¡CHE, LEGISLADOR…! Por Hoenir Sarthou

Este lunes se presentó ante la Cámara de Representantes (Diputados) una denuncia sobre la inconstitucionalidad del llamado “Contrato ROU- UPM”.

Su fundamento  es el artículo 93 de la Constitución de la República, que le asigna a la Cámara de Representantes la potestad de intervenir y acusar ante el Senado cuando las altas magistraturas del País (Presidente, Vicepresidente, Ministros, Directores de Entes) transgreden la Constitución. Los diputados pueden actuar por su propio impulso o a instancia de parte. De modo que la denuncia presentada es eso: un grupo de ciudadanos insta a la Cámara para que cumpla su función e intervenga ante un negocio inconstitucional que compromete gravemente al País.

El “contrato” entre el Poder Ejecutivo y la empresa UPM fue negociado en secreto y firmado sin consulta ni autorización del Parlamento.

Es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo no está facultado para acordar, por sí y ante sí, lo que se establece en ese documento.  Celebrar contratos con empresas privadas extranjeras no es una de las facultades del Poder Ejecutivo, y hacerlo sin autorización del Poder Legislativo es un grosero abuso de poder. También lo es invadir competencias de los otros Poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial, o las de los Gobiernos Departamentales, o las de Entes Autónomos como los Consejos de Enseñanza o AFE.

Como dato complementario cabe recordar que la cláusula 9.1 del documento le permite a UPM ceder o vender todo o parte del “proyecto UPM”, incluso sin consentimiento del Uruguay. Lo que, en buen romance, significa que todos los privilegios otorgados por el Poder Ejecutivo a UPM podrán ser ofrecidos y vendidos en el mercado mundial, estemos o no de acuerdo.

En esencia, lo grave del acuerdo con UPM es que compromete al país económicamente, pero también en su legislación, en sus políticas de transporte, forestales, laborales, de energía y de educación.  Con el añadido de que, hasta ahora, UPM ni siquiera se comprometió a hacer la inversión de la que tanto se habla.

Aun más grave es que esos compromisos –que recortan seriamente nuestra soberanía- no podrán ser modificados mientras dure el “contrato”, ya que, si lo fueran, el País se expondría a demandas multimillonarias ante tribunales arbitrales supranacionales (también eso se pactó en el “contrato”).

En síntesis, el “contrato”se convierte en una nueva Constitución, que erige a UPM en una suerte de cuarto superpoder del Estado. Me refiero a la cláusula de “estabilidad jurídica” (Cláusula 5 del “Anexo 3” del Contrato), que le otorga a UPM la seguridad de que ningún cambio legislativo, tributario, reglamentario o político, podrá afectar sus intereses si ella no lo consiente, bajo la amenaza de pesadas demandas ante tribunales extra nacionales.

¿Alguien puede aceptar que semejantes condiciones se hayan pactado, y, peor aun, que se hayan pactado sin ninguna intervención del Parlamento?

No hay duda de que el Poder Ejecutivo ha actuado con completo desborde de sus facultades. Pero, ¿qué pasa con el Parlamento? ¿Acaso los legisladores no se enteraron de este “negocio”, no leyeron la página de Presidencia en que el “contrato” está publicado desde noviembre de 2017?

Lo cierto es que el dichoso “contrato” no ha generado ninguna reacción formal del Parlamento. Ninguna bancada ha interpelado o usado los mecanismos de que dispone para controlar al Ejecutivo, pese a encontrarnos ante un negocio como nunca se ha hecho en Uruguay, por el grado de inversión económica que le impone al Estado (sin contrapartidas de ningún tipo) y por el nivel de sometimiento en que deja al País ante una empresa privada extranjera.

De alguna manera, la denuncia que se acaba de presentar, a impulso del “Movimiento ´Ciudadano UPM2 NO” y de un grupo de organizaciones y ciudadanos que respaldan la iniciativa, es una especie de dedo en el hombro de cada legislador, al tiempo que se le dice: “Che, Legislador, mirá que vos también sos responsable de ésto y no podés seguir chiflando y mirando hacia arriba.”.

Es bueno recordarlo porque, si mañana el negocio con UPM se “pincha” y quedamos endeudados, o si no se “pincha” pero el Uruguay se ve ahogado por las deudas contraídas para cumplir lo exigido por UPM (ferrocarril, puerto, viaducto, exoneraciones tributarias, zonas francas), o si somos demandados por miles de millones de dólares, ninguno de los actuales legisladores podrá alegar ignorancia o inocencia.

Ahora, por decirlo de modo futbolero, la pelota está en la cancha de los diputados. A ellos les toca mover y jugar.

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