Naciente y sin nombre por Hoenir Sarthou

Busco, desde hace días, una palabra que sintetice lo que está pasando. Eso que consiste en el surgimiento de un nuevo enfoque, o una nueva postura, o incluso de una nueva sensibilidad respecto a cuáles son los temas realmente vitales para nuestras vidas y para el Uruguay.

No me refiero a los debates político-partidarios, ni a la prensa formal, ni a la Universidad, porque en esos lugares el asunto parece no existir. Allí, la competencia electoral, en ancas de la LUC y de la corrupción menuda, parecen ser lo único importante. Me refiero a la calle, a los lugares de trabajo, a las redes sociales, a los hogares, a la vida interna de muchas familias, y también al plano más íntimo de cada conciencia individual.

Quizá lo más práctico sea empezar mencionando hechos que, de alguna manera, son expresión del fenómeno al que quiero referirme.

Hay en curso dos procesos penales que reflejan un conflicto inédito. Uno es el que se sigue en Maldonado contra el Dr. Javier Sciuto, el periodista Fernando Ferreira y el empresario Fernando Vega, por haber convocado un acto en una plaza de Maldonado. El otro se planteó en Montevideo, a partir de una denuncia del Dr. Gonzalo Moratorio contra el ya nombrado Fernando Vega y el periodista Esteban Queimada.

En los dos procesos, los acusados lo son, en el fondo, por cuestionar las políticas pandémicas, aunque formalmente se les impute transgredir protocolos de muy dudosa legitimidad (no han cumplido los requisitos y procedimientos constitucionales y ni siquiera el MSP se atreve a decir formalmente si son o no obligatorios, como se desprende de la respuesta dada por el Director General de Salud, Dr. Miguel Asqueta, a un grupo de padres, y de las contradictorias versiones posteriores del MSP en la prensa y redes sociales), o, en el caso de Queimada y Vega, referirse en términos pretendidamente agraviantes a uno de los principales responsables de esos protocolos.

Hay más hechos: 2.717 personas promovieron una acción judicial de amparo contra la discriminación que sufren por no vacunarse contra el SARS CoV2, discriminación que incluye omisiones de asistencia médica, despidos y persecución laboral, y prohibición de acceso a múltiples lugares y actividades, que van desde visitar a familiares internados hasta concurrir a espectáculos y fiestas. La Juez actuante en primera instancia se negó a dar curso a la demanda alegando que era “manifiestamente impresentable” (¿dónde iremos a parar si el Poder Judicial considera “impresentable” el reclamo de miles de uruguayos que se ven afectados en derechos esenciales, como la salud, el trabajo, la libertad y la igualdad?). Esa decisión fue apelada y actualmente el expediente se encuentra en un Tribunal de Apelaciones, que habrá de decidir si la Justicia toma o no cartas en el asunto.

Existe, como antecedente negativo, el fallo de segunda instancia en un proceso de acceso a la información promovido por el músico Nicolás Souto, asistido como abogado por el Dr. Cipriano Curuchet, en el que el Tribunal admitió la negativa del MSP a informar sobre la cantidad de fallecimientos ocurridos en cierto periodo de comienzos de este año.

Recientemente, el Dr. Aldo Mazzucchelli, docente universitario y director de la revista virtual “eXtramuros”, renunció públicamente como miembro de un jurado que debía juzgar y premiar labores intelectuales destacadas, expresando que su renuncia se debía a la postulación como aspirante al premio del Dr. Rafael Radi, ex presidente del GACH y, por tanto, asesor directo del Poder Ejecutivo en la definición de las políticas pandémicas.

Hace un mes, el 18 de setiembre, miles de personas, convocadas por varias organizaciones sociales, como “Libertad Sanitaria”, “Educar sin tapar bocas”, la OMV, y otras, marcharon desde la “Plaza de la Bandera” hacia el Parque Rodó, en protesta por la discriminación contra los no vacunados y en reclamo de la libertad de la que se ven privadas por los protocolos sanitarios y la censura que impera en la prensa y en las redes sociales. Participaron de la marcha figuras políticas de intenso compromiso crítico en el tema, como el diputado César Vega y el Dr. Gustavo Salle.

No es esa la única expresión callejera del fenómeno del que hablamos. El domingo pasado tuvo lugar un concurrido espectáculo musical, sin ninguna clase de protocolo, en la Rambla de Montevideo. Actuaron varias bandas musicales, incluido el conocido músico argentino Gustavo “Pelado” Cordera. En el lugar estaba presente y activo el periodista Esteban Queimada, que, coincidentemente, al día siguiente, vio terminada su relación con la emisora de radio CX30, en la que se emitía su programa “Bajo la Lupa”.

Todo esto no ocurre en el vacío. A los graves perjuicios económicos, laborales, sanitarios y sociales causados por las cuarentenas, y en general por las políticas pandémicas, debe sumarse el recorte de libertades y derechos que implican los arbitrarios protocolos sanitarios y la constante censura que sufre la opinión crítica de la pandemia en la prensa formal y en las redes sociales. Fuertes análisis críticos de corte no sanitario, como los hechos por, entre muchos otros, Fernando Andacht, Mariela Michel, Rafael Bayce, Luis Anastasía, Marcelo Marchese, y en general los columnistas de “eXtramuros” y de “Bajo la Lupa”, además del extinto Enrique Viana, se han sumado a los enfoque sanitarios de los Dres. Javier Sciuto, Laura Gabriela Dominguez y Fernando García, hasta constituir un sólido cuerpo de opinión técnica multidisciplinaria, merecedor de un debate que los científicos y políticos pandémicos se niegan a dar, al tiempo que la prensa lo ignora y en las redes sociales se lo censura.

Bajo cuerda, mientras todos estamos alterados, ya sea por el miedo a la pandemia o por el rechazo a las medidas impuestas, ciertos procesos económicos han seguido su marcha viento en popa. La finlandesa UPM2, hija del anterior gobierno y adoptada por el actual, nunca vio alterado su cronograma de obras durante la pandemia. El contrato con Katoen Natie, que le entrega a la empresa belga la gestión del Puerto de Montevideo durante sesenta años, se firmó en secreto mientras todos hablábamos de vacunas. También fueron secretos, y siguen siéndolo, los contratos de compra de las vacunas. Y rondan en el aire, ya desde el anterior gobierno, la instalación de Google en nuestro territorio y un TLC con China, seguramente con puerto privado incluido.  Otros dos negocios de los que poco se sabe.

¿Hay relación entre la pandemia y esos procesos económicos? ¿La pandemia ha sido y es sólo un problema sanitario? ¿Cuál es la discusión de fondo, la verdadera, entre “pandémicos” y “antipandémicos”?

Mi hipótesis es que la pandemia no es, ni fue nunca, un problema predominantemente sanitario. Sé que esto suena a herejía para muchos, pero son tantos los efectos económicos, sociales y políticos del fenómeno que cuesta mucho creerlos casuales y ajenos a la previsión de quienes diseñaron las políticas pandémicas.

Enriquecimiento desmesurado, a nivel mundial, del sistema financiero, de la industria farmacéutica y de las empresas de telecomunicaciones, mientras la población del mundo se ha empobrecido. Recorte de libertades, naturalización de la censura, avance en el control de los cuerpos y de la comunicación. Reducción de puestos de trabajo, del consumo de energía y de la movilidad internacional. Transnacionalización del poder de decisión, no sólo sanitario sino también económico y político. Neutralización de la población del mundo como actor político, por obra del miedo, el secreto, el autoritarismo y las medidas de emergencia. Tales son las principales consecuencias no sanitarias de la pandemia.

Basta comparar los efectos económico-políticos de la pandemia con sus efectos estrictamente sanitarios para percibir que lo sanitario es más transitorio y menos relevante. En cambio, muchos de los efectos no sanitarios se presentan como transformaciones permanentes y no reversibles. Es cierto que algunas de ellos ya estaban en el horizonte. Pero no así la celeridad y la forma autoritaria en que se han impuesto. Cuando los habitantes del mundo podamos olvidar la pandemia y otras “emergencias” -si es que alguna vez podemos- nos encontraremos con un mundo cambiado, con procesos económicos, inversiones, endeudamientos y reglas políticas desconocidos.

Eso es lo que, difusamente todavía, empiezan a percibir muchos críticos de las políticas pandémicas en todo el mundo. Cada vez más gente percibe que lo que está en juego no es sólo un fenómeno sanitario, sino una reorganización de la economía, de las culturas y del poder mundiales, con enormes consecuencias para las vidas de todos.

Uruguay no es una excepción. También aquí empieza a expresarse una confusa lucha entre quienes están dispuestos a aceptar o resignarse a ese proyecto de poder globalizado y quienes advierten lo que se viene y quieren preservar su libertad personal y, junto a ella, la soberanía colectiva sobre un territorio y una cultura que son y no deberían dejar de ser nuestro país.

No se trata de un partido político ni de una comunidad ideológica, sino de otro enfoque, u otra perspectiva, sobre la realidad política (en el sentido amplio, de “propia de la polis”) que, comprendiendo a gente de muy diversas concepciones filosófico-políticas, está naciendo en medio de incertidumbres y contradicciones externas e internas. Como todo lo nuevo, debe enfrentar primero la invisibilidad, el ninguneo, el denuesto y la calumnia. Tarde o temprano tendrá que ser admitido, pero deberá pelearla.

No es casual que las cúpulas del sistema político, la del Frente Amplio y la de la Coalición, se asocien para un aparatoso y costoso ensayo pre electoral, pro y contra la LUC. En ese ensayo estarán fuera del escenario UPM2, Katoen Natie y, por supuesto, la pandemia. Centrar el debate público en temas domésticos, y ocultar el peso que tienen las presiones globales en nuestras decisiones, sobre todo en las que implican ejercicio de la soberanía, es una forma de cerrar espacios a la perspectiva cuestionadora de la globalización, que está emergiendo.

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