La corrupción, como fenómeno político, ha sido motivo de preocupación desde la antigüedad. En el contexto de la filosofía política moderna, una de las figuras clave es John Locke (1632-1704), cuyas ideas sobre el gobierno limitado, la soberanía popular y los derechos naturales dieron forma a la teoría liberal clásica. Si bien Locke no aborda explícitamente la corrupción como un tema central en su obra, muchos de sus principios fundamentales —como la limitación del poder y el consentimiento de los gobernados— sugieren un marco crítico contra la corrupción y sus efectos. Esta columna tiene como objetivo analizar cómo se puede entender el concepto de corrupción en Locke, los mecanismos que propone para prevenirla, y la relevancia de su pensamiento en la actualidad.
Su obra más importante en este campo, el “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, establece los principios básicos de su teoría política. Para Locke, los individuos poseen derechos naturales inalienables, entre los que destacan el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. El gobierno, entonces, es una institución creada mediante un contrato social para proteger estos derechos. Este contrato, se basa en el consentimiento de los gobernados, lo que significa que el poder de los gobernantes no es absoluto, sino que está limitado por el propósito para el cual fue creado: la protección de los derechos individuales. La legitimidad del gobierno, en esta teoría, depende de su capacidad para cumplir con este propósito. Cuando un gobierno excede sus límites y viola los derechos de sus ciudadanos, se convierte en un régimen ilegítimo, y los ciudadanos tienen el derecho a la resistencia y la rebelión.
En el “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, Locke critica el poder arbitrario que, en su opinión, representa una corrupción del propósito del gobierno. El poder legítimo, es el que actúa en beneficio del pueblo y dentro de los límites del derecho natural. Cuando los gobernantes utilizan su poder para sus propios fines, violan el contrato social y se produce un acto de corrupción, aunque Locke no emplee directamente este término, identifica el abuso del poder ejecutivo como una de las mayores amenazas para la estabilidad de la sociedad. El poder concentrado en manos de un solo individuo o grupo sin los debidos controles tiende a derivar en formas de abuso. Este poder arbitrario puede ser entendido como una forma de corrupción política, donde los gobernantes actúan en contra del bien común. Además, subraya la importancia de que el poder ejecutivo esté subordinado al poder legislativo, que debe representar los intereses de los ciudadanos. La corrupción ocurre cuando los funcionarios públicos se desvinculan de su deber primordial de servir al pueblo, utilizando su poder para beneficio personal. La corrupción, en el pensamiento de Locke, socava el pacto social que sustenta el gobierno. Si el gobierno, en lugar de proteger los derechos naturales de los ciudadanos, comienza a actuar en su contra, se rompe el contrato entre los gobernantes y los gobernados, generando una crisis de confianza.
Locke advierte que una sociedad corrupta, en la que los gobernantes no actúan de acuerdo con los intereses de sus ciudadanos, está destinada a la descomposición política. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones y perciben que sus derechos no están siendo protegidos, se ven justificados en tomar medidas de resistencia o incluso rebelión. Además, la corrupción en el poder tiende a generar desigualdad social, ya que los recursos y beneficios se concentran en las manos de unos pocos, en detrimento de la mayoría. Esta concentración de poder y recursos provoca tensiones sociales que pueden culminar en la disolución del gobierno corrupto.
En este sentido, se proponen varios mecanismos para evitar la corrupción en el gobierno. Gobierno limitado: El poder del gobierno debe estar estrictamente delimitado por las leyes y el contrato social. Un gobierno que actúa fuera de sus competencias es un gobierno ilegítimo y potencialmente corrupto. Separación de poderes: enfatiza la importancia de dividir el poder entre diferentes ramas del gobierno, de manera que ninguna rama tenga autoridad absoluta. El poder ejecutivo debe estar controlado por el legislativo, lo que previene la concentración y abuso del poder. Consentimiento de los gobernados: La legitimidad del gobierno proviene del consentimiento de los ciudadanos. Si un gobierno actúa de manera corrupta, los ciudadanos tienen el derecho de retirarle su consentimiento y organizarse para su destitución. Derecho a la resistencia: Locke legitima la rebelión en casos de abuso extremo. Si un gobierno se vuelve corrupto y abusa de su poder, los ciudadanos no solo tienen el derecho, sino también el deber de resistir.
Cuando un gobierno se corrompe, pierde su legitimidad y se convierte en una tiranía, según Locke. La consecuencia más grave de la corrupción es la disolución del gobierno, ya que los ciudadanos pueden reclamar su derecho a disolver el pacto social y formar un nuevo gobierno que garantice la protección de sus derechos. Asimismo, la corrupción tiene un impacto destructivo en la cohesión social. Al violar los derechos naturales, genera una profunda desconfianza entre los ciudadanos y las instituciones, lo que debilita el tejido social y, en última instancia, puede llevar a la disolución del orden civil. El pensamiento de John Locke nos recuerda que la corrupción no es solo un desafío institucional, sino una amenaza fundamental a la confianza social y al pacto que sostiene nuestras democracias. En tiempos en los que la corrupción sigue erosionando la legitimidad de los gobiernos en diversas partes del mundo, las ideas lockeanas sobre el poder limitado y la responsabilidad de los ciudadanos pueden cobrar una vigencia renovada.
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