El desafío democrático de construir gobierno en educación
Nuestro país tiene hoy una extensa red educativa que abarca múltiples instituciones y formatos. El circuito por donde pueden transitar nuestros estudiantes es mucho más amplio que el tradicional Jardín de Infantes, la escuela, el liceo, la UTU y la Universidad.
Cada uno de los tres Entes estatales (ANEP, UDELAR Y UTEC), tienen una sumatoria compleja de propuestas en todo el territorio nacional. La educación nacional estatal hoy es diversa y extensa.
A ello le agregamos los servicios estatales indirectamente vinculados a las propuestas educativas institucionales. Hoy, el Banco de Previsión Social apoyando a los hijos de los trabajadores con prestaciones de diversos técnicos (psicomotricistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos), la atención de salud por medio del FONASA (que atiende niños y jóvenes derivados por las instituciones educativas), las Intendencias y Municipios (que tienen sus propios proyectos socioeducativos), la Secretaría de Deportes, el INAU, INEFOP y CEIBAL, conforman una extensa, compleja y múltiple trama de propuestas que también forman parte del paisaje educativo nacional.
Agreguemos a esta diversidad institucional, el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, con gran peso en educación y trabajo social, que, en muchas ocasiones, atienden directamente aspectos que el Estado no puede o no desea contemplar. Esto incluye desde las organizaciones que llevan adelante los CAIF, hasta propuestas específicas de promoción de empleo juvenil o desarrollo socioeducativo (FOEB, FUCVAN, Juventud Sionista, Clubes Deportivos, Apoyos en Iglesias, Scouts, etc., etc.).
Esta fantástica, densa y compleja interinstitucionalidad es hoy un desafío para la articulación de los proyectos sociales y educativos a desarrollar en nuestro país, pero también una reserva material, simbólica, social y profesional.
Tres caminos para pensar la complejidad
Ante este desafío, visualizamos tres caminos que hoy se están desarrollando.
El primero, sin duda el más conservador e ineficaz a la hora de construir políticas públicas, es que cada institución siga pensándose en sus lógicas internas y considere que, con la articulación puntual de proyectos concretos, se pueden cumplir los logros que involucran al conjunto de actores. En nuestro país, esta opción es claramente defendida por minorías endogámicas, voces aisladas y actores que prefieren la ritualización a la construcción.
El debate central, que creemos fundamental y fermental, es entre las dos visiones siguientes que pueden partir de principios diferentes, pero que con la responsabilidad institucional y la cultura republicana de la que parten los principales actores involucrados, no dudamos que se pueden construir políticas de Estado que generen transformaciones y avances cualitativos y cuantitativos.
Por un lado, se manifiestan claramente quienes mantienen el principio de Autonomía de los Entes como un resguardo a cualquier intromisión. La Autonomía de los Entes de la enseñanza es un principio constitucional y pedagógico, que se hunde en las ricas tradiciones de la educación pública. Fue bandera democrática en tiempos de dictadura y principio de reconstrucción en el período posterior a 1985. La autonomía de la educación nacional es un pilar demasiado importante en lo político y culturalmente central en las instituciones educativas, como para dejarlo en el tintero y obviarlo en el debate. Eso no significa, que hoy, a la luz de los desafíos pedagógicos, democráticos y organizativos del siglo XXI, abramos un campo de debate y resignificación.
La tercera visión, que es la que en lo personal acompañamos y que forma parte de los acuerdos generales que EDUY 21 deja plasmado en su Libro Abierto, es la defensa absoluta de los principios constitucionales marcados sobre la autonomía de la educación, pero acompañada de la transformación institucional y pedagógica que habilite a la articulación sistemática (no residual) de las acciones de los entes de la enseñanza y del conjunto de instituciones educativas nacionales. Nuestra visión intenta rescatar las mejores experiencias educativas de nuestro país, donde las propuestas pedagógicas leyeron la realidad, trabajaron con la sociedad, profesionalizaron a los docentes y construían laicidad; con las orientaciones de gobiernos que en forma democrática, expresan proyectos y metas a la ciudadanía, generan debates parlamentarios, sociales y profesionales abiertos, eligen autoridades de acuerdo a esas metas y sobre todo, son capaces de dar cuenta a toda la sociedad, sobre los logros, los fracasos y las necesidades para avanzar.
La Educación Uruguaya es un territorio fértil para el avance democrático. Se ha hecho mucho y especialmente en los últimos 15 años, el panorama educativo de todo el país se vio reforzado con más oportunidades para todos los niños y jóvenes.
Es hora de una síntesis. El lugar del MEC que se genera en esta nueva ley, hace que actúe como representante político de la ciudadanía, en la construcción de políticas educativas y la articulación de los ENTES y los diversos servicios educativos estales. En este sentido se genera un espacio de gobierno republicano, de trazado de metas que deben ser expuestas y seguidas por la ciudadanía, especialmente en el Parlamento.
Más allá de personas, partidos o coaliciones que en estén en gobierno actual, la apuesta a una mirada de larga duración donde se haga efectiva la construcción de políticas educativas integradas, complementarias y de acceso y permanencia para todos los uruguayos.
