La otra peste por Hoenir Sarthou

Es la tercera o cuarta vez que me ocurre. El domingo por la noche me llamó por teléfono una persona, con tono desesperado. Tenía a su padre, de avanzada edad, internado en el Hospital Español con diagnóstico de Covid, y el médico tratante acababa de informarle que iban a intubarlo.

El saber popular ya ha asociado a la intubación con un pésimo pronóstico, por lo que el hombre -quien me llamó era un hombre- estaba muy angustiado. Intentó ingresar al Sanatorio para ver y hablar con su padre, pero se lo impidieron. Pidió para suministrarle dióxido de cloro, a lo que el médico se negó. Logró finalmente una video conferencia, pero el enfermo estaba con mascarilla y al parecer no le permitían quitársela, por lo que -siempre según el relato de su hijo- no podía hablar y sólo se comunicaba mediante gestos de impotencia y angustia.

Reitero que es el tercer o cuarto caso de personas internadas con diagnóstico de Covid de las que me entero que quedan completamente aisladas, sin comunicación con sus familiares y libradas a lo que el sistema de salud decida respecto a ellas.

Si eso ocurre, algo está funcionando muy mal. Mucho peor de lo que creíamos. No sólo en el sistema de salud sino en el conjunto de organismos que deberían velar por los derechos y las libertades de todos, tanto de los sanos como de los enfermos.

De acuerdo a la Constitución y, entre otras, a las leyes 18.335 y 19.286, los pacientes tienen derecho a negarse a recibir cualquier tratamiento diagnóstico o terapéutico (que en principio sólo pueden hacerse con consentimiento debidamente informado del paciente), tienen derecho a estar con su familiares y afectos, tanto en forma general, según la Constitución, como en particular, cuando su vida corre riesgo. Y nadie ha derogado el artículo de la Constitución que permite hacer todo lo no prohibido por la ley, por lo que los pacientes tienen derecho a recibir bajo su responsabilidad otros tratamientos siempre que no estén legalmente prohibidos.

Es cierto que la normativa admite que ciertas medidas preventivas puedan aplicarse aun sin consentimiento cuando la situación sanitaria de la persona amerite riesgo para la sociedad, pero ello se limita a medidas para prevenir contagios, y no incluye la obligación de aceptar tratamientos curativos no deseados.

El sistema de salud parece haber desaplicado, no sé en qué medida por sí y ante sí, todas esas normas. El aislamiento de pacientes contra su voluntad y la de sus familiares, la práctica del hisopado y de la intubación sin consentimiento y aun contra la expresa voluntad de los familiares, así como la negativa a permitir todo tratamiento que no sea el protocolo oficial, se han vuelto la regla.

Todos los sistemas institucionales autorizados a relacionarse con las personas desde una posición de autoridad, sobre todo aquellos en los que el usuario está en situación de minusvalía y sumisión, como las cárceles, juzgados, escuelas, hospitales, organismos administrativos, etc., tienen la tendencia a excederse en el uso de la autoridad. El poder sin control, aun en ámbitos reducidos, puede y suele hacer aflorar en los seres humanos otra peste: los impulsos autoritarios y hasta destructivos de la personalidad y de la dignidad del otro.

El sistema de salud, naturalmente, está lejos de ser la excepción. Desde que uno ingresa, sobre todo si está físicamente disminuido, la libertad y la privacidad desaparecen. Uno respira, come, se mueve, hace sus necesidades e ingiere o le inyectan medicamentos según la orden del médico, que normalmente no está presente cuando el tratamiento se aplica, de modo que no hay cómo ni ante quién apelar. No es que el personal de enfermería sea perverso o irracional. Es que, siendo el sistema sanitario un sistema vertical, los protocolos pueden terminar siendo una disciplina rígida e inadecuada a la que es difícil cuestionar o rechazar.

Cualquiera que haya tenido una mínima experiencia en el acompañamiento de familiares enfermos sabe que su papel dista mucho de ser sólo emocional. El diálogo con médicos y enfermeros, la advertencia de síntomas y necesidades del paciente, la prevención de errores y confusiones, son a veces la diferencia entre la vida y la muerte para el paciente.

Todo eso -sin contar su enorme necesidad psicológica y emocional- les está siendo negado a los pacientes diagnosticados con Covid, que afrontan su suerte solos y aislados, sin nadie de su confianza que aplaque sus miedos, advierta sus necesidades y deseos y vele porque la atención sea lo más humana y diligente que sea posible. Quedan en manos de un sistema institucional. Y, se sabe, los sistemas institucionales no son el más cálido refugio, incluso cuando uno se siente bien. Ni pensar en cuando no puede hablar y casi no puede respirar.

¿Hay alternativas?

Creo que sí. Siempre es posible instrumentar formas para que los familiares vean y se comuniquen con los pacientes. Supongo que trajes especiales, o distancias suficientes, o mamparas, o medios telemáticos, no sé, lo que sea necesario para que, al menos alguna vez al día, el paciente puede comunicarse directamente con sus seres queridos, manifestar su voluntad y decirles lo que quiera. Todo depende de la importancia que les demos a los derechos y necesidades humanas que, con muy meritorias excepciones, hoy están siendo ignorados.

No sé ustedes, pero yo estoy harto de esa actitud tan común en quienes hacen gárgaras con “los derechos humanos” y los limitan a lo ocurrido antes de 1985.

Los derechos fundamentales, esos que figuran en la Constitución y que por cierto corresponden a todos los seres humanos, sanos o enfermos, deben cumplirse siempre, en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. Especialmente en situaciones de riesgo y dificultad. ¿O para qué existen? ¿Para pasar divertidas vacaciones? No, para las vacaciones nadie necesita a la Constitución. Los derechos son necesarios y deben respetarse justamente en los momentos difíciles y excepcionales, cuando existe el riesgo de que algunas personas olviden que son seres humanos y que los demás también lo somos.

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