasía de hablar de sector público y privado como si se trataran de tribus independientes y como si no se trataran de personas que muchas veces se reparten en ambos ámbitos es un síntoma de estrechez mental. Hay instrumentos impositivos que posibilitan que los trabajadores uruguayos aporten por su nivel de ingreso sin importar el origen. También puede decirse que es una decisión para la tribuna, dado que la colecta que se puede hacer, según lo previsto, es de 12 millones de dólares. Tal parece que después de todo los salarios públicos no eran tan altos. Hasta incluso tengo la firme sospecha de que si se hubiese negociado con los gremios públicos hubiesen podido lograr un aporte más sustancioso. En definitiva, se trata de un gesto político más que financiero. Esos magros millones son irrelevantes en el presupuesto nacional, incluso en la emergencia, que se contrapone con el aumento de tarifas que de todos modos va a tener lugar y hacerse a la luz. Es hasta incluso un mensaje al movimiento sindical que organizó un caceroleo pocos días antes del anuncio, caceroleos que hoy nadie propone, pero que el día que tuvo lugar sonó muy fuerte en los barrios montevideanos. Este movimiento, más político que financiero, fue una movida extremadamente hábil y bien dirigida, con la que Lacalle Pou se consagra como un político de raza y mucho más hábil que lo que la mayoría pensaba. En un solo acto desarticula un movimiento de protesta masiva y adquiere una imagen positiva por parte de la población. Admirable.

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