El derecho a la vivienda y las ausencias del Estado por Roberto Soria

‘’El derecho de habitar -de estar- cada individuo en su planeta y en su nación sin precio ni permiso, es el mínimum de derecho humano (…)’’

Carlos Vaz Ferreira

El 23 de agosto, 18 familias fueron desalojadas de un edificio ubicado en San José y Andes que ocupaban desde el 2004. Hablo de unas 50 personas, con las características que  ya sabemos: pobres, varios de ellos migrantes, con escasa formación. El hecho no tuvo repercusiones mediáticas, y menos el paradero de esas personas. Muchos fueron a otro edificio ocupado, a pocos metros de aquel, en Andes y San José.

El martes 12 de setiembre, la historia se repite, ese edificio (con personas de las mismas características y en la misma condición de ocupantes) también fue desalojado. La diáspora siguió, muchos ocuparon de nuevo, se desplazaron hacia la periferia, se fueron a pensiones de pésimas condiciones y a precios usureros, o a vivir de favor. Pero entre tantas carencias, es más fácil que la mala suerte esté del lado algunos (es decir, de estos). Seis de esas familias desalojadas, dos días después, fueron a ocupar en Maldonado y Andes. Los denunciaron por usurpación, y el 15 de setiembre, terminaron en la Seccional Primera; intervino el MIDES (ese CTI móvil, esa máquina de paliativos), y consiguió un realojo provisorio en Pérez Castellanos…

En fin, cosas de todos los días en Montevideo. Se podría seguir con estas historias, por ejemplo, se podría hablar del edificio de 25 de Mayo ocupado por más de 100 personas, en su mayoría peruanos, que enfrenta actualmente 3 juicios de desalojo con fecha de lanzamiento. Se podría seguir con casos particulares, aparentemente aislados; o ‘’intencionalmente’’ aislados, ya que el sistema jurídico uruguayo no cuenta con un registro sistemático de desalojos forzosos a nivel judicial ni policial, tampoco hay un protocolo de emergencia para atender la situación de estas personas. No tener la información de cuántas personas se desalojan y de qué zonas específicas, no saber a dónde van, impide ver la cuestión en términos estructurales, delinear los problemas de un  modo claro, y más aún, ensayar posibles soluciones.

Es más fácil celebrar el ‘’día de la democracia’’, como lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia (SDH) con la presencia de Daniel Martínez el 15 de setiembre (¡el mismo día en que las 6 familias sin hogar terminaron en la Seccional Primera por ocupar!), con paseos, performance y discursos sobre inclusión y participación, que ponerse a trabajar para hacer efectivo el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 45 de la Constitución de la República.  Me refiero a la SDH porque según la Ley 19.149 que le da origen, tiene como cometidos  ‘’ la promoción, diseño, supervisión, coordinación, evaluación, seguimiento y difusión de las políticas públicas, con enfoque de derechos humanos y, en particular, la coordinación de dichas políticas’’. Se supone que todos los que comulgan con la ‘’nueva agenda de derechos’’ y que ocupan cargos en instituciones públicas como la mencionada,  tienen una visión común acerca de los derechos humanos, entienden que son ejecutables irrestrictamente desde que están en la Constitución, deberían trabajar también por el derecho a la vivienda.

Trabajar por el derecho a la vivienda, implica necesariamente pensarlo, definirlo y diseñar políticas públicas de alcance universal, y para ello, hay que también pensar la función de la propiedad privada; discutir sobre su pertinencia social, sobre las miles de fincas en ruinas que hay dispersas por Montevideo, de los miles apartamentos que se construyen y venden a precios astronómicos, de los absurdos precios de los alquileres que se regulan por el libre mercado y que un trabajador por sí solo no puede acceder. Pero esta necesidad de pensamiento, que va mucho más allá de las posibilidades de la SDH (a mi entender, institución ornamental, o más bien ideologizante de la ‘’nueva agenda’’ y cierta manera de hacer política anclada en el poético discurso de los derechos), implica un compromiso serio del Estado, con políticos, técnicos, actores sociales, sujetos que demandan vivienda. La necesidad de construir una política pública en materia de vivienda requiere un rol activo y estratégico del Ministerio de Vivienda que actualmente no cumple ni tiene miras de cumplir a corto plazo.

Lamentablemente, el pesimismo termina ganando ya que la ausencia del Estado en este aspecto (como en tantos otros), es difícil de poner en el espacio público, de evidenciar en articulación con ciertos problemas específicos. Sí, es y será difícil mientras el Estado siga derrochando dinero en secretarias de esto o aquello, organizando caminatas y jolgorios por el ‘’día de la democracia’’ y ‘’mes de la diversidad’’ para sacar fotos y tuitear, y nosotros ciudadanos, paralelamente nos empecinemos con insistir en Sendic y su eterna puesta en escena.  Pero también, mientras se siga desplazando a los pobres cuando molestan en la ‘’ciudad de derechos’’ y personas bienhablantes, mandándolos al MIDES-CTI o eventualmente a la cárcel, la fractura socio-cultural seguirá creciendo hasta que ya no aguante, hasta que explote todo.