A medida que la crisis del agua potable avanza en el área metropolitana de Montevideo, las respuestas desde el gobierno se asemejan cada vez más al conocido drama uruguayo de “atarlo con alambre”. Pero en este caso, la imagen sería “arreglarlo con un plastiducto”, a juzgar por lo dicho por el presidente en su última conferencia de prensa. En ella también se anunciaron rebajas impositivas sobre el agua embotellada y un decreto de emergencia. Esa referencia a una “emergencia” podría generar la imagen de que por fin se ofrecen respuestas enérgicas, pero en realidad es una medida administrativa para agilizar trámites y gastos.
Si se repasa la situación, no puede olvidarse que ya en octubre de 2022 era evidente la severidad de la sequía. En ese entonces se pusieron en marcha varios apoyos desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero ninguno desde el Ministerio del Ambiente, aunque ambos están en manos del Partido Colorado. Pasaron aproximadamente seis meses para que el gobierno reaccionara ante el derrumbe del agua potable, aunque en ese tiempo la cartera ambiental estuvo entretenida en organizar una expo-feria con empresas.
Las medidas concretas son, más allá de la publicidad, tardías, limitadas y varias de dudosa efectividad. Por ejemplo, se anunció como si fuera nuestra salvación que la Universidad Tecnológica (UTEC) había diseñado una planta desalinizadora, pero en realidad era comprarla en Estados Unidos, el volumen de agua que brinda es muy pequeño en relación a la demanda montevideana, no entraba en el avión, y como finalmente llegará por barco, arribará algún día.
Desde OSE se lanzaron inicialmente llamados a ahorrar agua, y cuando la crisis se volvió muy severa se sumó un nuevo represamiento en el Río Santa Lucía y el bombeo de aguas más salobres. Inmediatamente se generó una dinámica perversa: OSE incumple los estándares de calidad de agua, y como respuesta el Poder Ejecutivo hace que el Ministerio de Salud Pública (MSP) acepte ese deterioro, para que semanas más tarde los incumpla otra vez, y por ello deben anunciar un nuevo relajamiento de los estándares. La determinación del agua como bebible o potable varía de acuerdo a ese juego político.
Esta situación no se entiende o se minimiza, como quedó en claro en la conferencia de prensa del pasado mayo, cuando el secretario Álvaro Delgado sostuvo que se aumentarían “un poco más” los niveles de sodio y cloro en el agua. Ese “poco” más en realidad era permitir incrementar el sodio al doble y el cloro al triple. Pero OSE ni siquiera pudo cumplir esas condiciones, tal como desnudaron los exámenes del agua realizados por la Intendencia Municipal de Montevideo.
Al observarse con más atención el agua en nuestras canillas, se sumaron más problemas. Se encontraron demasiados sedimentos, hierro, bacterias coliformes y hasta trihalometanos. Estos últimos, son compuestos con efectos cancerígenos suficientemente demostrados en animales y con evidencia limitada en humanos. Es inocultable que son sustancias riesgosas, y es por ello que es dramático presenciar los malabares de la ministra de salud pública para justificarlos. Todo esto hace que la credibilidad en OSE se desplomara, y al mismo tiempo quedara golpeada la confianza en que el MSP logre imponer una visión comprometida con la salud pública blindada ante las exigencias políticas.
Crisis ambiental y sanitaria
Se llega así a la rueda de prensa del presidente Lacalle del 19 de junio. En esa ocasión, cuando emplea expresiones tales como decir que si se deteriora el agua, esas palabras revelan que no entiende o minimiza lo que está ocurriendo. El agua en Montevideo ya está deteriorada, lo está desde hace mucho tiempo, no solamente por su salinidad sino por otras razones. No se asume que estamos ante una catástrofe ambiental y sanitaria.
Como consecuencia, las respuestas gubernamentales son limitadas, ineficientes y tardías. En su esencia ha sido pedirle a la población que compre agua embotellada, o sea, se le transfirió la carga de esta debacle a la ciudadanía. Apoyar a los sectores más pobres para comprar agua (estimados en unos 20 mil beneficiarios) es bienvenido pero insuficiente. Al mismo tiempo, insistir con el proyecto privado de Arazatí para tomar agua del Río de la Plata como solución a mediano y largo plazo, es otra expresión de incomprensión, porque esas aguas también pasan por episodios de salinidad y tienen riesgos de contaminación desde Argentina y los demás países de esa cuenca.
El gobierno tenía las herramientas para comenzar a lidiar con esto desde fines del año pasado, pero no las utilizó. En efecto, en 2014 se creó la Comisión Técnica Interinstitucional para el Control de la Calidad del Agua (decreto 237/014 firmado por José Mujica), que a su vez se apoya en el reglamento sobre las competencias en materia de aguas (decreto 335 del año 2004). Esa comisión debería evaluar la situación del agua, establecer un Plan de Acción para las autorizaciones temporales que violan los estándares, hacer su seguimiento, etc. La reglamentación permitía, al mismo tiempo, establecer prioridades del uso del agua, suspensiones de suministro en casos de sequía, revisar y revocar derechos de usos de agua, etc. Era necesario aplicar todo esto a fines del 2022, y esa era la responsabilidad del entonces ministro del ambiente, Adrián Peña. Pero nada se hizo en ese entonces, y no sólo eso, sino que parecería que estas herramientas ni siquiera se aplican en este momento.
Comunicación y gestión
Distintos periodistas y analistas consideran que en realidad estamos ante una crisis de “comunicación”, en especial por el pobre desempeño presidencial en la última conferencia de prensa. En esto hay por lo menos dos errores. El primero es colocar la crisis del agua por detrás de un problema de comunicación, lo que implicaría que el gobierno está haciendo las cosas bastante bien pero no sabe explicárselo a la población. Pero la realidad es la inversa, ya que como se resumió arriba, las respuestas son insuficientes, débiles o equivocadas.
El segundo asunto es que, al contrario de ese juicio, la estrategia comunicacional es efectiva. Su propósito es publicitario, como si se estuviera actuando enérgicamente, se minimizan indicadores (por eso el agua está un “poco” más salada), y se alimentan entreveros que arrastran a varios periodistas y sus medios.
Mientras cada uno de nosotros gasta cada vez más dinero en agua embotellada, en reparar el termotanque o en pensar cómo bañarse, las preguntas incisivas quedan por el camino, tales como averiguar desde cuánto tiempo el agua potable tiene contaminantes. De ese modo el gobierno gana tiempo, rezando cada noche para que la mañana siguiente amanezca con lluvias. Entretanto, el presidente anuncia que esto podría solucionarse con un decreto de emergencia para comprar plastiductos.
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