Mucho más que gimnasia por Hoenir Sarthou

La Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA) acaba de darle al gobierno una lección ejemplar de civismo.

Este nuevo episodio de la interminable saga pandémica  comenzó el pasado 30 de julio, cuando la Secretaría Nacional del Deporte, después de año y medio en que la actividad de los gimnasios ha estado muy limitada o suspendida, emitió un comunicado por el que pretendía autorizar a los propietarios y administradores de esos establecimientos a aumentar el aforo de ingreso a sus instalaciones, con la condición de que los responsables de los gimnasios exigieran y controlaran que sus usuarios hubiesen recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID.

CUGA emitió el pasado lunes una respuesta a ese comunicado oficial, en la que, entre otras cosas, manifiesta: «Desconocemos cuál es el sustento legal sobre el cual se puede respaldar a los afiliados (empresas) para poder llevar a cabo la medida dispuesta, ya que surgen muchas interrogantes respecto a las potestades de las empresas para solicitarle a un socio o cliente información respecto a su salud, para poder acceder a un servicio o actividad comercial privada, según lo estipula el nuevo régimen de aumento de aforo con duchas y vestuarios dispuesto». Afirma también el comunicado que esa información  «es de carácter confidencial, tiene su especial protección al amparo de la Ley N° 18.331 (Ley de Protección de Datos), por tratarse de un dato sensible, respecto a la salud de las personas, que se encuentra especialmente tutelado en los artículos N° 4 Literal E, articulo 12, 18 y 19». Además, agrega el comunicado que lo previsto en la decisión oficial «implicaría restringir o prohibir el acceso a una persona que no se encuentre vacunada, por lo cual se estarían violando normas constitucionales y siendo pasibles en una conducta eventualmente delictiva, pasible de ser sancionada con penas de prisión y penitenciaría reguladas en el Código Penal de la Republica, en su artículo 149 Bis, 149 Tercero que se encuentran fundadas en la Ley N° 17.817, por lo cual se podría encuadrar en una acción de discriminación».

Más claro, imposible. Los titulares de los gimnasios le están señalando a la autoridad pública del deporte que su decisión es inconstitucional e ilegal y que les impone a ellos una actuación de carácter delictivo.

Hay hechos que requieren ser interpretados. Otros hablan por sí mismos. Y éste, en particular, habla por sí mismo con claridad meridiana. Pone en evidencia que la casi totalidad del gobierno y de las autoridades públicas, tanto nacionales como departamentales, han perdido el rumbo en lo que respecta a la vacunación y a su relación con la libertad individual, con las libertades públicas y con los derechos fundamentales.

¿Es admisible que una empresa privada exija a sus clientes datos sanitarios cuya privacidad está protegida por numerosas disposiciones legales? ¿Es admisible que discrimine a sus clientes en base a esa información privada y que les exija haberse sometido a un procedimiento médico que no está dispuesto por ninguna ley? Pero, sobre todo, ¿es admisible que desde el Estado se presione a las empresas para que apliquen esa clase de discriminación violatoria de la privacidad y de la legalidad?

La respuesta resulta obvia. Desde el Estado no pueden impulsarse esas políticas. Sin contar con que la Secretaría Nacional del Deporte no es competente para disponer medidas relativas a la salud pública.

¿Hasta dónde se piensa llegar con estas políticas extorsivas para imponer una vacunación que no tiene asidero legal, que no garantiza quedar libre de contagio ni de contagiar, y que requiere renunciar al derecho a hacer demandas internacionales en caso de que se produzcan efectos negativos? O sea, una vacunación de la que el Estado no se hace responsable, o, en otras palabras, “no se hace cargo”.

En nuestra Constitución hay dos artículos que establecen derechos esenciales. Los artículos 8 y 10. El primero establece el derecho a la igualdad, es decir a no ser sometidos a discriminaciones arbitrarias e irracionales. Y el artículo 10 garantiza la libertad, es decir el derecho a hacer todo lo que no prohíban las leyes y a no hacer nada que no impongan las leyes.

Sin entrar en disquisiciones leguleyas, es decir, interpretando esas normas en su sentido más obvio: ¿alguien cree que es legítimo discriminar a las personas por no someterse a un procedimiento médico no aprobado, cuya composición, resultados y efectos a largo plazo son desconocidos, un tratamiento que no evita contagiarse ni contagiar, que ha registrado en el mundo decenas de miles de muertes y más de un millón de efectos adversos, un tratamiento por el que el laboratorio fabricante no asume responsabilidad y el Estado no sólo no otorga garantías sino que las reduce, exigiendo la renuncia a demandarlo internacionalmente antes de recibir la vacuna?

La respuesta, nuevamente, es obvia. Por lo tanto, no queda otra posibilidad que la de felicitar y apoyar calurosamente la actitud de CUDA, esperando que su digna y solidaria respuesta haga reflexionar a las autoridades, no sólo a las del deporte, sobre el penoso papel que están cumpliendo al instigar a la discriminación.

Que ese ejemplo cunda, y que tomen nota otras instituciones y empresas, públicas y privadas, como la ANEP, la Asociación Rural del Uruguay, CUTCSA y otras empresas que insisten en aplicar discriminaciones ilegítimas a sus trabajadores y clientes.

En tiempos arbitrarios, el autoritarismo parece un mérito que tienta a los aduladores del poder. Pero, tarde o temprano, la libertad prevalece y se cobra sus cuentas.

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