Cincuentones por Hoenir Sarthou
Trato de no mezclar mi actividad profesional con esta columna de Voces. Pero el asunto de los “cincuentones”, en el que he sido y soy abogado, ha tomado tal difusión, se lo ha vinculado tanto al interés general, y se han dicho sobre él tantas inexactitudes, junto a ciertas verdades, que me siento obligado a compartir alguna información y reflexiones. Básicamente porque los debates sobre una posible solución a estudio del Parlamento han terminado por hacer confusa la situación para mucha gente.
EL ORIGEN
Los llamados “cincuentones” son personas que al 1º de abril de 1996, cuando empezó a regir la Ley 16.713 (que creó a las AFAP y al “Sistema Mixto”), por tener menos de cuarenta años de edad, fueron obligados a aportar a las AFAP. Hoy tienen entre cincuenta y sesenta y un años de edad.
La ley 16.713 dispuso que todos los menores de cuarenta años, si cobraban $5.000 de aquella época o más, debían repartir obligatoriamente sus aportes a la seguridad social entre el BPS y una AFAP. Podían elegir la AFAP, pero, si no la elegían, se les asignaba obligatoriamente una. Además, un artículo de la Ley (el 8º) hizo que muchas personas de ingresos más bajos se incorporaran a las AFAP, a menudo sin saber que lo hacían. Por eso –contra lo que dicen las AFAP y varios políticos poco informados- muchos de los cincuentones incluidos en el sistema mixto no tienen altos ingresos.
Hoy hay más de doscientas mil personas mayores de cincuenta años afiliadas a las AFAP. Algo menos de la mitad está en República AFAP y el resto se divide entre las otras AFAP.
¿Por qué los “cincuentones” son los más perjudicados por el sistema mixto?
Es sencillo: todos los menores de cuarenta años alcanzados por la Ley empezaron a aportar en sus cuentas individuales desde su afiliación. Pero es muy diferente empezar a aportar a los dieciocho años de edad que con más de treinta. Con más de treinta años de edad, la mayoría de las personas ya tenían muchos años de aportes al BPS. Y la Ley no dispuso que una parte de esos aportes anteriores a 1996 se volcara a las cuentas individuales. Esa plata quedó en el BPS. Por lo tanto, un muchacho que empezó a aportar en 1996, con dieciocho años, tenía cuarenta y dos años para capitalizar su cuenta individual antes de cumplir la edad jubilatoria. En cambio, el que empezó a aportar a la AFAP con, por ejemplo, treinta y seis años de edad, tenía apenas veinticuatro años para capitalizar su cuenta. Por lo que su capitalización y su jubilación serían inevitablemente menores que las de quienes ingresaron al sistema mixto más jóvenes. Para que el sistema fuera parejo, la Ley tendría que haber dispuesto que, de los aportes ya hechos al BPS por cada afiliado, una parte se volcara a las cuentas individuales. Y no lo hizo. En otras palabras, el Estado se les quedó a los “cincuentones” con todos los aportes anteriores a 1996, en muchos casos aportes de más de veinte años de trabajo.
FRANQUEZA
Con escasas excepciones, el sistema político uruguayo ha reconocido la esencial injusticia de esa situación y, en mayor o menor grado, se ha comprometido a darle solución.
Uno podrá enojarse con las dificultades y demoras para arribar a una solución. Pero el reconocimiento de la injusticia y de la necesidad de corregirla es un punto de partida indispensable para que los damnificados por el régimen previsional puedan seguir teniendo alguna esperanza en el sistema político.
El hecho de que los eventuales damnificados directos sean más de doscientos mil, a los que se suman, como afectados indirectos, hijos, cónyuges y otros parientes, es un factor nada menor para que el sistema político se vea impelido a tomarlos en cuenta.
LAS AFAP (NO ME SALVES)
En los últimos veintiún años, las AFAP han recibido los aportes de sus afiliados, que recauda el BPS, han cobrado comisión por recibirlos, y han invertido el resto conforme a las pautas que les marca el Banco Central, básicamente en títulos de deuda pública, cobrando intereses por esa “colocación”.
Es un negocio soñado: el Estado recauda el dinero, se los entrega a las AFAP (que cobran su comisión) y después se los pide prestado a interés. Por fin, cuando los afiliados se jubilan, las AFAP les transfieren lo existente en sus cuentas individuales al BSE, que es quien debe pagarles una renta a los jubilados durante el resto de sus vidas.
Se admite que las AFAP ganan unos cien millones de dólares por año, que obviamente salen de los aportes hechos por los afiliados. Es decir que han significado para el sistema de seguridad social un costo de aproximadamente dos mil quinientos millones de dólares en sus veintiún años de existencia. Y en los próximos diez años le costarán otros mil doscientos millones. Un costo innecesario, porque, en todo caso, la función que cumplen podrían haberla cumplido el propio BPS, o el BPS y el BROU, con lo que las comisiones y las ganancias habrían vuelto al Estado, en lugar de entregarle al sistema financiero privado más de la mitad de esas sumas millonarias.
El Dr. Sanguinetti y el Cr. Astori sostienen que ese mecanismo “salvó” al sistema previsional. Es difícil aceptar que sustraer al BPS buena parte de los aportes de los trabajadores menores de cuarenta años lo haya “salvado”. ¿Cómo se salva a un sistema deficitario sustrayéndole sus mejores aportantes? Y menos aun si más de dos mil millones de dólares salieron del sistema por concepto de comisiones.
Lo cierto es que el BPS y el BSE, los dos organismos públicos que intervienen en el sistema mixto, son deficitarios o están desfinanciándose, mientras que las AFAP nadan en la abundancia y pagan sueldos faraónicos a sus gerentes.
CUADRATURA DEL CÍRCULO
Los sistemas previsionales basados en la solidaridad intergeneracional están en crisis. La razón es que, según los expertos, para ser eficientes necesitan una relación de aproximadamente dos afiliados activos por cada pasivo. Y, en el mundo actual, la mayor expectativa de vida y la pérdida de puestos de trabajo llevan a que esa relación se deteriore. La cantidad de pasivos aumenta más que la de activos. El sistema de solidaridad estaba pensado para un mundo de vejez corta, con población juvenil en aumento y nuevas fuentes de trabajo. Lo contrario de lo que sucede en la mayoría de las sociedades occidentales, y especialmente en el Uruguay.
La piedra angular del sistema de ahorro individual (el de las AFAP) es que cada uno genera los ahorros de los que saldrá su propia jubilación. Es decir que, necesariamente, la relación es de un aportante por cada pasivo. No soy experto en el tema, pero el sentido común indica que esa relación activo-pasivo no podría producir buenas jubilaciones. No al menos para quienes perciben sueldos de modesta subsistencia. Y menos aun si deben sustentar con sus aportes a costosas estructuras financieras. En Chile, donde el sistema previsional es de ahorro individual desde hace más de treinta años, los resultados son malos y se cobran jubilaciones de hambre.
En un mundo en que las vidas se alargan y –tecnología mediante- los puestos de trabajo se harán más escasos, la seguridad social, las contingencias de vejez, enfermedad, maternidad y desocupación, cada vez menos podrán ser financiadas con aportes de los trabajadores activos y deberán ser cubiertas (ya lo están siendo) con mayores aportes de toda la sociedad o (esto todavía está muy lejos) gravando más específicamente a la riqueza. Cosa difícil en un país que exonera sistemáticamente de impuestos a las grandes inversiones.
SOLUCIONES
El presidente Tabaré Vázquez se comprometió a dar una solución al caso. Y cumplió al menos con presentar un proyecto de Ley, cuyo principal y quizá único defecto es no tomar en cuenta a quienes ya debieron jubilarse por el “Régimen Mixto”.
La solución del presidente Vázquez consiste en que el BPS informe a cada “cincuentón” lo que ganaría por uno y otro sistema (el de sólo BPS y el Mixto) y que cada uno opte por el que más le convenga, transfiriéndose los fondos de las cuentas individuales de los que opten por el BPS a dicho Banco o a un fideicomiso.
A esa solución se han opuesto enérgicamente las AFAP, el ministro Astori, sus voceros parlamentarios, y el Dr. Julio María Sanguinetti, en cuya segunda presidencia se instaló el sistema mixto y a quien hay que agradecerle que, por cierta veta batllista que seguramente conserva, no haya creado un sistema totalmente privado, como el de Chile, que habría sido aun más ruinoso para cientos de miles de personas.
Las razones de las AFAP son obvias: no quieren sentar el precedente de que fueron ruinosas, y tampoco perder las comisiones de los cincuentones, que seguirán aportando todavía por varios años. Por eso mintieron cuando este reclamo se inició, diciendo que el asunto era insignificante porque los afectados eran a lo sumo unos pocos miles de personas, y mienten ahora diciendo que el costo será desmesurado.
El argumento de Astori es que la reforma costaría mucho dinero. Maneja cifras siderales que supuestamente se gastarían durante los próximos cuarenta y ocho años. Confieso que no he podido responder a tres dudas que plantean los afectados. Una es por qué el BPS estima un costo que es la mitad del alegado por Astori. La segunda: si los datos para estimar ese costo sólo los tienen el BPS y las AFAP, ¿de qué información se valió el Ministerio de Economía para sus cálculos, que curiosamente coinciden con lo que ahora (no antes) dicen las AFAP? Y la tercera es por qué se calcula el costo a cuarenta y ocho años, cuando la expectativa de vida de los posibles beneficiados no supera en promedio los veinticinco años.
JUBILADOS Y CREDIBILIDAD
Si bien la solución más justa y razonable es que se apruebe el proyecto de Vázquez, una alternativa que suena con fuerza es que la opción por uno u otro sistema sea hecha por el afiliado al momento de jubilarse. Incluso, para evitar que las AFAP cobren comisiones por gente que se jubilará por el otro sistema, se plantea que el dinero de las comisiones quede reservado hasta que el afiliado decida por qué régimen se jubilará.
El argumento es que la eventual buena rentabilidad de las AFAP hará que dentro de unos años la gente prefiera jubilarse por el sistema mixto. Ojalá fuera así.
Pero la alternativa presenta un problema. Hoy el asunto es una causa que interesa a más de doscientas mil personas. Si esa gente es dividida en pequeños grupos que se jubilarán cada año, ¿qué garantiza que todos ellos logren hacer efectivo su derecho a optar? ¿No será mucho más fácil que mecanismos administrativos o cambios legislativos obstaculicen la opción de las futuras tandas de jubilados?
La principal razón para desconfiar de esa salida atomizadora es el tratamiento que el sistema político le está dando a quienes ya están jubilados, que no están contemplados ni siquiera por el proyecto de ley del Presidente.
Si la solución –cualquiera sea- se construye sobre el olvido y el sacrificio de quienes (por enfermedad, reglamentos, edad, o falta de trabajo) debieron jubilarse, ¿qué señal se estará dando a quienes recién podrán ejercer su opción recién dentro de varios años?
La buena fe es esencial para la credibilidad de un sistema político. Y se demuestra con hechos.
Los ya jubilados por el sistema mixto son un verdadero test sobre la credibilidad y buena fe de nuestro sistema político. Si ellos son abandonados a su suerte, poco podrán esperar los más jóvenes cuando les llegue el momento.
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