Niños y vacunas por Hoenir Sarthou
Pocas veces una decisión judicial ha causado tanta conmoción como la del Dr. Alejandro Recarey respecto a la vacunación de niños.
Dejemos atrás las pavadas. Recarey no es un juez subrogante ni un suplente, como se ha dicho. Es un Juez Letrado en lo Civil, titular y en ejercicio, a cargo del Juzgado Letrado en lo Civil de 9º Turno, y en ese momento estaba actuando como juez de feria, es decir cubriendo, durante la feria judicial menor, las urgencias de todos los juzgados letrados de lo civil y de lo contencioso administrativo, por designación de la Suprema Corte de Justicia. Algo absolutamente normal en la práctica judicial uruguaya.
Tampoco había expresado opinión sobre las vacunas en ningún sentido, contrariamente a lo que también se dijo en la contestación de la demanda y en la prensa. Los trabajos que se citan para cuestionar su imparcialidad son un artículo académico sobre los “contratos-ley” y una sentencia en que rechaza realizar una audiencia judicial vía zoom. Si alguien encuentra en esos textos algún pronunciamiento sobre las vacunas, que avise.
Los que se creen muy sutiles preguntándose “¿Cómo un juez sin formación científica puede decidir sobre un tema sanitario?”, sólo demuestran una doble ignorancia: jurídica y científica. Basta leer el texto de los dos fallos que emitió Recarey en amparos conexos con la vacuna (cosa que este tipo de críticos no hace) para observar que el fundamento de sus fallos es jurídico, no sanitario ni científico. Señala que el Poder Ejecutivo y el MSP no han cumplido sus obligaciones legales respecto al análisis de las vacunas, a la información sobre su contenido y sobre los contratos de compra. Esa es la función de los jueces en los temas técnicos, con la posibilidad de recurrir a peritos si es necesario disponer de alguna información concreta sobre aspectos no estrictamente jurídicos. O sea: Recarey dictó su fallo por la misma razón por la que un cirujano podría operarlo a él (o a mí) sin saber una palabra de derecho. Verificar si un procedimiento médico cumple las reglas legales que lo rigen no es un problema médico sino jurídico. Así de sencillo. Insisto: lean las sentencias; no toquen de oído y menos aún repitan las sandeces que dicen algunos políticos interesados y muchos pseudoperiodistas.
Toda esa hojarasca de argumentos falaces y trampas retóricas tiene por fin ocultar dos cosas que los fallos dejaron en evidencia: 1) que el gobierno uruguayo (con el beneplácito del principal partido de oposición y de varias corporaciones médicas) sigue manteniendo ilegítimamente ocultos los contratos que firmó con Pfizer; 2) que el MSP está omiso en efectuar los análisis y controles legales a las vacunas que está distribuyendo y que por eso incumple su deber de proporcionar a los uruguayos la información que les permita dar un consentimiento o rechazo informados a la vacunación; 3) que el Ministerio del Interior mantiene un régimen discriminatorio e irracional para permitir el reingreso al país de los uruguayos que viajan, exigiendo a los no vacunados un test que no exige a los vacunados, pese a que unos y otros pueden contagiarse y contagiar.
Sobre este último punto, un detalle casi divertido: desde el pasado sábado, hay dos personas no vacunadas (indicadas con nombre y apellido) que pueden ingresar al país sin controles. Son las dos personas que promovieron amparo por esa causa. De modo que, en vez de corregir un régimen general de ilicitud, la Dirección Nacional de Migraciónd decidió seguir en la ilicitud, salvo para las dos personas que promovieron juicio. La ilegalidad es siempre mala, pero, cuando además se junta con el ridículo…
¿Lo dicho significa que los fallos están libres de problemas y de dudas jurídicas, médicas e incluso morales?
No, de ninguna manera. Casi ninguna decisión judicial importante está libre de aspectos polémicos y de decisiones difíciles.
En el caso de la decisión de suspender la vacunación de niños hasta que el gobierno exponga los contratos de compra de vacunas, y especialmente la parte de contenidos de las vacunas, se enfrentan dos derechos y dos intereses delicados.
Por un lado, está el derecho-interés de algunos padres de suministrar a sus hijos una medicación que creen eficaz y necesaria. Por otro, el deber del Estado (en este caso del Poder Judicial) se asegurar garantías a los menores de edad, incluso respecto de la voluntad de sus padres.
De seguro todos hemos oído sobre padres que, por razones religiosas, no admiten que a sus hijos se les practique cirugía o se les hagan transfusiones de sangre. No pocos niños han muerto sin asistencia médica eficaz por esa negativa de sus padres. Otras veces, los médicos u otros familiares del niño denuncian el problema a los jueces y éstos, luego de informarse sumariamente sobre la situación, disponen que se practique el tratamiento contra la voluntad de los padres.
Es claro que, en nuestro derecho, los niños no estan sujetos exclusivamente a la voluntad de sus padres. El Estado tiene, subsidiariamente, la facultad y la responsabilidad de garantizarles protección, incluso ante conductas negligentes, abusivas o equivocadas de sus padres.
En el caso de estas vacunas, resulta indiscutible que no se han cumplido los requisitos legales de cualquier acto médico. No hay en el consentimiento que se hace firmar ninguna información sobre el contenido de las vacunas ni sobre sus efectos. Por lo tanto, no puede haber consentimiento informado. La decisión de vacunarse o no hacerlo queda librada a la confianza que cada persona tenga en la voluntad política del gobierno y en las declaraciones del fabricante de las vacunas (Pfizer-BionTech), sin ninguna verificación experimental por parte del MSP.
Hay en el Uruguay, y en el mundo, una desconfianza creciente, aunque todavía minoritaria y silenciosa, en esas vacunas en particular. Se asienta en hechos atendibles: la rapidez con que se produjeron y comercializaron; su falta de aprobación definitiva; las revelaciones que ha hecho BionTech ante la Comisión de Bolsa de los EEUU; los registros de efectos adversos en EEUU y en Europa; el secreto que rodea a la investigación previa y a los contratos de compra; y los efectos adversos que, informalmente y sin ningún registro oficial en el Uruguay, numerosas personas relatan padecer o haber padecido
¿Qué debe predominar en ese caso? ¿La confianza de algunos padres en lo publicitado por el laboratorio con el aval del gobierno, o la exigencia judicial de que se investigue y se proporcione la información necesaria para tomar una decisión fundada?
Enunciar esa disyuntiva es exponer su carácter problemático. Cualquiera que pretenda dar una respuesta absoluta a la interrogante se arriesga a la subjetividad o al fanatismo.
Nuestro derecho ha resuelto ese dilema constante entre la potestad de los padres y la facultad de supervisión y control por parte del Estado -dilema que se expresa todo el tiempo y en relación con muchos temas- por una especie de camino del medio, apostando a que cierta vigilancia del Estado (INAU, Justicia de Familia, etc.) conduzca a un desempeño más responsable de los padres, sin que por ello se vean avasallados como padres. Equilibrio nada fácil, por cierto.
En el tema que nos ocupa, ¿existe alguna forma de conciliar los puntos de vista discrepantes y de acordar soluciones consensuadas?
Bueno, en realidad, sí. No conozco a nadie, ajeno a intereses comerciales o partidarios, que se opusiera a un análisis científico nacional, independiente del de Pfizer, sobre el contenido de las vacunas.
No digo que sea una solución mágica. Pero tanto quienes confían en las vacunas como quienes desconfiamos de ellas nos movemos hasta ahora en la oscuridad de las suposiciones. Saber qué contienen exactamente las partidas de vacunas adquiridas, mediante un análisis hecho por científicos uruguayos que firmen y se responsabilicen por sus conclusiones, ayudaría a despejar dudas y a dar racionalidad a la discusión.
En otras palabras, más allá de decisiones, apelaciones y fallos judiciales, el gobierno tiene en sus manos un mecanismo que permitiría despejar dudas y poner algo de paz en un conflicto que lleva ya más de un año y sigue creciendo.
¿Por qué no analizar las vacunas en el Uruguay y exponer los resultados?
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