La cruzada contra el lawfare por Marcel Lhermitte

En mis años de estudiante en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República tuve la suerte de cursar Terminología, una materia optativa que pertenecía a la carrera de Bibliotecología. Allí recuerdo haber hecho un trabajo sobre neologismos. En ese momento nos pidieron estudiar las nuevas palabras que aparecían vinculadas a la informática, entre ellas muchos extranjerismos, como hardware, software, mouse, etc. Mucho más de una década después, y ya con los extranjerismos informáticos incorporados al lenguaje cotidiano, nos encontramos con neologismos en la política, entre ellos dos que están siendo las vedettes: fakes news y lawfare.

El lawfare, según una muy precisa definición de Camila Vollenweider y Silvina Romano, es “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”.[1]

El ejemplo más popular sin dudas sea el del expresidente brasileño Lula Da Silva, encarcelado por el juez Sergio Moro, quien posteriormente terminó siendo ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, pero hay muchos, algunos más publicitados que otros.

El lawfare es una herramienta utilizada fundamentalmente en América Latina, pero también ataca a políticos africanos y asiáticos, mientras que en Europa es menos popular, aunque el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon es una de sus víctimas.

“Antes nos hacían golpes (de Estado) o asesinaban, ahora también siguen haciéndolo, pero el lawfare es menos costoso”, dijo Mélenchon en su visita a Montevideo, en el marco de su gira latinoamericana en la que se encuentra denunciando esta práctica de inhabilitación de actores políticos.

Sí es un problema la persecución, el atosigamiento, la destrucción de la imagen y la reputación, la imposibilidad de competir democráticamente en elecciones o de asumir cargos públicos que sufren algunos actores políticos, pero esa solo es una arista del problema; la otra, e igual de importante, es la manipulación continua que padecen las ciudadanías, que son verdaderas víctimas de acciones premeditadas por el sistema político y judicial, que intentan hacer cambiar en base a estratagemas, por lo general, una actitud electoral o como mínimo la percepción hacia un político.

El auge de las fakes news y la implementación del lawfare como estrategia político-electoral está dañando enormemente la salud de las democracias latinoamericanas, o mundiales, si damos cuenta de lo que denuncia Mélenchon. Estas acciones, amplificadas irresponsablemente por algunos medios de comunicación, hacen crecer el descrédito del sistema político, lo cual empeora aún más el estado sanitario democrático.

Alertados sobre esta situación, todos debemos asumir las responsabilidades que nos tocan: por un lado el sistema político debe dotar a sus países de las herramientas necesarias para que las ciudadanías tengan las garantías suficientes de no sufrir manipulaciones electorales, por otro los medios de comunicación deben ser más rigurosos con la información que publican, no pelear por las primicia, por el hecho de publicar primero sino por no caer o ser partícipes de trampas y operaciones políticas, y finalmente la Justicia debería algún día dejar ser permeable al poder.

[1] Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. Informe en Celag.

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