Nuestros intendentes manejan ciudades y espacios rurales en sus departamentos. En ellos hay formas distintas de convivencia y normativa y roles diferentes para el ejercicio del poder.
Algunos deben gestionar partes de una ciudad mayor, que se extiende sobre varias intendencias o sobre territorios extranjeros (Montevideo, Artigas, Rivera, por ejemplo).
Otros deben gestionar ciudades conurbadas (Maldonado – Punta del Este, Montevideo y las ciudades de su área metropolitana).
Nuestros alcaldes tienen competencias de gestión sobre trozos de ciudades.
No tenemos, por tanto, autoridades que manejen exclusivamente tejidos urbanos y puedan atender sus especificidades. Las ciudades-capitales de los departamentos reciben – generalmente – atención prioritaria del Intendente. Pero éste debe responsabilizarse también por las condiciones de vida en las ciudades menores del Departamento.
En su tarea debe coordinar con sectores del poder central: la educación, la salud y la seguridad, por ejemplo, son competencia de ministerios del gobierno nacional. Así mismo, son competencia del MGAP las actividades en el medio rural. Otro tanto sucede con la accesibilidad: las rutas nacionales son competencia del Gobierno Nacional, las departamentales y la vialidad urbana deben ser atendidas por los gobiernos departamentales. Los intendentes y el MVOTMA deben coordinar sus competencias respecto a la calidad ambiental.
Hay aspectos en los que la gestión departamental es autónoma: son suyas las decisiones sobre la gestión de las zonas urbanas y sobre la conformación del presupuesto municipal. Cada Departamento tiene su propia normativa de uso del suelo urbano.
El presupuesto de cada departamento expresa la libertad con que cada Gobierno Departamental define sus prioridades, en función del estilo muy particular con que cada cual dispone de sus recursos para atender sus responsabilidades de gestión.
Esas incluyen algunos aspectos trascendentes de la tarea de gobierno.
Suele encararse la gestión departamental enumerando obras a realizar en el tiempo político. Sin embargo, es necesario atender en forma prioritaria a ciertos aspectos generales.
El primero es construir una visión de la ciudad presente y de sus cambios deseables hacia el futuro. Su tamaño, sus roles en el territorio, su evolución posible, su forma, decidir acerca de si deberá incorporar zonas nuevas o densificar tejidos existentes. En todos los casos se deben definir las áreas de suelo que debe reservarse para uso público y aquellas en las que se posibilita su apropiación privada y la construcción de edificios, así como los criterios para hacerlos.
Las Leyes de Indias establecieron condiciones básicas para los sitios a urbanizar: debían contar con aire puro, buenas fuentes de agua próximas y tierras “de pan llevar” para alimentar a la población. Fijaron también un patrón que poco cuestionamos, el de la ciudad en cuadrícula, estableciendo la diferenciación entre los lugares edificables (los solares) y las áreas de uso público (plazas, calles, estructuras defensivas). La ciudad hispanoamericana podía crecer sin alterar el padrón definido, porque se habían reservado espacios para ello.
Hoy no estamos construyendo ciudades desde cero, pero agregamos trozos de ciudad anexa a las preexistentes. Se autoriza la expansión de las ciudades existentes, anexando áreas no siempre próximas y, además, se construye de continuo ciudad informal, asentamientos espontáneos en los que las casas se instalan sobre el terreno natural, sin previa definición de sus usos, sin demarcación de suelos de uso público y privado, muy frecuentemente sobre tierras inundables o inadecuadas, como antiguos basurales, por ejemplo.
En segundo término, es preciso que el gobierno departamental asegure la calidad ambiental macro de las áreas urbanizadas. El aire, el agua y la superficie habitada deben ser aptos para la vida humana. La atmósfera debe estar libre de contaminantes materiales (humos) o químicos (gases), las fuentes de agua y las aguas superficiales próximas a los tejidos urbanos deben ser aptas para su uso humano. El tema de la superficie sobre la que la ciudad vive es más complejo. En las áreas urbanizadas la superficie de la tierra suele estar artificializada, cubierta por edificios y pavimentos impermeables, de los que deben ser retirados los restos generados por la vida vegetal, animales y, muy especialmente, los de la especie humana, superabundante en contextos urbanos. Esto comprende deshechos inherentes a la propia vida (hojas, ramas, excretas, y restos biológicos e inertes procedentes de procesos y usos diversos) y restos de las actividades productivas yd e intercambio.
Un tercer grupo de tareas consiste en hacer factible el metabolismo urbano: hay cosas que deben llegar a las ciudades, distribuirse en ellas, usarse, redistribuir los productos para su uso y disponer de los restos generados por estos procesos.
A la ciudad, lugar de alta densidad de población, consumo e intercambio, deben llegar, entre otras cosas, el agua potable, alimentos de todo tipo, ropa, calzado y herramientas, vehículos y combustibles, materias primas y productos elaborados destinados a todas las actividades que se realizan en las ciudades.
Para ello es necesaria la construcción permanente de ciudad, actividad que implica tanto mantener lo ya construido como agregar componentes nuevos, requeridos por los tiempos. Esto refiere a los espacios de uso público (parques, plazas, red vial, vegetación urbana), y del mantenimiento adecuado de las áreas privadas. El gobierno debe convocar a la responsabilidad de los ciudadanos y controlar sus posibles descuidos, que llegan a la existencia de dañinas edificaciones abandonadas y ruinosas.
Hemos analizado la punta del iceberg que corresponde a aspectos generales de la gestión urbana. Queda pendiente la reflexión acerca de las acciones necesarias para estimular y facilitar la vida cotidiana en las ciudades.
Es responsabilidad del gobierno el haber permitido el incremento de la fragmentación urbana, las carencias en la convivencia y la consiguiente violencia emergente de la alta densidad de población y los problemas de la movilidad que imponen el alto número de móviles y la inadecuación de la red vial.
Comprender el hacer ciudad y lograr que ésta viva, debe ser la meta primera de la gestión urbana. Hay herramientas para avanzar en el sentido de mejorar la calidad de vida en las ciudades. Lo que no cabe es improvisar. Por esa razón, es necesario que los ciudadanos seamos cada vez más exigentes en la elección de quienes hagamos responsables de dirigirla.
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