Con el pie derecho por Hoenir Sarthou

Luis Lacalle Pou asumirá la Presidencia de la República el 1º de marzo y, con el cargo, asumirá una cantidad de situaciones, positivas y negativas, en las que deberá decidir entre la continuidad de las políticas en curso o un cambio de orientación,

Entre ellas, hay una que se destaca por la cantidad y la entidad de sus consecuencias.

Me refiero, claro, al “Contrato ROU-UPM”, del que depende la instalación o no de la segunda planta productora de celulosa de la empresa UPM (o UPM2) sobre el ya contaminado y maltratado Río Negro.

¿Por qué destaco a UPM2 de entre todos los problemas que deberá asumir el nuevo gobierno?

Para empezar, porque es un negocio nacido en plena inconstitucionalidad.

El Poder Ejecutivo no tiene facultades constitucionales para celebrar por sí y ante sí, sin ni siquiera aprobación parlamentaria, contratos de esa naturaleza. No puede condicionar a los futuros gobiernos y a la actividad legislativa, en lo nacional y en lo departamental, mediante cláusulas de estabilidad jurídica que se extenderán por los próximos cincuenta años. No puede someter al País a la jurisdicción del CIADI (Banco Mundial) para garantizarle a UPM beneficios no autorizados por ninguna ley. No puede concederle ni garantizarle a UPM, como lo hace, el uso preferencial del agua del Río Negro para diluir sus efluentes, ni el uso preferencial (24 horas al día los 365 dias del año) de una vía pública de transporte como lo será la del proyectado Ferrocarril Central. Y, por supuesto, no puede otorgarle a UPM la potestad de supervisar e intevenir en  nuestros programas de enseñanza y  en nuestras políticas de desarrollo, como lo hace el “contrato”.  Todo eso es abiertamente inconstitucional.

En segundo lugar, UPM2 es un pésimo negocio para el Uruguay. Invertiremos (nos endeudaremos en) miles de millones de dólares sin recibir un peso de utilidad (los impuestos y los sueldos no son utilidades). Nos obligamos a entregarle gratuitamente a UPM millones de litros de agua por día (esa agua por la que todos pagamos cuando sale por nuestras canillas) y a comprarle durante veinte años, a un alto precio ya prefijado, la energía eléctrica que le sobre (que no necesitamos). Le otorgamos exoneraciones tributarias y ventajas jurídicas que no tiene ningún productor nacional y que aumentarán nuestro PBI en forma sólo ilusoria, ya que la empresa no aportará en proporción ni siquiera cercana a sus exportaciones. Para colmo, ni siquiera es cierto que se generarán los puestos de trabajo anunciados. De hecho, para la construcción de la planta, UPM contrató a una empresa argentina que trae su propio personal del exterior.  Y la frutilla de la torta es que UPM, por la cláusula 4.2.2.2 del “contrato complementario” puede desligarse en cualquier momento de toda obligación, con sólo dar preaviso con un año de anticipación, en tanto que Uruguay, si UPM quiere, queda ligado al “contrato” por cincuenta años.

En tercer lugar, desde el punto de vista ambiental, la enorme extensión forestada y el uso industrial del agua son una amenaza para recursos vitales, como la tierra y el agua, tanto la del  Río Negro como la subterránea.

Finalmente, la injerencia de UPM en el sistema de enseñanza y la transformación del modelo de producción, orientándolo hacia lo forestal-maderero, son cambios de incalculables efectos en nuestra educación, en nuestra vida social y en nuestra cultura. Cambios que jamás han sido considerados ni evaluados antes de embarcarnos en esta aventura de entrega del País.

Ese es el panorama que, en este tema, encontrará el nuevo gobierno al asumir.

La primera cosa que cabe exigirle es que transparente algo que el actual gobierno ha ocultado tenazmente: el estado actual del negocio. ¿UPM comunicó formalmente su “Decisión Final de Inversión”, que daria inicio a la vigencia del “contrato”? Porque, aunque la inversión de anunció con bombos y platillos, nunca se dijo: “UPM acaba de remitirnos un documento del que resulta su “Decision Final de Inversión”.  Y el plazo para hacerlo vence recién a mediados de febrero del año que comienza. Esa nebulosa deberia despejarse cuanto antes.

Algunos pensamos que el “contrato” debe ser rescindido  de cualquier manera. Si no se comunicó la decisión formal de UPM, sin necesidad de pagar ninguna indemnización. Y, si esa comunicación existe, aun arriesgándonos a un juicio, en el que ciertamente, dada la ilicitud de lo acordado, no nos faltarían argumentos para defendernos.  Porque los efectos de cumplir el contrato, en lo económico, en lo institucional, en lo ambiental y en lo socio cultural, son peores que los riesgos de rescindirlo.

¿Qué hará el futuro Presidente?

Es posible que UPM2 sea una primera “prueba de fuego” para él y su gobierno. ¿Aceptará iniciar su mandato sometido a una situación de inconstitucionalidad que afecta aspectos vitales de la vida nacional y que se extenderá después durante cincuenta años? ¿Recordará que él mismo manifestó que el “contrato” había sido mal negociado y que, después de firmado, le hizo una muy dura y fundada crítica en el Parlamento?

Son interrogantes para las que muchos uruguayos esperamos respuesta.

Entrar a algún lugar “con el pie derecho” es una expresión que, en rigor, admite varios significados. Suele interpretársela como “entrar a algún lugar de manera acertada y afortunada”, pero no son pocos los que, en este caso, estarían proclives a entenderla como entrar dispuesto a aplicar políticas conservadoras.

El futuro gobierno tiene la posibilidad de ingresar en el tema UPM2  “con el pie derecho”, en el mejor de los sentidos: haciendo lo realmente más conveniente para los intereses de los uruguayos.

Si hiciera otra cosa, es de esperar que dé fundadas explicaciones sobre los motivos de su decisión. Esa explicación que se nos debe y que nos ha sido negada durante más de dos años.

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