Vemos cada día la vida informal en las ciudades en las personas que viven en calle y en los hurgadores y sus múltiples medios de transporte. No solemos ver (salvo que vivamos en su inmediata proximidad) los asentamientos informales, trozos de ciudad construida por sus habitantes, sin plan o infraestructuras previas y caracterizada generalmente por las pobreza y carencias de sus viviendas autoconstruidas con materiales de desecho.
Cuando vemos a hurgadores o asentamientos, los naturalizamos: son parte de una realidad que debiera avergonzar a una sociedad solidaria, por lo que es más confortable ignorarla. Son una parte de nuestro entorno a la que no miramos, salvo cuando nos proponemos diagnosticarla, sin que ésta acción implique compromiso con su modificación.
La informalidad urbana se manifiesta en dos formas principales: los Asentamientos Informales, que proveen de techo a quienes no acceden a él por la vía del mercado y funcionamiento del sector informal de la economía, que genera gran parte de los puestos de trabajo y provee al intercambio de mercaderías y al reuso de muchas consideradas de desecho.
Los asentamientos informales aparecen en función de:
- la escasez de suelo y viviendas disponibles en las ciudades, para albergar el crecimiento demográfico y el generado por la demanda incrementada de viviendas en función de nuevas estructuras familiares;
- de las carencias en la formulación de las políticas urbanas;
- del pobre manejo de los recursos económicos posibles y la consiguiente carencia de recursos financieros;
- de carencias en la gobernanza, tanto desde el punto de vista normativo como en la obsolescencia de las estructuras de gestión y la falta de preparación adecuada de quienes asumen los roles decisorios, que se traduce en el no uso de herramientas técnicas disponibles para construir la convivencia presente y futura de los ciudadanos.
Hoy la informalidad urbana es un fenómeno global y creciente. Su rol en la vida contemporánea ha sido reconocido por organismos de todo el mundo, pese a lo cual ha habido pocas modificaciones en su statu quo. Es parte integral del sistema y cumple funciones para el mismo, entre otras proveer de vivienda a los sectores más empobrecidos, dejados de lado por el supuesto “desarrollo” y construir ciudad precaria para alojarlos. Además, provee de mano de obra muy barata (e informal) a muchos emprendimientos. Subsiste empleando diferentes formas de reciclado de los desechos de la ciudad formal. La inseguridad en la tenencia de tierra y vivienda y las precarias condiciones de vida de quienes viven de esa manera son sus manifestaciones más visibles.
En los asentamientos informales no habita solamente la población más sumergida. Muy frecuentemente personas de la clase media baja, aún aquellos que cumplen tareas en el sector público, como policías, bomberos, empleados, docentes, se ven constreñidos a vivir en ellos.
A nivel mundial, un 61% de la población activa está empleada en el sector informal, sin protección social ni condiciones de trabajo dignas. El trabajo informal suele ser eficiente. Las mujeres se encuentran entre los sectores más vulnerables del sector informal y reciben menores salarios.
En nuestro país se los Asentamientos Informales han crecido en forma más o menos regular a una tasa del 10% anual, pese a que la población crece tan poco que no llega a la tasa de reposición. Crecen porque se expulsa gente desde el mundo formal (en vivienda, en trabajo) hacia el mundo informal. Esa expulsión se produce en los dos planos más visibles de la informalidad, el de la vivienda y el de la actividad económica, que incluye pasar del trabajo asalariado formal al “por cuenta propia” del mundo informal.
¿Quiénes pasan a vivir en Asentamientos? Los jóvenes que – solos, en pareja o en grupos – quieren separarse del núcleo familiar, las parejas en edad reproductiva, que encuentran superada la capacidad locativa del sitio en que viven al nacer sus hijos, los inmigrantes provenientes del medio rural o de países extranjeros, los que sufren la plaga de la subocupación o la desocupación y deben dejar su residencia anterior por no poder sufragarla, los que viven de changas o trabajadores por su cuenta de oficios diversos… y otros. La condición común a todos ellos es la escasez de sus recursos económicos para atender a sus necesidades básicas.
Disponer de una vivienda digna se hace imposible para amplios sectores de la población que no puede pagar el precio de un solar en tierra urbanizada, ni construir en parte de un solar compartido, sufragar la renta de viviendas puestas en alquiler, ni siquiera cuando se trata de pensiones destartaladas e inaceptables. La opción es salir del mundo formal e incorporarse al informal, tanto en materia de vivienda como en materia laboral.
La ciudad, macro organismo con su propio metabolismo, funciona gracias a los fondos provistos por sus habitantes por vías impositivas. El ciudadano tiene derecho a la ciudad y todas sus ventajas y también tiene deberes respecto a ella, tanto en el plano de sus conductas sociales, como en el aporte de fondos para financiar las obras necesarias y el funcionamiento de los servicios urbanos. La Contribuciones Inmobiliaria es uno de los ingresos mayores de los gobiernos departamentales. Se le suman diversos tipos de tributos y otros pagos que, como las multas a infracciones de automotores han adquirido recientemente peso en la composición de los recursos financieros de las Intendencias.
El ciudadano que vive en la informalidad no contribuye a pagar el costo de vivir en ciudad: no paga impuestos territoriales y esquiva los impuestos y las tasas a la producción y al comercio. Pero, además, suele apropiarse indebidamente del producto de servicios como el abastecimiento de agua y energía, usa todas las infraestructuras urbanas y reclama pro su derecho a vivienda, servicios de seguridad, iluminación, transporte y otros. Son costos que sufragan los ciudadanos “formales” por la vía de sus aportes.
La existencia de Asentamientos Informales, plantea al conjunto de la sociedad el deber de proveer a sus habitantes tejido urbano y vivienda digna, como deber ético y legal. Los presupuestos nacionales y municipales deben asumir el fardo económico pesadísimo de hacer ciudad en los sitios ya ocupados por Asentamientos, pese a que su habitual inadecuación para ese uso. Esto significa construir calles y proveer servicios de aducción de agua y alejamiento y tratamiento de aguas servidas y pluviales, sobre la red azarosa de callejuelas no organizadas. Generalmente, en estos procesos de regularización, hay fondos para construir ciudad (calles, redes) pero no se prevén recursos para mejorar las viviendas. Los barrios quedan con calles, redes y luminarias que hacen más visibles las casitas construidas con materiales de desecho.
Existe la alternativa lógica de hacer ciudad nueva, sobre tierras rústicas, para alojar a quienes no acceden a ciudad o vivienda vía el mercado, construyendo calles, cañerías y redes antes de la ocupación efectiva de los solares. El costo de hacerlo así es hasta 10 veces menor que adecuar un Asentamiento existente. Pero hacerlo implica desarraigar a los asentados del entorno donde están afincados, lo que es frecuentemente desaconsejado porque resulta en la ruptura de sus tramas sociales de sostén.
Muchos gobiernos han prometido resolver el problema de los Asentamientos Informales como si éste fuera un problema solucionable haciendo casas, calles, tuberías y redes de servicio. Es un enfoque erróneo: para resolver los temas de Informalidad, hay que actuar sobre la sociedad, que debe proceder en forma solidaria, pero con procedimientos distintos, respecto a quienes viven en Asentamientos o directamente en la calle. El construir o rehacer “barrios” no basta ni soluciona el problema, porque no modifica la manera carenciada de vivir. La escasez de trabajo y recursos implica la imposibilidad de asumir las responsabilidades colectivas, tanto en lo urbano como en lo económico.
Quienes viven en condiciones precarias no las elijen: son parte del sistema que los condiciona. El esfuerzo del gobierno – y a través suyo del conjunto de la sociedad – debe darse generando oportunidades de trabajo y en sostenerlos para que puedan calificarse. No deben ser meros receptores de donativos de la sociedad, sino actores de su proceso de reintegración a la condición ciudadana plena.
La fragmentación urbana no se remedia sólo creando ambientes físicos más dignos. Requiere la reintegración socio-económica y esencialmente cultural de los excluidos. No son iguales quienes viven gracias a dones no siempre suficientes y no participan como actores de los procesos de su propia vida. Se debiera empezar por hacerlos obreros en la construcción de su propio mundo y no meros demandantes de bienes que el conjunto de la sociedad formal debe suministrarles.
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