Manipulación política y garantías ciudadanas por Marcel Lhermitte

“No lucho contra el cáncer. Lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile”, se lee en un cartel que porta un hombre calvo, de barbijo, en medio de una multitudinaria concentración en Santiago. La persona en cuestión se llama Rodrigo Rojas Vade, que aún no se imagina que, más adelante, llegará a ser vicepresidente adjunto de la Convención Constituyente chilena.

Todos tenemos una historia que contar. De eso se trata también el relato que construirá cada candidato. Se trata de la narrativa de su vida o, mejor dicho, de determinadas características que marcan su vida y que se considera necesario recalcar para generar empatía y alcanzar el objetivo político en el proceso electoral.

Rodrigo Rojas Vade fue candidato a constituyente chileno por la Lista del Pueblo, un colectivo de izquierda conformado por independientes que se rebeló –y se rebela– contra el gobierno de Sebastián Piñera, contra la desigualdad y fundamentalmente contra las viejas formas de hacer políticas que están reñidas con la ética y los valores.

La construcción del relato de Rojas Vade fue el de una de las tantas víctimas del sistema chileno: un paciente oncológico que padecía leucemia linfocítica aguda mixta. En base a su enfermedad evidenció notoriamente las falencias e injusticias del sistema de salud trasandino. Desde sus redes sociales el activista emitía mensajes al respecto y nos mostraba imágenes vinculadas a su internación y tratamiento médico.

Pero ese relato se cayó. Una entrevista del diario chileno La Tercera a Rojas Vade lo obligó a reconocer que había mentido. Nunca había tenido cáncer, aunque según dice es portador de otra enfermedad que afirma no puede reconocer debido a su estigma social.

Esta situación, que en poco tiempo será anecdótica, nos abre otro escenario de análisis que supera esta situación: quién y cómo se garantiza el derecho de los ciudadanos a no ser manipulados en una elección.

El candidato a convencional construyó un relato denunciando situaciones reales –no hay dudas de que existe un grave problema en el sistema de salud– y propuestas que no se puede asegurar que no las concretaría, pero mintió en la construcción del personaje, de quién es el que lo llevaría a cabo. Lo cual, paralelamente, hace que al haber perdido credibilidad como emisor, su mensaje también se ve afectado.

Más allá de que este individuo renunció a su cargo, gracias al rol de watch dog de la prensa y a las presiones sociales, ¿qué garantías tiene la sociedad chilena –latinoamericana y mundial– de no ser manipulada?

En la elección presidencial chilena del año 2017 prácticamente todos los candidatos afirmaban que en caso de triunfar terminarían con el sistema de AFP que pesa sobre los jubilados. El entonces candidato Alejandro Navarro decidió invitar a quienes concordaban con esta propuesta a suscribir un compromiso ante notario público. Sorpresivamente –o no– solo Navarro firmó este contrato con el pueblo.

¿Qué garantías tienen los ciudadanos de un país ante un candidato que presenta sus propuestas programáticas y luego de obtener el triunfo decide no cumplirlas? ¿Cuántas veces durante una campaña electoral escuchamos promesas de bajas de montos en los impuestos, reducción de precios de consumo o aumentos salariales?

Lamentablemente este tipo de acciones van mellando la credibilidad, dañando la imagen y la reputación de muchos políticos, lo cual se traslada también a los partidos y al sistema democrático, como ha demostrado en los últimos tiempos las investigaciones del Latinobarómetro.

Si nos manejáramos con conceptos de marketing político se podría afirmar que en una campaña electoral los candidatos de los partidos nos están ofreciendo un futuro que está en venta, que como todo “producto” tiene determinadas características. Así que, siguiendo esta lógica, podemos decir que cuando no se cumple con lo prometido en forma intencional o deliberada, fuimos víctimas de una manipulación y por ende de una estafa a nuestros derechos cívicos, de elegir libremente.

La garantía para que este tipo de acciones no suceda más debe darse en la arena política, pero difícilmente suceda si desde los medios de comunicación, desde el espacio público y desde la sociedad organizada no se ejercen las denuncias y se exigen los cambios éticos y legales imprescindibles para el correcto funcionamiento como sociedad.

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