Uruguay es el país que puntea mejor entre los miembros del Mercosur en materia de integración de los migrantes que llegan a su territorio: acceso al mercado de trabajo, educación o ciudadanía legal.[1] Sin embargo, no por eso deja de tener desafíos que exigen reflexionar cómo aprovechar la oportunidad de la migración ya instalada, y la que está por venir.
La población uruguaya es la más envejecida de Latinoamérica. Actualmente 1/7 tiene 65 años o más. Un estudio de CAF estima que esto llegará a 1/5 en 2050 y 1/3 durante el final del actual siglo, un reto para su sistema de jubilaciones y salud porque el envejecimiento atañe un importante costo fiscal para la economía.[2] Dicho en otras palabras, si menos personas están económicamente activas, mayor es el problema económico. Es una realidad a resolver, tarea que encabeza la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Como dijo el presidente del BPS, la situación exige una “estrategia resiliente”. ¿Es la comunidad migrante una oportunidad para ese proceso de resiliencia?
Entre las poblaciones migrantes que han llegado al Uruguay en los últimos años, las provenientes de naciones del norte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe han ganado notoriedad. Especialmente los migrantes venezolanos y cubanos, personas que huyen de las dictaduras. Sobre la migración venezolana, un reciente estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), muestra información que requieren atención.[3]
Venezolanos bajo la lupa
El informe OIM indica que la comunidad de venezolanos en el Uruguay está “compuesta por un perfil altamente educado y concentrado en edades laborales jóvenes (75% entre 25 a 44 años), una migración planificada y con propósito de quedarse viviendo en Uruguay, una mayor incidencia de empleo que desempleo y con un trabajo mayormente formal”. A febrero de 2021, 14.926 ciudadanos venezolanos están establecidos en Uruguay, 25% con un grado técnico superior y 42% con un grado universitario. 79% trabaja en el sector formal, 17% en el informal. Un dato importante: 19% trabaja de forma independiente.
El 79% de los venezolanos no está pensando retornar a su país, pero solo el 2% es ciudadano legal, condición última en el proceso de legalización que se tramita después de la aprobación de la residencia permanente: 3 años para persona con familia constituida, capital o propiedad, o profesa alguna ciencia, arte o industria; o 5 años, sin familia constituida y con alguna de las cualidades anteriores. Los derechos de ciudadano legal (ser parte del registro cívico y postular a un cargo público) solo se puede ejercer luego de 3 años de la aprobación de la carta de ciudadanía. Entonces, 8 años después de que una persona sin familia constituida inicie su trámite de residencial legal, tendrá los derechos de ciudadano legal; se reduce a 5 años si ha constituido familia, posee capital o propiedad, o profesa alguna ciencia, arte o industria.
Hay un problema por atender: 15% ha experimentado algún tipo de discriminación, mayoritariamente relacionada con mujeres y jóvenes en Montevideo. Las principales causas de la discriminación fueron la nacionalidad o aspectos relacionados a la educación, al empleo y a relaciones con personas desconocidas. La mayoría cree que esto no se debió a la pandemia, lo que permite inferir que es precedente al clima actual de emergencia sanitaria.
El desafío de seguir integrando
Lo anterior posibilita contextualizar el siguiente ejemplo: en 2019 la prensa informó que en la educación pública primaria y secundaria cada año 750 maestros (magisterio) y 750 profesores (educación media) culminan su formación, pero el sistema necesita 1000 para primaria y entre 1500 y 2000 para secundaria.[4] Sin embargo, el artículo 76 de la Constitución indica en relación a los empleos públicos que “Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía. No se requerirá la ciudadanía para el desempeño de funciones de profesor en la enseñanza superior.”
Al momento que se redacta este texto, la ONG Manos Veneguayas, asociación civil sin fines de lucro que trabaja en la contención y organización de la comunidad venezolana, cuenta con un relevamiento de 165 maestros y profesores con credenciales académicas que trabajan en una actividad distinta a la de su formación. ¿Es esta una oportunidad que puede tener un espacio en la agenda de discusión?
También existen profesionales migrantes en el área de la salud imposibilitados de ingresar al sistema público por la misma limitación, o en el ámbito privado (más flexible) por falta de referencias locales, entre otros casos. Aunque han existido avances positivos, como la agilización de la reválida de títulos académicos, y el diálogo del MSP con la comunidad venezolana para buscar espacios donde sus profesionales en salud debidamente habilitados puedan apoyar al sistema en el contexto de la emergencia sanitaria, el tema requiere conversación.
La pandemia fue un tapón para el flujo de migrantes en el mundo. ¿Qué pasará cuando se abran las fronteras y vuelva la movilidad con normalidad? ¿Qué políticas se deben adelantar para aprovechar el recurso humano migrante ya instalado? ¿Cómo se pueden cubrir los déficits de recurso humano ya existente? Son las preguntas que interpelan el presente.
Finalmente, tres aspectos a tener en cuenta:
1) La migración venezolana va a crecer como reacción a la movilidad congelada durante la pandemia. La reunificación familiar y el aumento de la diáspora producto de la crisis humanitaria y la persecución política son dos variables a tener en la mesa de discusión.
2) Una adecuación normativa débil para la integración económica y social de las comunidades migrantes ya instaladas, va a contracorriente del escenario actual. La apuesta por una mayor integración, coherente con el presente globalizado, servirá de gran apoyo al Uruguay.
3) Los migrantes por esencia buscan trabajar, construir y aportar en su nuevo hogar. Generar mayores espacios de involucramiento en educación, trabajo y relacionamiento social, será una fortaleza diferencial para el hoy y el mañana.
[1] Ver estudio de la Fundación Konrad Adenauer, “Adaptación al contexto Latinoamericano del Migrant Integration Policy Index”, disponible en www.dialogopolitico.org
2Ver estudio CAF “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina”, disponible en https://scioteca.caf.com/
3 Ver informe OIM “Impacto de la Covid-19 entre la población venezolana en el Uruguay”, disponible en https://dtm.iom.int/
4 Diario El Observador, edición del 14/02/2019.
POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES
Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.
Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.
Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.
Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.
Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.
Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.
Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES
Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.
Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo.
Conozca aquí las opciones de apoyo.
