Mentiras y sustos globales por Hoenir Sarthou

¿En qué se basaron nuestros gobernantes, nuestras autoridades sanitarias y sus asesores técnicos, para comprar millones de dosis de las “vacunas  Covid19” de Pfizer-BioNTech y “recomendar” (en realidad, imponer por medios directos o indirectos) su aplicación a toda la población, incluidos los niños?

La pregunta siempre fue pertinente, pero lo es mucho más desde que un medio de prensa español, “Diario16”, difundió hace pocos días el texto del  informe anual que la empresa BioNTech presentó el pasado 30 de marzo ante la “Comisión de Bolsa y Valores” de los EEUU.

El documento, publicado en inglés por Diario16, el 25 de abril, y reproducido en Uruguay por Montevideo Portal, fue republicado, ahora en castellano, bajo la firma de la periodista Beatriz Talegón, en la edición de “Diario16” del 4 de mayo (disponible hasta el momento en Google).

En esencia, el informe, orientado a dar información relevante para los accionistas de la propia empresa, realiza una valoración de su producto “vacuna Covid19” que contradice todo lo que la misma empresa y su asociada, Pfizer, le habían informado y asegurado al mundo, y muy en particular a la OMS, a la FDA, a los gobiernos adquirentes y a la población mundial. El mensaje para los accionistas tiene tono de preocupación y hasta de fracaso técnico y financiero.

“Es posible que no podamos demostrar suficiente eficacia o seguridad de nuestra vacuna COVID-19 para obtener la aprobación regulatoria permanente en jurisdicciones donde se autorizó para uso de emergencia o se le otorgó una aprobación de comercialización condicional.”, dice el informe.

Más adelante, reconoce la falsedad o inexactitud de los estudios en base a los cuales solicitó autorización para el uso de emergencia: “Es posible que los datos posteriores de estos ensayos clínicos no sean tan favorables como los datos que enviamos a las autoridades reguladoras para respaldar nuestras solicitudes de autorización de uso de emergencia.”.

Finalmente, al considerar las condiciones de seguridad de la vacuna COVID-19, se refiere a problemas “…que no se conocían en el momento de la aprobación… los esfuerzos de comercialización de nuestros productos podrían verse afectados negativamente, los productos aprobados podrían perder su aprobación y las ventas podrían suspenderse, podríamos estar sujetos a reclamaciones de responsabilidad del producto y nuestro negocio y reputación podrían verse seriamente dañados.”.

No son necesarios muchos comentarios para entender la situación. Los directivos de BioNTech, una de las dos empresas que conforman “Pfizer- BioNTech” abren el paraguas ante sus accionistas, en un doble sentido. Por un lado, los ponen en conocimiento formal de la falsedad y manipulación de los datos que usaron para conseguir las autorizaciones de uso. Por otro, les advierten que tanto los nuevos ensayos como los resultados reales de la aplicación de la vacuna no demuestran su efectividad y que incluso se registran efectos desconocidos o imprevistos que pueden aparejar demandas e incluso (lo anuncia expresamente más adelante) la imposibilidad de seguir comercializando “el producto”.

Es muy significativo que esa información nos llegue por boca de los directivos de la misma empresa, a los que no les tembló el pulso para mentirle al mundo entero, pero no se animan a engañar a sus accionistas. Por si alguien tenía dudas de que el poder y el dinero siempre tuvieron un papel mucho más importante en la pandemia que cualquier cuestión sanitaria.

Reitero entonces la pregunta: ¿sobre qué bases nuestras autoridades compraron, recomendaron e inyectaron esas vacunas, incluso a los niños? ¿Sobre qué bases las recomendaron los “expertos” científicos asesores? ¿Y en base a qué información los medios de prensa de alcance nacional se dedicaron a publicitarlas acríticamente como gran solución?

El informe de BioNTech no ha sido desmentido ni rectificado por nadie, en más de un mes. Nuestras autoridades, nuestro sistema político, el resto de nuestra prensa, ¿lo desconocen?

Se nos está debiendo una explicación a todos los uruguayos. A la luz de esta información, no sólo debería suspenderse la vacunación, sino que el Presidente de la República, el Ministro de Salud Pública, y los técnicos que los asesoraron deberían explicar su decisión. El Parlamento debería intervenir para investigar lo ocurrido. El Poder Judicial debería asegurar las garantías que no dio durante la emergencia sanitaria. Y la prensa debería disculparse y buscar la información que ignoró durante toda la pandemia.

El tema es vital, porque la política de caos global no terminó con la pandemia, sino todo lo contrario.

No sabemos con exactitud lo que nos deparará el futuro en materia sanitaria, financiera, ambiental, energética, comunicacional y hasta de suministros. Pero todos sospechamos que vienen tiempos difíciles.

Por eso es imprescindible el sinceramiento y la revisión pública de lo actuado. Porque no podemos arriesgarnos a reaccionar otra vez como marionetas ante el próximo “susto global”.

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