¿DE VIVOS? Por Hoenir Sarthou

¿Cuál es la posición del gobierno respecto a la vacunación? ¿Debemos creerle al Presidente, que declara a cada rato que las vacunas no son obligatorias, y al ministro Mieres, que afirma que no pueden exigirse a los trabajadores ni dar lugar a despidos? ¿O debemos creerles a los protocolos del Ministerio de Salud Pública, a los comunicados de la Dirección Nacional del Deporte (dependiente de la Presidencia de la República) y, entre otros,  a la página oficial de la ANEP, que incitan a excluir a los no vacunados de toda clase de actividades y actúan como si vacunarse fuera obligatorio?

Desde que se está elaborando una acción de amparo contra el tratamiento discriminatorio que recibimos los no vacunados, he tenido conocimiento de cientos de casos de persecución ilegítima por el tema.

“A mi madre tienen que operarla en la mutualista X y no la operan hasta que presente el comprobante de que se vacunó y pasaron los catorce días”. “Me mandaron al seguro de paro por lo de las vacunas y ahora mi patrón me dice que no me toma de nuevo si no me vacuno”. “Me despidieron porque dije que no me iba a vacunar”. “En mi oficina la jefa hizo circular una lista en la que había que anotar la fecha de vacunación”. “Yo organizo fiestas, pero con los aforos que me permiten si dejo entrar a no vacunados no cubro el presupuesto”. “A mi hijo no lo dejan jugar al baby fútbol porque no se vacunó”. “Soy socia del club X y resulta que no me dejan ir a la piscina porque no estoy vacunada”. “No me dejan entrar al partido de fútbol tal, o al recital de X, porque las entradas son sólo para vacunados”.

Podría estar horas reproduciendo frases de ese tipo. Desde luego, a mis oídos llega sólo una infinitésima fracción de los casos realmente existentes. Pero están también los periodistas, sobre todo del Interior, que, al entrevistarlo,  le deslizan a uno: “No sabés la ansiedad que hay con ese tema; mucha gente la está pasando muy mal”. Puedo asegurar que son muchos miles de personas las que están viendo peligrar su salud, su empleo, su economía y su vida social a consecuencia de las presiones para que se vacunen.

Sobre las vacunas hay posiciones encontradas en nuestra sociedad. Hay quienes confían ciegamente en ellas, hay quienes se las dan por las dudas, hay quienes se las dan porque los obligan, para no perder el trabajo, por ejemplo. Pero hay también quienes estan decididos a no vacunarse; algunos porque están seguros de que las vacunas son dañinas; otros, porque tienen fuertes dudas sobre ellas.

Esas dudas son razonables, habida cuenta de que las vacunas no siguieron el proceso ni las etapas normales de aprobación, no inmunizan contra el SARS CoV2 (“los vacunados deben seguir tomando precauciones porque pueden contagiarse y contagiar”),  y  nadie (ni los laboratorios que las fabrican ni los gobiernos que las compran y suministran) se hace plenamente responsable por ellas. De lo contrario no se haría firmar a los vacunados un documento que libera al Estado y a los laboratorios de demandas ante tribunales internacionales. Por último, los registros de efectos adversos de estas vacunas, sobre todo en Europa y en EEUU (aquí no se sabe porque el gobierno no proporciona esa información), son cualquier cosa menos tranquilizadores, contándose por miles los casos de muertes relacionadas con la inoculación.

En ese contexto, entonces, la obligatoriedad de las vacunas sería inadmisible, incluso si pretendiera imponerse por ley. Porque el Estado no puede legítimamente hacer obligatorio un procedimiento sanitario que no ha cumplido las etapas técnicamente necesarias para su aprobación y del que no se hace completamente responsable.

El hecho es que, hoy, vacunarse no es obligatorio en el Uruguay. En eso, teóricamente, no hay discusión. Pero la práctica es otra cosa. En la práctica está lo que ocurre dentro de cada organismo público, cada institución y cada empresa, donde, explícita o tácitamente, se castiga a los no vacunados obstaculizándoles la atención médica, despidiéndolos, coaccionándolos material y moralmente, excluyéndolos de mil y una instancias sociales.

La pregunta es cuál es la verdadera posición del gobierno al respecto. Porque, si la vacunación no es obligatoria, está entre sus deberes el de combatir la discriminación ilegal por ese motivo. Sin embargo, un día sí y otro también, mientras que el Presidente, sus secretarios y sus ministros declaran mecánicamente que “la vacunación no es obligatoria”, cada uno de los organismos que dependen jerárquicamente de ellos se dedican a incentivar la exclusión y la marginación de las personas no vacunadas, prometiendo ventajas a los privados que las practiquen y dictando protocolos que, en los hechos, promueven la exclusión y la marginación.

En mi barrio, cuando alguien decía o fingía una cosa y hacía otra, tarde o temprano se lo descubría y,  entre otras cosas, se le decía: “¿Estás de vivo?”.

“Estar de vivo” significa varias cosas, ninguna buena. Implica que uno se cree mucho más vivo de lo que realmente es, que cree a los demás mucho más tontos de lo que son, y que le dieron “la pica” o “la captura”. Después de esa advertencia, si uno no cambiaba de actitud, la vida en el barrio podía volverse un poco complicada.

Me pregunto a qué están jugando el gobierno, el Presidente, sus secretarios y sus ministros cuando dicen una cosa y no sólo permiten sino que alientan a que se haga la contraria.

¿Estarán de vivos?

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