La excusa sanitaria por Hoenir Sarthou

Este martes 12 de octubre se me notificó una resolución judicial por la que la Juez actuante, Dra. Gabriela Milka Rodríguez Marichal, declaró “manifiestamente improponible” la acción de amparo promovida por 2.717 personas que reclaman el cese de la discriminación que sufren por no haberse inoculado con las vacunas Covid 19.

Por supuesto, esa resolución no es la última palabra, porque será apelada, y un Tribunal de Apelaciones, integrado por tres ministros de superior jerarquía, deberá pronunciarse sobre si esas personas, y en definitiva todos los habitantes del País que no se han aplicado esas vacunas, tienen o no derecho a ser protegidas por el Poder Judicial ante los despidos y persecuciones laborales, las omisiones y demoras en la atención médica, la imposibilidad de ver a sus familiares internados, y la prohibición, que en los hechos tienen,  de asistir a espectáculos, competencias deportivas, actuaciones artísticas, exposiciones, actividades culturales, bailes y fiestas de toda clase.

La actitud de la Juez, sin embargo, no debe interpretarse como un hecho aislado. Va en consonancia con las de otros altos funcionarios públicos que parecen dispuestos  a esconder la mano luego de arrojar piedras bastante pesadas.

Así, el propio Presidente de la República manifestó pública y reiteradamente que las vacunas no serían obligatorias, pero, no obstante, respalda al Ministerio de Salud Pública y a oficinas que dependen directamente de él, como la Secretaría Nacional del Deporte, en el dictado de protocolos que, en los hechos, imponen restricciones muy duras a los no vacunados y multas a los empresarios privados que no las apliquen. ¿Cómo es posible prohibir actividades e imponer multas por incumplir algo que no es obligatorio?

Más abajo en la escala jerárquica, tenemos al Dr. Miguel Asqueta, Director General de Salud del Ministerio de Salud Pública, que recientemente, ante una petición de padres de adolescentes que reclamaban la modificación del protocolo que impide a los adolescentes no vacunados asistir a cumpleaños de 15, respondió por escrito que el Ministerio no dicta protocolos obligatorios sino que formula “recomendaciones”, que son los particulares los que deciden sobre quién entra o no a una fiesta, y que el Ministerio no tiene competencia para intervenir en las relaciones entre particulares. Sin embargo, la realidad es que, como lo saben todas las Intendencias y los organizadores de toda clase de fiestas y espectáculos, es el Ministerio de Salud Pública el que impone las prohibiciones y multa por su incumplimiento. Pocos días después, el mismo Asqueta se desdijo en una nota periodística de “El Observador”, y declaró a la periodista, por Whatsapp, que los protocolos son obligatorios. Mientras tanto, el ministro Salinas guarda un “profundo y prolongado silencio” sobre el asunto.

Pero el desquicio no termina allí. Hace muy poco, una nota del programa radial “No toquen nada”, reveló que el Dr. Julio Medina, contratado como asesor del gobierno en materia pandémica, era a la vez asesor de los “shoppings”. La noticia no fue desmentida, por lo que se debe suponer que la misma persona que aconsejaba al gobierno, para decidir qué actividades se permitían y cuáles no, asesoraba a esas empresas privadas sobre cómo formular sus solicitudes de funcionamiento. Eso podría ayudar a explicar por qué los shoppings sufrieron cierres mucho más breves que  otras actividades que también implican aglomeración de gente en espacios cerrados.

Para completar, una frutillita: un espectáculo musical con miles de personas, en Punta del Este, el pasado fin de semana, no fue interrumpido por el Ministerio, ni por la Intendencia, ni por la policía, mientras que hemos visto ser corridos a gurises por juntarse en un paseo público o por hacer una fiesta, y hasta arrestar y formalizar a gente por reunirse precisamente en una plaza de Maldonado.

Altos funcionarios que dicen una cosa y hacen otra, asesores que asesoran a los dos lados del mostrador,  legisladores que no quieren legislar, jueces que no quieren juzgar, médicos que no quieren curar,  ministerios, polícías e intendencias que intervienen a veces y cierran los ojos cuando les conviene.  ¿La pandemia ha creado un disfuncionamiento del sistema institucional, o sólo ha puesto en evidencia debilidades que ya existían?

Mi opinión personal es que las debilidades institucionales ya existían. Pero la pandemia ha creado las condiciones para que esas debilidades se multipliquen, se autojustifiquen y se exhiban sin pudor.

Un año y medio largo de supuesta emergencia sanitaria, con derechos y garantías recortados, organismos públicos que se acostumbraron a no funcionar, o a funcionar a media máquina y justificarlo todo con la excusa sanitaria, la gente asustada y más dispuesta a someterse de lo habitual, publicidad pandémica constante y censura en la prensa y en las redes sociales, presiones que vienen del sistema sanitario internacional y son secundadas (con dólares) por el sistema financiero internacional. ¿Cómo sorprendernos de que las incoherencias, las ineficacias, las inequidades, los autoritarismos  y los actos de corrupción florezcan?

Mucha gente cree que los derechos, y sobre todo las garantías institucionales, son como flores de plástico, inútiles, dudosamente decorativas y sin ninguna pertenencia a la vida real. Se equivocan. Han olvidado -o directamente ignoran-  que el poder político es siempre un instrumento potente y muy peligroso, al que solamente pueden tener bajo control los frenos constitucionales, cuando funcionan.

Mucha gente sólo descubre a las garantías constitucionales cuando sufre su ausencia.

Cuando el sistema de salud no te atiende y no hay dónde protestar, o la policía te prepotea a ti o a tus hijos y no hay lugar al pataleo, o se te impide trabajar y nadie se hace responsable (como les ha ocurrido y les ocurre desde la pandemia a tantos sectores), o cuando se te prohiben cosas que a otros se les permiten, es señal de que el sistema institucional está funcionando mal o no está funcionando.

Desde siempre, las emergencias, sanitarias, económicas, políticas, sociales, o de la clase que sean, son la gran excusa para darle licencia a los derechos, a las garantías y a los controles iinstitucionales. Por eso la emergencia es la atmósfera vital de todas las dictaduras. Ningún régimen autoritario se implanta en condiciones de normalidad. Necesitan, como el aire, una situación de emergencia, una excusa que justifique tirar por la borda las garantías.

A nosotros nos ha tocado vivir la época de la excusa sanitaria. Con ella como pretexto, se han abatido los derechos, garantías y controles institucionales en todo el mundo. Eso alcanza para saber lo que sigue, si lo permitimos, si admitimos que la emergencia se prolongue.  Ni les cuento si a la excusa sanitaria se le suman otras excusas, climáticas, ambientales, financieras, energéticas o de abastecimiento. Quiero creer que la mayoría de nuestros gobernantes y funcionarios no son conscientes de los efectos, a mediano y largo plazo, de las medidas que imponen. Pero el hecho es que están siendo funcionales a un proyecto político, definido muy lejos del Uruguay, para el que la emergencia sanitaria es sólo una excusa.

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