El domingo 10 de mayo se llevarán a cabo las Elecciones Departamentales y Nacionales en el país.
En cada uno de los 19 departamentos se elegirá un Intendente (que asumirá el Poder Ejecutivo a nivel departamental) y 31 ediles (que integrarán las Juntas Departamentales – Legislativo Departamental).
En cada uno de los 112 municipios se elegirá un Alcalde y cuatro concejales (que integrarán los gobiernos municipales).
En síntesis, se elegirán 19 intendentes departamentales, 589 ediles departamentales, 112 alcaldes municipales y 448 concejales municipales.
Concedemos poca atención y poco tiempo a las elecciones departamentales y municipales. El debate pre-electoral se centra en la figura de los Intendentes.
Las listas de candidatos a los cargos de ediles y las listas de candidatos a concejales se estructuran a nivel de partidos políticos y respondiendo a lógicas políticas, bastante ajenas a la aptitud y preparación de los candidatos para desempeñarse con eficiencia en los cargos para los que son postulados.
Los medios dedicaron espacios importantes durante el mes de enero a los procesos de identificación de los candidatos para ocupar los cargos de Intendente Departamental. Ha sido una verdadera danza de nombres, muchas veces auto-nominados y postulados en función de su pertenencia política. En algunos casos se han señalado las trayectorias de los candidatos en su vida personal, en materia de formación universitaria o de haber pasado por cargos de gestión. Creo no equivocarme si afirmo que en ningún caso se requirió que los candidatos tuvieran conocimiento o experiencia en materia de gobierno local y sus especificidades.
Una vez más se comete el error de creer que la confianza política es suficiente para asegurar la capacidad de gestionar sistemas extremadamente complejos – el territorio y las ciudades – que son cada vez más importantes en la vida de los estados.
El futuro de la humanidad es cada vez más urbano. En 2007, a nivel global, el número de habitantes en zonas urbanas igualó al de quienes seguían viviendo en áreas rurales.
La concentración de la población en ciudades aumenta rápidamente: se estima que para el 2050 (¡fecha para la que faltan sólo 30 años!) el 30% de la población vivirá en áreas rurales y el 70% en áreas urbanas. En ningún lugar del mundo las ciudades están preparadas para recibir esos crecientes contingentes de población y brindarles condiciones mínimas de calidad de vida.
Quienes llegan a las ciudades deben encontrar formas de supervivencia, lo que frecuentemente se produce adoptando la vida informal, tanto en materia urbana (ocupando tierras y aún las aceras de las vías de tránsito), como en materia económica, prescindiendo de todo vínculo con la economía formal, o sea no pagando impuestos, colgándose de los servicios públicos, movilizándose a pie, en bicicletas o carritos, reciclando los residuos de la ciudad “formal” y comerciando libremente con los productos de su trabajo.
En Uruguay la informalidad urbana ha crecido un 10% anual acumulativo los últimos 30 años. Los intentos del Estado de “regularizar” la informalidad han cubierto un porcentaje mínimo de la población en esa situación de vida. Y en los últimos años hemos incorporado a quienes viven “en calle”.
La gestión de las ciudades es hoy extremadamente compleja: debe asegurar la presencia de insumos materiales, de energía, de alimentos, de servicios públicos. No admite la improvisación o los “talenteos”: las injusticias y los errores están a la vista, son demasiado caros y en el mundo contemporáneo legan a comprometer la estabilidad política de los estados.
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