En la edición del 30 de abril de Voces (N° 691) hacíamos un racconto de la forma en que, entre el fiscal Diego Pérez y varias notas de prensa, se criminalizó la ocupación de terrenos en Santa Catalina. El disparador de aquel artículo era una serie de manifestaciones céntricas en protesta por la detención y la formalización de varias personas vinculadas a la ocupación. Allí recordábamos titulares como “Ocupación masiva en Santa Catalina: estafas, narcos y un riesgo inminente amargan el sueño de levantar un barrio” (El País, 15/3/20) y “Ocupación de terrenos en Santa Catalina: identifican a jefes de banda narcotraficante” (El País, 18/4/20). Pero alertábamos que nadie, entre las personas formalizadas vinculadas a la ocupación, lo era por delitos vinculados al narcotráfico. Las formalizaciones eran por “usurpación” de los terrenos abandonados para construir viviendas y “asociación para delinquir”, o sea, asociación para ocupar esos terrenos abandonados y construir viviendas.
Tras las manifestaciones céntricas que pedían “No nos condenen por ser pobres” el fiscal Diego Pérez argumentaba en el programa Todo Pasa de Océano FM: “No me sorprende. Va en consonancia con lo establecido en la investigación en cuanto a la existencia de un grupo organizado, con discurso y logística para justificar una situación ilegítima”. Aquí entran dos nuevos elementos: se entiende que la capacidad de organizarse es “delictiva”, y que la ocupación es “ilegítima”.
Para quienes integramos el Núcleo Sindical de la UTU que está enfrente a los terrenos ocupados la capacidad de organización siempre fue una virtud, una virtud a la que tratamos de aportar. Desde el Núcleo sindical colaboramos, por ejemplo, con parte del transporte para las manifestaciones. También colaboramos, junto a decenas de militantes barriales y sindicales, en la construcción de un merendero en el que se distribuía leche para el desayuno y una olla para la cena a diario. Pero eso que para nosotros se llama solidaridad para el fiscal es delito.
Por otro lado lo “ilegítimo” de la ocupación tuvo un episodio esclarecedor en el programa televisivo Esta boca es mía del 26 de abril. Cuando Alejandro Camino se refería a lo “ilegítimo” de no tener un lugar para vivir el abogado Rodríguez Puppo le espetaba que eso era “injusto” pero no “ilegítimo”. Hay un orden legal que impone el derecho a ser propietario de un terreno baldío antes que el justo derecho constitucional a tener vivienda.
La injusta distribución de la propiedad privada, tan claramente esclarecida en Esta boca es mía, parece ser la que obliga a que el fiscal Pérez busque razones para criminalizar a quienes ocupan terrenos abandonados para vivir y así justificar los desalojos. El último episodio al respecto fue el más lamentable. Cuando en los primeros días de junio se investigaba el homicidio de tres infantes de marina en el Cerro, varios medios de comunicación vincularon ese hecho a las ocupaciones en Santa Catalina. En particular el 2 de junio Emiliano Cotelo le preguntaba al fiscal Pérez si la ocupación de terrenos en Santa Catalina estaba vinculada a una operativa de narcotráfico que a la vez estuviera vinculada con los homicidios, y el fiscal respondía “Yo lo vengo diciendo desde hace un buen tiempo, nosotros detectamos esa situación y entendemos que sí” y en particular sobre la ocupación el fiscal respondía que le “llama la atención lo vertiginoso de las construcciones y lo organizado de la misma” (En perspectiva, 2/6/20). Que no había ningún vínculo entre la ocupación y los homicidios quedó claro hace tiempo, pero nadie salió a aclararlo. Que no hay un solo procesado por narcotráfico entre los ocupantes es un hecho, pero nadie le pregunta al fiscal sobre eso.
Mediación papelonesca
En este contexto el pasado miércoles 15 de julio se citó a Adrián, referente de las ocupaciones y uno de los responsables del merendero, al edificio oficial del IMPO para iniciar un “Proceso de Diálogo Colaborativo entre todos los actores involucrados” que sería “dirigido por terceros imparciales expertos en manejo de conflictos que facilitarán el diálogo”. La convocatoria fue realizada desde el Sistema de Mediación de Montevideo y el “proceso de diálogo” era encabezado por Leonel Groisman. Además de Adrián estaban convocados un abogado de familias ocupantes, la Coordinadora de Asentamientos, la Comisión de Vivienda Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo y el fiscal Pérez. Adrián podía llevar hasta tres asesores y uno de quienes lo acompañó fue quien firma esta nota, integrante del Núcleo de AFUTU de Santa Catalina. A las 18:00 empezó la “mediación”, a las 19:30 Adrián salía de la sala angustiado, el fiscal le había comunicado que la policía lo esperaba afuera para llevarlo detenido. No quiso volver a la sala de “mediación” y mientras intentábamos comunicarnos con militantes y vecinos para que llegaran a la sede del IMPO a solidarizarse Groisman seguía hablando de “consensos” y “diálogo”.
Adrián fue detenido entre aplausos y gritos de arriba los que luchan de militantes que hace meses acompañamos la ocupación. Gustavo González, presidente de FUCVAM, intentó comunicarse con el fiscal para explicar la situación (varias familias están conformando una cooperativa de vivienda y se entendía que hasta que pudieran concretarla no se debía tomar medidas contra ellas). Los “mediadores” miraron y hasta hoy no hay ninguna comunicación oficial respecto a la “cama” que, consciente o inconscientemente, contribuyeron a realizarle a Adrián. Nuestro compañero fue formalizado, y su condena consiste, vaya paradoja, en sesenta días de “prisión domiciliaria”. Tiene un plazo para fijar domicilio, ya que vive en el lugar del que lo están desalojando. Pero todos sabemos cual es el “delito” de Adrián: pelear por tener una vivienda donde había chircas, y porque además en esa pelea se construya organización y solidaridad. La farandulera aparición de Pérez en este caso no tiene otra razón de ser, criminalizar la solidaridad para intentar limpiar la conciencia de un sistema legal que legitima la injusticia social.
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