La otra elección por Hoenir Sarthou

Antes de irnos de vacaciones a Miami y de dejar nuestras mansiones y nuestros autos de alta gama a cargo de nuestros mayordomos, los uruguayos vamos a votar.

En noviembre, elegiremos al presidente. Elección limitada, al parecer, porque en temas  clave, como el modelo económico, los dos candidatos con mejores chances no se diferencian mucho.

Pero en octubre es un poco diferente. La de octubre será ante todo una elección parlamentaria. En un espectro de 30 senadores y 99 diputados es posible que se expresen tendencias y matices que no encontrarán forma de manifestarse en la dicotómica elección presidencial.

Si hay una política de Estado en el Uruguay, entendida como una línea de acción constante que se lleva adelante sin importar quien gobierne, es la apuesta a la inversión externa directa, y especialmente a la inversión forestal-celulósica.

Apostar ciega y exclusivamente a atraer inversión extranjera, tal como lo aconsejan el FMI, el Banco Mundial y una pléyade de de organismos internacionales, conlleva efectos sociales y políticos ya conocidos (si alguien duda, que se fije en Macri, o en el Lenin ecuatoriano).

Por un lado, hace que el País renuncie a seguir un plan de desarrollo propio. Me dirán que atraer inversión y tener planes propios no es contradictorio. En teoría no lo es.  Pero, en la práctica, las exigencias de la inversión externa y de sus asesores tecnócratas hacen que todos los beneficios, todas las políticas y hasta la legislación vayan diseñándose de acuerdo al interés de esos “mesías” inversores, que pueden venir o no,  y decidir quedarse o irse.

Cuando un país destina su mayor inversión económica a seducir a un inversor en particular, como ocurre en el caso de UPM2, cuando ignora sus normas constitucionales y se endeuda para atraerlo, cuando, antes de construirla, le entrega la mayor obra de infraestructura en décadas y el principal río interno de su territorio, cuando le regala el agua y le asegura puerto, viaducto, zonas francas, exoneración de impuestos, categorización de tierras y autorizaciones forestales especiales, cuando le asegura la compra, a precio caro, de la energía que le sobre, cuando garantiza que le evitará conflictos laborales y adapta sus planes de desarrollo y de enseñanza a “la visión del inversor”, ¿qué energía, que autonomía y qué recursos le quedan para emprender planes propios?

Si desde el punto de vista económico esa clase de apuesta a la inversión es nefasta, desde el punto de vista social es aun peor.  Implica la prostitución de la sociedad entera para satisfacer los deseos del inversor, que, naturalmente, sólo desea lo que le conviene.

Una de las cosas más preocupantes es que, durante la campaña electoral, la supuesta “mayor inversión de nuestra historia como país” no haya merecido ninguna clase de debate entre los sectores partidarios con chance de ser gobierno. Al punto que las mayores objeciones  al proyecto, y al modelo que lo inspira, provienen de organizaciones sociales no partidarias.

Hubo y hay, por cierto, pequeños partidos políticos, la UP, el PERI, el PVA, que postula a Gustavo Salle, y el Partido de los Trabajadores, que se han declarado contrarios al proyecto UPM2, así como pequeños sectores de los partidos mayoritarios que también se oponen.

Hasta hace poco, esos pequeños partidos opositores no aparecían en las encuestas de intención de voto. Se los englobaba en la insignificante categoría “Otros”.

Sin embargo, este año, en medio de la fragmentación que experimenta el sistema político uruguayo, algunos de esos pequeños partidos comienzan a aparecer en las encuestas con cifras de entre un 1% y un 2% de intención de voto.  Si bien son cifras chicas, significan que varios de esos partidos tienen chance de acceder o de reiterar su acceso al Parlamento con diputados propios.

No será mucho, pero, si eso se confirma, es muy probable que en los discursos parlamentarios, y en los discursos políticos en general, empiecen a oírse términos que hasta ahora estaban proscriptos. Que alguien hable de globalización, que alguien recuerde nuestra soberanía, o la necesidad de preservar nuestros recursos naturales y nuestra salud, que alguien se preocupe de preguntarles a los inversores “qué vienen a hacer y a qué costo”, no es cosa menor.  Si a esas preocupaciones y preguntas se suman las voces de representantes de otros partidos más grandes, mejor aun.

La campaña electoral de este año presenta un rasgo sintomático. Mucha gente va a votar no a favor de algo sino contra algo. Muchos votarán a Lacalle, en primera o en segunda vuelta, no porque esperen maravillas de un gobierno blanco, sino para sacar al “Fraudeamplio” del gobierno. Y muchos otros votarán al Frente Amplio  para evitar el retorno de los “rosaditos” y prevenir al  inflado cuco “Militares-Tramp-Bolsonaro-Manini”. Otra gente votará en blanco o anulado, asqueada  por las posibilidades que se le ofrecen.

En lo personal, creo que hay algo que se puede hacer para que el sistema político refleje un poco mejor el problema central de nuestro tiempo: ¿somos sólo el suburbio de un sistema económico global que todo lo determina, o tenemos cierto margen de autonomía para decidir qué hacer con nuestro país y con nuestras vidas?

Esa disyuntiva es, por cierto, otra elección mucho más importante que la del presidente.

Mi voto en octubre apuntará a que esa pregunta se plantee frontalmente en el Parlamento. Es posible que no haya una opción electoral que la exprese en forma perfecta.  Culpa nuestra, de quienes no hemos sabido promoverla o respaldarla.  Pero que eso no evite que lo que debe decirse en el Parlamento sea dicho

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