‘’Desgraciadamente, la justicia está hecha de tal manera
que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables
sino también para saber si son culpables o inocentes.’’
Francesco Carnelutti
Aparentemente, el 1 de noviembre entrará en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (NCPP). El Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía se preparan para ello desde hace bastante tiempo, invirtiendo en recursos materiales y formación de sus cuerpos; así también, abogados y académicos esperan el momento con gran expectación. Nadie duda que esa reforma es más que necesaria. El decreto-ley 15.032 de 1980, estableció un modelo procesal inquisitivo que contribuyó en gran medida -no es el único factor- a instaurar una serie de vicios en la práctica y una cultura legal en perjuicio de los indagados/procesados, que se traduce en los más de 11000 presos que tenemos hoy para un sistema con capacidad para acoger 10000. La función ideológica de esa cultura legal, nos hace ver como algo ‘’natural’’, no problemático, que más del 60% de los presos no tenga condena.
Aquel CPP ya era oxidado para la época; apenas entró en vigencia, los críticos empezaron a bogar por una pronta reforma. A mediados de la década de los 90’, un prometedor y frustrado proyecto alcanzó media sanción. En 2005 se creó una comisión de reforma del CPP, que siguió con la discusión y elaboración de un proyecto. En diciembre de 2014 por la ley 19.293 se aprobó el NCPP con estructura acusatoria y presuntamente más garantista. Los revuelos por la modificación radical en el ‘’adn’’ de la Justicia Penal, condujeron a postergar sucesivas veces la entrada en vigencia del NCPP.
Por fin, se había pactado como fecha límite de entrada en vigencia el 16 de julio de este año. Nuevamente las incertidumbres en torno a los recursos materiales para la implementación, y una inesperada propuesta de la Fiscalía de más de 60 reformas ‘’necesarias’’ a la ley 19.293, incidieron en que el sistema político postergara para el 1 de noviembre la entrada.
Es interesante el rol de la Fiscalía en este proceso y el de su máxima autoridad, Jorge Díaz. La Fiscalía es una de las instituciones que más se ha preparado para la reforma: adquirió estructura de servicio descentralizado; se les otorgó a los fiscales un estatuto propio; se le asignó recursos económicos que se invirtieron en infraestructura, creación de nuevos cargos y formación con expertos nacionales e internacionales. Jorge Díaz fue desde el principio de su mandato, una de las voces públicas más entusiastas con respecto a la reforma, y un actor relevante en la redacción del proyecto actual. Por eso, no se entiende por qué razón un mes antes de la anterior fecha pactada para la entrada en vigencia propuso semejante paquete de reformas; menos se entiende el mensaje de la Presidenta de la Asociación de Fiscales, Dora Domenech, que transmite severas objeciones y preocupaciones sobre la entrada en vigencia.
Entre lo que no se entiende, también está la actitud del sistema político, que aprobó en la Cámara de Senadores el paquete de reformas recién el 3 de octubre. En este paquete, vienen ‘’sorpresas’’ que echan por tierra el presunto proyecto garantista; cabe mencionar las siguientes: ajustes en el sistema de audiencias grabadas, se sabe que desaparecerá el expediente en papel físico, y con él, toda una cultura y modo de entender la práctica forense; eliminación de la libertad condicional, es decir, tal como sucede ahora, el indagado no responderá en libertad al proceso; el plazo para la acusación que sea había establecido en 30 días pasa a ser de un año; interrogatorios en sede policial.
Es altamente probable que el 1 de noviembre entre en vigencia un NCPP, y que en breve –con suerte este mismo año-, el sistema de Justicia Penal sufra una serie de reformas sustantivas en lo relativo al procesamiento de menores, en un sentido más punitivista. Mientras ello sucede, las incertidumbres de los operadores se expanden porque las reglas que van a regir no están claras. Pero en ese mientras confuso o en el después de las reformas, los que sufren y sufrirán las consecuencias son los indagados/procesados; únicos sujetos sin voz en todo el maquinar de la reforma, ya que se le dio espacio de participación hasta a la Asociación de Víctimas.
Colectivo de Pensamiento Penal y Criminológico (CPPC)
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