La politización de la justicia por Marcel Lhermitte

La pared estaba descascarada, no quedaba ningún rastro de pintura en aquella celda oscura de esa cárcel de Montevideo, sin embargo, podía leerse pocos centímetros por encima de la litera una escritura, hecha con una caligrafía muy despareja, que rezaba: La justicia es como las víboras solo pica los pies descalzos.

Los presidios latinoamericanos, por lo general, son algo así como pequeñas villas superpobladas en donde impera el crimen pero reina la pobreza. Algo así como un depósito de personas marginadas y hacinadas que escondemos del resto de la sociedad.

No era de extrañar en la década del 90, cuando la región buceaba sin esnórquel bajo la ola neoliberal, que la justicia fuera omisa en casos de corrupción política, o cuando ilustres ciudadanos vaciaban bancos, pero sí caía con todo el peso de la ley sobre los más débiles, de ahí la razón del grafiti que estaba en esa cárcel. Se condenaba más a un ladrón de gallinas que a alguien que vaciaba las arcas del Estado.

En la última década empezamos a vivir, en América Latina y en el mundo, otro fenómeno: la judicialización de la política. Se trata del accionar de los integrantes del Poder Judicial en la política, por iniciativa propia o de grupos políticos, que lo único que buscan es el descrédito de sus adversarios u obtener beneficios electorales.

Por lo general se trata de vincular directamente a un político o a un grupo a algún caso de corrupción. No es tan importante que el acusado sea culpable o inocente, sino que el objetivo es dañar la imagen y la reputación, tener la foto del imputado respondiendo ante el juez y que eso salga en la prensa.

Si luego el político es absuelto es un tema secundario, porque la reputación y la imagen para un gran segmento de la sociedad ya estarán dañadas; y por ahí tiene mucho que ver eso de que la justicia es como las víboras. Muchos creerán que si la sentencia confirma la inocencia será por poder político, por aquello de que solo se pica a los pies descalzos.

Ejemplos hay de sobra, -no es intención de esta columna evaluar inocencias o culpabilidades- en Argentina el caso de Cristina Kirchner y su equipo yendo una y otra vez los juzgados, sobre todo en campaña electoral; los líderes de la oposición uruguaya, todos juntos y vestidos con gabardinas, entregando pruebas a los magistrados sobre presuntas irregularidades en la petrolera nacional; o en Francia, el registro de la casa de Jean-Luc Mélenchon y la sede de la Francia Insumisa buscando pruebas de financiación irregular del partido; pero la frutilla de la torta es Brasil.

Mucho se ha escrito y hablado sobre el juicio al expresidente Lula da Silva, en plena campaña electoral y cuando su triunfo era irreversible, según todas las encuestas. Otro tanto se ha dicho sobre el juez Sergio Moro, responsable directo de su encarcelación, que a posteriori de las elecciones aceptó ser ministro del electo presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

Pero este lunes 10 de junio salió a luz un nuevo elemento, una investigación de los británicos The Intercept que agrega una otra perla al caso Brasil y a la judicialización de la política. Se trata pruebas concretas –capturas de chats de Telegram- que demuestran que los fiscales del caso Lava Jato liderados por Deltan Dellagnol y el juez Moro coordinaron acciones para perjudicar a Lula y encarcelarlo.

En Brasil, Moro, Dellagnol y compañía fueron partícipes de una maniobra que logró el objetivo de sacar a Lula de la carrera electoral y de convertir a Bolsonaro en presidente, se trata de la judicialización de la política en su máxima expresión… o mejor dicho, como me corrigió en Twitter el intendente canario Yamandú Orsi, esto es “la politización de la justicia, lo cual es más grave aún.

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