La necesaria despenalización de la cocaína y pasta base en Uruguay por Luis Alberto Acuña
Si existen hoy en el mundo negocios más que lucrativos son los ilegales. Y, de ellos, el más importante es sin lugar a dudas la comercialización de las drogas; hecho penalizado hoy en Uruguay. ¿Por qué entonces dicho comercio no puede estar mejor en manos del Estado y no en manos criminales? Al respecto, cabe señalar que en Uruguay no está prohibido el consumo de cocaína (y obviamente su tenencia para el consumo), hoy- Lo que está prohibido es el narcotráfico lo cual es contradictorio.
Los enormes costos que para el gobierno supone la lucha contra el delito de marras y los nimios resultados que ello arroja (casi nulos y encima con coste en vidas humanas), hacen que se torne necesario que la importación, la producción, la distribución y comercialización esté mejor en manos públicas; aunque en el caso de esta última podría ser mejor que esté en manos de farmacias como ocurre hoy con la marihuana. Más aun considerando que con ese dinero el gobierno puede llevar adelante políticas educativas y preventivas a todo nivel (ANEP, medios masivos de comunicación, propaganda, y otros mejores destinos como dotar a la policía de mejores medios para el combate de los delitos en general).
De lo que he podido leer e informarme a todo nivel, resulta que, no está probado que por el camino antes dicho se produzca un aumento del consumo de sustancias (salvo en una primera etapa que luego se regularizaría para permanecer horizontal). Y, aun, cuando persista ese consumo todavía tendrá la ventaja de que la droga que se consume es pura y no contaminada como la expendida clandestinamente. También se sabe que mata menos gente que el tabaco y el alcohol que son drogas que circulan libremente y que sin embargo son tan inocentemente conocidas.
Por supuesto que la venta será para mayores de 18 años y que aquéllos que la consuman presentando factura de compra que compruebe una adquisición oficial no serán criminalizados. Pero si, a partir de ahora, quedará prohibido expresamente el consumo de todo tipo de estupefacientes (salvo lo antes dicho). Y, es de rigor pensar que aquéllos que violen la normativa o presenten un consumo problemático serán internados compulsivamente en centros especializados financiados con los dineros que deje la venta de droga al Estado, hasta su entera rehabilitación. Para mayor control quedaría establecido que el expendio de la droga cada vez por las farmacias no podrá ser superior al máximo en mg. que indiquen los especialistas como siquiatras y demás, y no podrá venderse más de una factura por día.
Aparte, se sabe que el consumo de estupefacientes conlleva a un círculo vicioso que consiste en: consumo, luego, hurto o rapiño a efectos de conseguir el dinero con qué acceder a un nuevo consumo y así sucesivamente. Sin embargo, si nosotros aumentamos la pena para estos delitos (como ser; a modo de ejemplo: por el hurto de dos a seis años de penitenciaría y por la rapiña una pena que sobrepase los quince años de penitenciaría, sin perjuicio de castigar a los narcos (y sus delitos asociados o afines, como el sicariato, etc,),que sigan trabajando en la clandestinidad a penas superiores a los 20 años de penitenciaría –salvo excepciones- se logrará seguramente hacer que estas personas permanezcan más tiempo privadas de libertad como para que no vuelvan a cometer nuevas infracciones. Esto es discutible obviamente pero sin dudas que se trata de una opción a considerar.
En lo demás, por supuesto que no olvido que el ataque a las causas de los delitos es obvia; pero no es el propósito de este trabajo hoy. Todos los gastos que para el gobierno impliquen: el ataque a las causas de los delitos, o el aumento de las penas, se financiarán con el mismo dinero recaudado con la venta de las drogas, que, en caso contrario estaría en manos de las mafias.
Si aun así persistieren los delitos (del tipo que sean) entonces habrá que recurrir al aumento calificado y cuantitativo de la represión.
¿Cómo? a) a través de duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior; b) aumentando a tres mil miembros más la Guardia Republicana pasando personal de las “Fuerzas Especiales” del Ejército y de la Marina a aquélla institución; c) a que personal de las Fuerzas Armadas cumpla el llamado Servicio 222 que hoy cumple la Policía a los solos efectos de custodiar todos los edificios públicos (no se habla de incorporar a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de policía sino de prestar un servicio de custodia de edificios); d) aumentar en forma considerable el sueldo de los policías y premiarlos cuando en ejercicio de su función realicen actos que merezcan una consideración especial; e) duplicar el número de comisarías en Montevideo para instalarlas en los barrios más complicados y en aquéllos otros cuyo radio de acción esté resultando demasiado amplio como para atender todas las necesidades de esas zonas tan amplias; f) eliminar el derecho a la tenencia, porte y uso de armas y establecer una pena de dos a seis años de penitenciaría para quien viole esa disposición, salvo obviamente en el caso de la policía y las Fuerzas Armadas, mientras sus miembros se mantengan en actividad; g) modificar la Constitución de la República o eventualmente adoptar un proyecto de ley interpretativo de la misma de tal manera que se habilite la realización de allanamientos nocturnos.
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