Cuestión de oxígeno por Hoenir Sarthou

Cuando se les pide a las personas sacrificios extraordinarios en aras de resolver una situación sanitaria crítica que afecta a toda la sociedad, cuando se limitan derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la enseñanza, a la atención médica, el acceso a la justicia, el derecho de reunión y la libertad ambulatoria, resulta indispensable mantener la máxima transparencia y veracidad respecto a la situación sanitaria. Porque el acceso a esa información es lo único que nos permite a los ciudadanos verificar que las medidas aplicadas sean razonables y no se transformen en un desborde injustificado de autoridad.

En estos momentos están en curso ante las autoridades públicas varias solicitudes de acceso a la información, conforme a la Ley 18.381, en los que se pide, entre otras cosas, conocer el número de defunciones ocurridas en el País, por cualquier causa, en lo que va de 2021.

El interés de esa información resulta obvio: permitiría aquilatar la incidencia real del virus como causa de fallecimiento.  Si en un país como el Uruguay, en el que normalmente fallecen  en promedio unas noventa personas por día, una enfermedad nueva está causando entre cincuenta y sesenta muertes diarias, el promedio de defunciones diarias debería de haber aumentado significativamente con respecto a igual período de años anteriores. Por lo tanto, el número total de muertes por toda causa es un dato esclarecedor.

Hasta el momento, las solicitudes que se han hecho con ese fin no han tenido éxito. Las autoridades sanitarias y administrativas responden que no disponen de ese dato, y se escudan en la disposición legal que las exime de generar información de la que no disponen para satisfacer pedidos de acceso a ella.

Sin embargo –reitero- no estamos en tiempos normales. Los enormes sacrificios y trastornos que se le imponen a la sociedad en aras de la pandemia deberían tener como correlato que los gobernantes se esforzaran más en proporcionar la información necesaria para la tranquilidad de los gobernados. De lo contrario, la excepcionalidad sólo parece aplicarse hacia abajo.

Pocas dudas caben de que esa información es fácilmente obtenible para el Poder Ejecutivo y para las autoridades sanitarias. Si pueden informarnos día a dìa de las cincuenta o sesenta muertes “con diagnóstico covid”, poco más les costaría recabar los datos para informar sobre el número de muertes por otras causas.

No hago este planteo desde una postura decididamente escéptica. De hecho, conozco a mucha gente que se ha contagiado, y también, tristemente, a unos cuantos que han muerto, con y sin vacuna. Sin embargo, nadie puede creer en quien le retacea información.  Y en estos momentos está faltando información esencial para saber dónde estamos parados.

Soy consciente, también, de que el gobierno afronta una feroz campaña para forzarlo a disponer el cierre de actividades, confinamientos y más recortes de libertades. Es una campaña que viene de afuera y de adentro del Uruguay.

En lo visible, es claro el mal tratamiento que le están dando a nuestro país la prensa internacional y las redes sociales, poniéndolo primero en no sé que absurdo ranking regional de contagios y muertes. A lo que se ha sumado el propio GACH , al romper prácticamente con el gobierno bajo la alegación de que no ha aceptado sus consejos, que se ajustan llamativamente a la postura de oposición y a las recetas de la OMS.

Dentro del país, la oposición frenteamplista y sus áreas de influencia (sindicatos, academia, etc.) han trazado una estrategia muy obvia: reclamar medidas que serían funestas para los sectores más desfavorecidos de la sociedad e insostenibles para cualquier gobierno que no quiera recurrir a la violencia  (cierre de las actividades económicas y sociales, reducción compulsiva de la movilidad e imposición de medidas sanitarias más duras); al mismo tiempo, exigir mejoras para los sectores más empobrecidos,  y culpar al gobierno por todo, por la pandemia, por lo que hace y por lo que no hace, por lo que es su culpa y por lo que no lo es.

En ese contexto nacional e internacional, la situación del gobierno es difìcil. Precisamente por eso, tal vez su mejor alternativa sea apostar a la confianza de la población. Decir la verdad y dar la información necesaria podría generarle una credibilidad y respeto que, sin duda, le harán falta en los tiempos que nos esperan.

Aunque no tengo lugar para desarrollarlo aquí, no puedo evitar decir que los recientes informes oficiales sobre efectividad de las vacunas van en el sentido opuesto. Tomar como muertes y contagios de personas vacunadas sólo a los que se producen después de las dos dosis y del transcurso de catorce días es eludir escandalosamente los efectos que se producen durante el periodo de vacunación y en las dos semanas posteriores, que son muchos. Y tirar al boleo porcentajes de reducción de contagios y de muertes, sin saberse bien cómo se calculan y en relación a qué se miden, dista mucho de inspirar credibilidad y confianza. Todos sabemos de gente que ha enfermado e incluso muerto poco después de darse una o dos dosis de las vacunas. El informe, que ahora reconoce la muerte de cerca de setenta vacunados, cuenta a esa gente en proceso de vacunación, o recién vacunada, como no vacunada. Así no vale. No es serio.

Vuelvo a lo central: la información libre y veraz es el oxígeno de la vida democrática. Es claro que, en el último año y medio, a la democracia se le ha impuesto, en todo el mundo, un gran tapabocas. Tratemos de no asfixiarla definitivamente.

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