Censura y regulación en redes sociales por Hoenir Sarthou

El Director y un redactor de la revista “eXtramuros” se han molestado por mi nota publicada en “Voces” el 14/8/2024, bajo el título “El Leviatán del Siglo XXI”.
En ella sostuve que las redes sociales que funcionan por Internet son hoy un servicio esencial para la sociedad y para buena parte de la población del mundo, que a través de ellas se comunica, se informa y obtiene toda clase de datos y servicios.
También sostuve que los servicios esenciales, cuando son prestados por empresas privadas, deben ser regulados por leyes y controlados por organismos públicos, porque su prestación no puede quedar librada al interés o al capricho de una persona o de una empresa. Es lo que pasa con los servicios de salud, de enseñanza, de transporte público, de seguridad privada, etc, cuando son prestados por privados, que son regulados para garantizar derechos básicos de los usuarios. Que la regulación y el control se realicen bien o mal es otro asunto, que habría que analizar en cada caso y en distintas épocas.
En el caso de las “redes sociales”, nada de eso ocurre. Las empresas que administran You Tube, Instagram, Facebook, Tik Tok y tantas más, carecen de regulación legal y de control en Uruguay. Es así que ejercen una censura arbitraria, por la que eliminan videos, fotos y textos, bloquean por sí y ante sí a los usuarios, reducen su visibilidad e incluso eliminan definitivamente a algunos, sin otro fundamento que el “transgreden nuestras normas comunitarias”. Es algo que he sufrido personalmente, que también ha sufrido “eXtramuros”, y que incluso ha sufrido Donald Trump cuando era presidente de los EEUU. En particular desde la declaración de pandemia, en 2020, la censura se volvió totalmente usual y opresiva.
Mi conclusión fue –y es- que la sociedad debe regular a través del Estado la prestación de esos servicios para salvaguardar su libertad de expresión y comunicación, puesto que las empresas administradoras de las redes están ejerciendo una censura que en Uruguay no está permitida ni siquiera al Estado. También afirmé que esa regulación es posible para el Estado uruguayo, dado que esas empresas necesitan ingresar a nuestro territorio con sus cables y usan instalaciones de organismos públicos para acceder a sus usuarios.
Por regular el servicio entiendo garantizar a los usuarios la libertad de expresión y de información, asegurándoles el derecho a publicar y compartir todo aquello que no transgreda al Código Penal. Al fin y al cabo, son derechos establecidos claramente en la Constitución de la República.
ESTATOFOBIA
Esa nota despertó molestia en Aldo Mazzucchelli y en Diego Andrés Díaz, director y columnista, respectivamente, de la revista virtual “eXtramuros”, que me contestaron en sendas columnas..
La nota de Mazzucchelli merece contestación. El caso de Diego Andrés Díaz es distinto. Sufre “parálisis neuronal de origen estatofóbico”, una rara enfermedad por la que, al oír o leer la palabra “Estado”, entra en estado convulsivo, se le paralizan las neuronas y emite insultos y espumarajos por la boca. Ciertos textos generan una mezcla de pena e hilaridad. Como prefiero “reír que llorar”, y contra las fobias es inútil argumentar, la respuesta es una sola palabra: terapia.
Aldo Mazzucchelli, en cambio, toca muchos temas, maneja argumentos y tuvo dos actos de lealtad. El primero fue avisarme que iba a criticar mi nota. Y el segundo –y mayor- fue transcribir en su artículo una aclaración que le hice por WhatsApp, la de que mi único objetivo era “garantizar el derecho de los usuarios a publicar todo aquello que no transgrediera al Código Penal”, que da por tierra con la equivocada versión con que inicia su texto, diciendo que propuse “que el Estado regule los discursos que se emiten por las redes sociales”. Una cosa es regular los discursos, y otra –opuesta- impedir la censura de esos discursos.
ETERNA CONFUSION
La confusión entre Estado y gobierno –intencional o por inadvertencia- es un mecanismo muy usado para desacreditar la noción de Estado. Funciona así: le atribuyo al Estado todas las fallas y deshonestidades de los gobernantes. Lo que permite sostener que un presidente o un ministro corruptos, o un impuesto demasiado alto, son buenos argumentos para eliminar al Estado y dejar todo el funcionamiento social librado a los impulsos e intereses privados.
Esos no son argumentos contra el Estado, sino contra un gobierno o contra ciertos gobernantes en particular.
Cuestionar al Estado o a la función del Estado es, por ejemplo, plantearse si debe o no intervenir en la economía, o en la enseñanza. Denunciar que hay corrupción en la gestión en la economía o de la enseñanza, en cambio, no son críticas contra el Estado, sino contra los gobiernos y las autoridades que gestionan la economía y la enseñanza.
Pido que tengan clara esta distinción en lo que sigue. Abominar del Estado porque hay malos gobernantes es como abominar de los cuchillos porque anoche hubo una puñalada en una pelea callejera. Nadie pediría, con ese argumento, prohibir los bisturíes ni los cuchillos de cocina. El instrumento cuchillo no es responsable del uso que se haga de él. Del mismo modo, el instrumento Estado no es responsable del uso que de él hagan ciertos gobernantes.
MÁS PROFUNDO QUE ESTADO
La tesis de Aldo es que la censura en redes no la aplican las empresas administradoras por su voluntad sino por imposición del “Estado profundo”, de lo que concluye que dar intervención al Estado en el control de las redes, a cualquier Estado, es “poner al zorro al cuidado del gallinero”. Una tesis que contiene algo de verdad, pero también errores de hecho y de apreciación considerables.
“Estado profundo” es una expresión que se usa en los EEUU para aludir a una estructura de poder no visible que toma decisiones económicas y políticas con o sin la voluntad de las autoridades públicas visibles. Es una estructura que liga a muy poderosos intereses privados, del sistema financiero, la industria armamentista, la industria farmacéutica, etc., con organismos y funcionarios del Estado que, en teoría, deberían fijar las políticas en esas áreas económicas y tecnológicas.
El error de Aldo es creer que porque el término contenga la palabra “Estado” estamos ante actividad estatal. Es más o menos como creer que el Agua Jane o el aguarrás son agua.
Si el Estado, en particular el Estado democrático, es una estructura institucional destinada a ejecutar la voluntad popular y a garantizar el interés público, el Estado profundo es la negación del Estado. Es una estructura destinada a beneficiar el interés y la voluntad privados manipulando para ello recursos, funcionarios e instituciones públicas.
La parte perceptible de ese Estado profundo es una pústula de gobernantes y autoridades que no responden ni representan en realidad a sus votantes ni a los partidos que les confirieron los cargos que ocupan, sino que son verdaderos empleados calificados de intereses financieros y empresariales menos visibles. Casos típicos en EEUU: Henry Kissinger, eterno empleado del grupo económico Rockefeller que se desempeñó como Secretario de Estado y eterno asesor de presidentes tanto demócratas como republicanos; Anthony Fauci, alto funcionario de la salud pública y dependiente notorio de la industria farmacéutica. Hay muchos más, en EEUU y en el mundo. Porque hay “Estaditos profundos” (con gobernantes y políticos vendidos) en casi todos los países del mundo, incluido Uruguay.
Pero no es cierto que sea el “Estado Profundo” el que corta el bacalao. La realidad es que el signo de nuestro tiempo es un proceso por el que el poder económico, en particular el poder financiero global, intenta tomar el control de todas las regiones del mundo que son relevantes por sus recursos o su posición estratégica.
Los “Estados profundos”, es decir la influencia corruptora sobre los gobernantes y sobre los organismos internacionales, son un instrumento para ello. Pero también lo es el control y corrupción de los medios de comunicación, la influencia económica sobre las academias y las instituciones científicas, y por supuesto el control y la censura sobre las redes sociales.
En síntesis: quien decide la censura no son los gobernantes corruptos, sino el otro verdadero poder, que controla económicamente a los gobernantes corruptos, a los organismos internacionales, a la prensa formal y a los administradores de redes.
¿HAY ALTERNATIVA?
No lo sé con certeza. Sí sé que la que plantea Aldo, de que las redes sociales por sí solas derivarán en un espacio incontrolado de libertad. Y de que la Humanidad podrá retornar a alguna clase de bucólicas comunidades, con una fe espiritual compartida y una interrelación personal que otorguen sentido a la vida, resulta una utopía contrafáctica.
La realidad es que estamos ante una disyuntiva de hierro. El modelo económico, político y social impulsado por los centros de poder económico es todo lo contrario a eso. Es un modelo de apoderamiento salvaje de los recursos naturales, limitación de las libertades y derechos de las personas, descrédito de las estructuras políticas democráticas y reducción del consumo y de la energía destinados a la vida social que conocemos.
Ante eso, la única alternativa visible es la reacción política de los habitantes del mundo. ¿Cómo? ¿A través de rezos, plegarias y ejercicios de meditación? ¿Mediante pequeños falansterios rurales de vida comunitaria?
No, lamentablemente, no. La única estructura que posee todavía legitimidad para decidir sobre el uso de los territorios y de los recursos es el Estado. Es además la única que posee todavía ciertos recursos para resistir voluntades ajenas, es decir dinero de impuestos, tribunales, cuerpos administrativos, policía, ejércitos.
No es necesario entonces un amor incondicional al Estado para percibir que el cruce de caminos es nítido. O nos gobiernan los intereses económicos globales, o nos organizamos políticamente para autogobernarnos.
Soy el primero en asumir que los gobernantes entregados, estilo “Estado profundo”, son un problema muy serio. Pero nadie puede olvidar que, por ahora, a los gobernantes los elegimos los ciudadanos y somos nosotros los que podemos exigirles lo debido.
En suma, lo indispensable es asumir que sólo una actitud ciudadana consciente, que elija mejor a los gobernantes del Estado y les exija cumplir su deber esencial de resguardar el interés público, nos puede dar esperanza de gobernar nuestras vidas.
Regular a las redes sociales, para garantizar una comunicación horizontal y libre, puede ser uno de los pasos necesarios para esa tarea, que Internet no hará por sí sola.

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