El festejo vacío por Hoenir Sarthou

La empresa UPM y el gobierno presentaron la supuesta decisión de inversión de UPM, difundida por la empresa el martes 23 mediante un comunicado de prensa, como la mejor noticia de la historia económica del Uruguay, prometedora de empleos y de aumentos del PBI.

Parte de la prensa, y algunos sectores de la economía, que esperan beneficios de la inversión,  se sumaron al alborozado repicar de campanas.

Pero, ¿Hay motivos para tanto alborozo, o el anuncio es una operación publicitaria sin demasiados cambios en la realidad?

Hay tres cosas llamativas en lo anunciado el martes.

La primera es que el anuncio lo haga UPM, en lugar de hacerlo el gobierno, que es lo que habría correspondido por tratarse de información destinada a la población uruguaya, respecto a un contrato en el que es parte el Estado uruguayo. Aunque ya deberíamos estar acostumbrados a la actitud de sumisión del gobierno uruguayo ante UPM.

La segunda es que ni UPM ni el gobierno aclaran si la empresa comunicó formalmente su “Decisión Final de Inversión” que, según el “Contrato ROU-UPM” de noviembre de 2017, le daría firmeza al negocio. Si yo hago una conferencia de prensa para anunciar que compré la casa de alguno de ustedes, nada significa si además no firmamos la escritura. Del mismo modo, el anuncio público no sustituye la comunicación formal que, según lo acordado en noviembre de 2017, debía enviar UPM al gobierno uruguayo para perfeccionar el contrato.

Pero la tercera cosa llamativa -y por lejos la más importante- es que, el pasado 15 de julio, UPM y los tres representantes habituales de nuestro Poder Ejecutivo para este negocio firmaron un nuevo documento, titulado “Contrato complementario”, por el que se modifican varias de las condiciones establecidas en el “Contrato ROU-UPM” de noviembre de 2017.

Huelga decir que ese nuevo contrato no se publicitó y que la mayor parte de la población, incluidos muchos periodistas, lo desconocen. El secreto es, al parecer, otra cosa a la que debemos acostumbrarnos en esta clase de negocios.

El nuevo “contrato” incluye una cláusula, la 4.2.2.2, por la que UPM se asegura poder retirarse del negocio en cualquier momento, incluso después de haber comunicado la “Decisión Final de Inversión”, sin pagar multa ni indemnización de ningún tipo. Para desligarse de toda obligación, le bastará con enviar un preaviso con un año de anticipación.

Uruguay no tiene, en el nuevo documento, el mismo derecho. Si UPM le comunica formalmente la decisión de invertir, queda obligado a cumplir el “contrato” y sus modificaciones por cincuenta años. Sólo UPM puede desligarse del contrato por mera conveniencia, sin dar ningún motivo y en forma totalmente discrecional.

Esto es completamente nuevo. Hasta ahora, si UPM decidía invertir, tanto Uruguay como UPM quedaban atados por el contrato. Desde el 15 de julio, esa obligación es sólo para Uruguay, en tanto que UPM puede continuar o interrumpir el contrato cuando quiera. Recuerden: cláusula 4.2.2.2 del “Contrato complementario” firmado el 15 de julio de 2019.

Desde el punto de vista práctico, la cosa funciona así: mientras UPM no haya invertido mucho dinero, desvincularse de Uruguay y del contrato  le saldrá gratis. Recién cuando haya emprendido la construcción de la nueva planta, podrá quedar atado para no perder esa inversión, aunque siempre podría venderla o cederla y desvincularse igual. Uruguay, en cambio, no puede desligarse de ninguna manera sin pagar pesadas indemnizaciones que le serán reclamadas ante tribunales arbitrales dependientes del Banco Mundial.

En síntesis, el nuevo acuerdo del 15 de julio significa que los anuncios hechos con bombos y platillos el pasado 23 de julio carecen de mayor sentido. UPM no se comprometió a nada nuevo. Al contrario, logró poder desligarse del contrato si lo desea, sin pagar indemnización, aun después de haber comunicado su decisión de invertir.

En los hechos, el nuevo acuerdo le otorga a UPM un poder de negociación enorme. Puede comunicar su decisión de invertir y sentarse a esperar que Uruguay se endeude para construir la infraestructura exigida, decidiendo luego si efectivamente construye la planta  o si exige nuevas condiciones,  para lo que podrá incluso presionar con la posibilidad de abandonar el negocio.

Cabe preguntarse a quién y para qué le servían los anuncios del pasado martes.

Es muy probable que le sirvieran al partido de gobierno, que tiene un panorama económico y electoral bastante difícil, para presentar un aparente éxito sobre el fin de su mandato.

Es probable que a UPM también la haya beneficiado, por la repercusión que la noticia del aumento de su producción de celulosa haya tenido en el valor de sus acciones.

Lo cierto es que el gobierno uruguayo pagó un precio altísimo por esa noticia aparentemente auspiciosa. El precio fue dejarle las manos aun más libres a UPM y multiplicar su poder de negociación en caso de proseguir la relación contractual.

Claro, como siempre, ese precio lo pagaremos los uruguayos de a pie.

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