El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad es un tema frecuente de conversación. Se caracteriza por una interferencia con la vida social por las dificultades en enfocar la atención y las acciones, y a veces por la hiperactividad. Esto viene a cuento ya que es necesario interrogarse si un problema de ese tipo no ocurre institucionalmente en el más alto nivel del Poder Ejecutivo.
Es que desde hace años se viene hablando de las desprolijidades en la práctica gubernamental, y más recientemente de las limitaciones en poder desplegar acciones, y que éstas sean concretas y efectivas. Se presentan programas y planes, pero los problemas que debían solucionar persisten. Mucho de eso se le achacó al gobierno de José Mujica, por la variedad de ideas que lanzaba y las dificultades en enfocarse y concretar soluciones reales. En la actual administración sin duda hay cambios, tales como cuidar las formas (sea en el vocabulario como la vestimenta), pero el entrevero persiste.
En la definición de ese trastorno, se asocian, por ejemplo, la incapacidad para manejar los detalles cuando son numerosos, con lo que resultan errores e inexactitudes en el trabajo, incluso con cuestiones evidentes y sencillas; las dificultades en escuchar y entender lo que se le dice, o las limitaciones en organizar actividades, especialmente si son complejas y secuenciales (1). Revisando algunos desempeños gubernamentales recientes es posible ilustrar ese tipo de problemas.
Desatención y entrevero
Pocos días atrás, el presidente Vázquez reconoció que la cuenca del Río Negro estaba muy contaminada y su medida de acción para resolver eso fue la creación de una comisión ministerial. Integrada por los ministerios del Ambiente, Industria y Ganadería y Agricultura, tiene como objetivo elaborar un plan para prevenir, controlar, detener y revertir el deterioro de las aguas del río y sus tributarios.
La primera reacción es admitir que es bueno que el gobierno admita que hay una crisis en esa cuenca. Pero lo preocupante son sus respuestas: crea una nueva comisión cuando ya existía otra con ese mismo fin (instalada en 2011 bajo el gobierno de Mujica, tal como recuerda el Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOVUS), y ya se dispone de la información básica para iniciar acciones (el gobierno Vázquez tiene esos datos desde hace años). Esto no es excepcional; la misma dificultad para enfocarse y concretar ocurre, por ejemplo, con la cuenca del Río Santa Lucía.
La falta de atención también se revela en que en ese decreto sobre el Río Negro se invoca un instrumento de gestión pública que el mismo gobierno Vázquez anuló. Son las evaluaciones ambientales estratégicas, excluidas para el ámbito nacional en la ley de presupuesto 2015. Parecería que ni la presidencia ni los ministerios recuerdan sus propias resoluciones.
En otros casos el entrevero normativo es mayor. Por ejemplo, en la propuesta del Ejecutivo para reglamentar la nueva ley de riego, sorpresivamente aparece un nuevo instrumento de ambiental y agropecuario, los “planes de uso y manejo de suelos y aguas”. No se sabe de dónde salieron. En el país existen planes pero únicamente de suelos, y la incorporación de las aguas no es una cuestión menor, y para ser serios, todo eso requeriría al menos una ley específica. En el mismo borrador, en unos artículos se dice que se aplicará una evaluación ambiental pero en otro se aclara que sus resultados no podrán impedir autorizar nuevas obras de riego. Es un apabullante ejemplo de contradicción.
Gestión inefectiva
Todo ese entrevero y empantanamiento normativo contribuye a las acciones inefectivas. Se repiten planes, programas, iniciativas, etc., se re-estudian cuestiones ya analizadas, y las acciones concretas son escasas o débiles. Por ejemplo, no se necesita una nueva comisión ministerial para entender las causas de la contaminación en el Río Negro, y es evidente que, al menos por ahora, una planta de celulosa no mejoraría la condición de sus aguas. Del mismo modo, incorporar una y otra vez al MGAP en esas comisiones esquiva la cuestión de sus limitaciones en controlar agroquímicos. Una acción efectiva debería ser externa a esa cartera ya que se deben reformar sus modos de entender y manejar las cuestiones ambientales y productivas.
La coordinación tradicional entre los ministerios no funciona, y los parches para resolver esto han sido la imposición de estas comisiones o la creación de secretarías presidenciales. Pero tampoco son efectivas.
Quienes siguen atentamente la situación del país, advierten que dificultades similares se repiten en otras áreas claves de las políticas públicas, como la educación o la seguridad. En ellas proliferan los anuncios de reformas, comisiones y planes, pero se cae en empantanamientos normativos, ritmos cansinos, acciones débiles, que no solucionan los problemas. Toda vez que se le indica eso al gobierno, su respuesta es una dura autodefensa, tal como ocurre con el trastorno de atención,.
Por lo tanto es hora de comenzar a considerar que no estamos ante dificultades aisladas en ciertos sectores, falta de presupuesto o de técnicos. Es una problemática más profunda. Es hora de preguntarnos si el gobierno padece un déficit de atención, que es institucional y afecta el diseño y aplicación de políticas públicas.
(1) Las características del desorden de atención / hiperactividad según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, 2013.
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