PASES EN COMISIÓN: ¿ÑOQUIS O ASESORES?

Nuevamente surgió la discusión en torno a la pertinencia o no de los pases en comisión del que disponen legisladores, intendencias, ministros y otros jerarcas del Estado. ¿Es un instrumento idóneo? ¿Es el mecanismo que se utiliza para tener militantes partidarios rentados? ¿Los casos que han trascendido y parecen ser injustificables invalidan la metodología? ¿Hay corrupción en este sistema? ¿Es corrupto solo el ñoqui o también el “cocinero” que lo pide? ¿Se debe limitar? ¿Es más económico que contratar directamente? ¿Habrá muchos periodistas de los dos lados del mostrador? ¿Sería positivo que fuera público el listado de quienes se encuentra en esta situación? ¿Puede ser utilizado sin ningún plazo establecido?

A la sombra por Esteban Pérez

A la sombra de un árbol se puede disfrutar un mate, un libro, escuchar el canto de los pájaros o mirar el juego de los niños, pero hay otras sombras que pueden utilizarse para movimientos subterráneos…

Hay leyes elaboradas con buenas intenciones las que, aplicadas con criterio, generan los frutos para los cuales fueras hechas; pero sucede que muchas veces las normas suelen proyectar conos de sombra que permiten, a su amparo, utilizaciones que no siempre reflejan el espíritu con que fueron elaboradas.

Una de las que proyecta más sombra es la que autoriza los pases en comisión de funcionarios públicos y a su amparo se tejen muchas tramoyas. Es vox populi el pago de favores políticos concediendo pases en comisión para que alguien pueda cobrar en el Estado, trabajando en realidad en un emprendimiento privado y cobrando en ambos lugares.

No menos desconocido es el tener funcionarios librados de prestar servicio al Estado para volcar ese tiempo en la militancia partidaria; en este tema nadie está libre, nadie puede tirar la primera piedra.

Es una pequeña “perversión” del sistema o podríamos llamarle “introducción a la corrupción” toleradas por todos porque “siempre ha sido así”.

¿Son necesarios los pases en comisión? A mi entender lo son para el funcionamiento de ministerios e incluso para los legisladores. Lo que se debe eliminar es el cono de sombra que permite la utilización de una herramienta del Estado para otros fines que no son el espíritu de la ley.

Dicho de otro modo, hay que trabajar y legislar poniendo los límites y los controles que hoy no existen.

Un dicho popular dice: “el dulce pica los dientes” …  y considero que en general los partidos políticos a esta altura, no sólo tienen los dientes picados, sino que se han empalagado.

Urge en estos temas, como en otros tantos, hacer públicos la nómina de funcionarios que están en Comisión, quiénes lo solicitan, para qué y establecer mecanismos de rendición de cuentas efectivos, acompañados de las pertinentes sanciones.

El mundillo de los pases en comisión es un agua en la que todos se sienten cómodos. También es generador de burocracias que se encaraman en los mandos medios de las organizaciones políticas, con todas las desviaciones que ello conlleva.

Debe llegar el momento del sinceramiento y “el mea culpa” de toda la clase política, tomando el toro por las guampas si existiera la tan mencionada “voluntad política”. Habrá que ver quién se atreve a ponerle el cascabel al gato…

Uruguay™ por Leo Pintos

Y hoy en «Aunque usted no lo crea«, el increíble caso del militante político que no tiene intereses que dependan de que su partido gane. Bueno, no podrá ser, sigue sin darse el caso. A lo largo de nuestra historia como país el Estado ha servido como botín de guerra, y ha sido el verdadero espíritu de pertenencia de los partidos políticos. Somos hijos del «hecha la ley, hecha la trampa» y nietos de la viveza criolla. En nuestro ADN como nación están la Italia caótica y mafiosa y la España cínica y embrutecida. Si el límite es 90 un uruguayo de pura cepa irá a 100 y pondrá el grito en el cielo si le multan e intentará eludir la responsabilidad de todas formas. Y es de esa cultura de la que emerge nuestra clase política. Así pues, hasta el dirigente político más intrascendente con un mínimo de poder se rige por los viejos preceptos de nuestra política: Muchos hablando de lo que hay que hacer y muy pocos haciendo lo que hay que hacer. El ejemplo más contundente precisamente es lo referido al funcionamiento de nuestra democracia. Tenemos una ley de financiación de partidos que en los hechos no cumple su cometido. Tenemos una ley que regula la publicidad electoral que incluye una rendija para que se haga publicidad sin consecuencias para quien la incumple. Hasta la Corte Electoral, el organismo que debiera velar por los controles y sancionar, reconoce que no tiene medios ni fuerza para hacer cumplir la ley. Y así todo. O sea, todo colabora para que se genere el caldo de cultivo perfecto que debilita la democracia, el contexto perfecto para el surgimiento de discursos demagógicos y fascistoides que aprovechan el descontento general de una sociedad frustrada.

Los pases en comisión están de nuevo en el foco de atención, esta vez por nuevos casos de uso inadecuado y poco transparente del instrumento, creo que se le decía amiguismo. Pero pese a ello no deberíamos centrarnos en ellos como objeto de indignación, pues usados con criterio tienen sentido de existencia. Ya que gobernantes y legisladores no pueden abarcar todos los conocimientos, convocar a su equipo de trabajo a personas entendidas en un determinado tema no debería ser mal visto. Pero cuando esa persona convocada es pagada por el erario público debiera ser un acto transparente, justificado y sujeto a normas mínimas de decoro en la función pública. El caso Jaime Clara es uno de esos que molestan y enojan. Porque siendo funcionario de un Ministerio con un pase en comisión a la orden de un legislador debiera tener un lugar de trabajo definido y con un horario a cumplir. Y en este caso en particular es inadmisible que el legislador «que pide el pase aduzca que la tarea principal del solicitado es enviarle tres noticias a su celular para saber de lo que se habla. Y en el caso del Senador Mieres, que su discurso principal es dejar atrás la vieja política, molesta el doble. Son actitudes como esas las que predisponen a la opinión pública en contra de la democracia y la política.

El amiguismo, el tráfico de influencias, el uso discrecional de dineros públicos -ya sea para comprar un colchón o para el sueldo de un pase en comisión mal utilizado- son también actos de corrupción. Y para resolver el problema de la corrupción en Uruguay, Uruguay tendrá que asumir el problema de la corrupción, y eso es algo que parece no estar próximo a suceder.

Controversias de legalidad, oportunidad y ética por Oscar Mañán

Recientemente se reabrió un viejo debate sobre los pases en comisión en el Estado, particularmente por un informe periodístico que exponía a un asesor de un candidato presidencial que ostenta un llamativo multi-empleo.

Dos leyes conforman el marco legal de los pases en comisión. El art. 15 de la Ley 19.149 que autoriza traslados de funcionarios públicos de organismos estatales y no estatales a desempeñarse en comisión como asistentes de presidentes, vicepresidentes, ministros y legisladores. Por su parte, la ley 18.046 hace lo propio con pases en comisión destinados a asistentes de los intendentes municipales. Hasta aquí la legalidad que también está limitada al término de la administración con una posible extensión.

La ley tiene una función cuya lógica puede entenderse en el contexto de una burocracia pública weberiana de carrera, misma que tiene cierta rigidez y cuyas oportunidades de redistribución transversal de personal son limitadas. En este sentido, la posibilidad de que dependencias del Estado, ya sea del poder legislativo, ejecutivo, judicial o gobiernos municipales pudieran nutrirse de personal en determinadas condiciones no necesariamente es contraproducente. Sin embargo, la utilización poco transparente o ética de este mecanismo, excepcional por naturaleza, pensado para disponer de personal cuya experticia o profesionalización sean necesarios en algún lugar diferente al que trabajan en determinado momento, termina cuestionando el instrumento.

El último Informe del Observatorio de Gestión Humana del Estado presenta que los pases entrantes en comisión para el 2018 fueron 1.895, los cuales el 45,2% se encuentran en el Poder Ejecutivo, el 24,3% en el Legislativo y 19,4% en los gobiernos departamentales. Otra discusión que se abre paso es si todos esos pases en comisión se hacen por razones vinculadas a la eficiencia de la gestión del estado y la importancia de tales funcionarios para las tareas por las que se pide activar este mecanismo. Es decir, responder la pregunta si tanto los ministros, legisladores o la misma Presidencia de la República (que concentra la mayoría de tales pases en comisión) operan motivados por razones de buena administración o por otras clientelares.

Otro aspecto menos referenciado es el impacto de este mecanismo en la carrera administrativa o el efecto que causa en aquellos lugares donde se pierden funcionarios y se deben seguir cumpliendo tareas indispensables a pesar de las bajas de personal. La carrera administrativa del Estado se encuentra deteriorada hace años, en especial por estrategias de achicamiento del Estado o disminución generalizada del gasto, decretos de no ingreso a la administración o que limitan el llenado de vacantes (i.e: el gobierno de Battle prohibió la entrada de funcionarios y últimas rendiciones de cuentas autorizan llenar una vacante cada tres generadas). El no llenado de vacantes, sumado a la no realización de concursos sistemáticos de ascenso, o el mismo sangrado de funcionarios que genera el abuso de los pases en comisión conforman una carrera administrativa deformada, poco eficaz y menos eficiente en sus cometidos.

La utilización indiscriminada de este mecanismo pone en tela de juicio la ética política, sin embargo, una aseveración de este tipo es tan difícil de probar como también lo es las buenas razones que a menudo justifican el pedido de pases en comisión.

La ley y la trampa por Cristina de Armas

A lo largo de cada legislatura se escuchan cuestionamientos a lo que se interpreta como beneficios de los parlamentarios que parecen y aparecen como desproporcionados. Así, en general ante una publicación de prensa que da luz sobre cifras y costumbres se pone en tela de juicio a las partidas para secretarías, para prensa y hoy ponemos atención a los pases en comisión. Son parte de una ley de los años 50 que viene siendo discutida desde los años 50 y que ha sufrido alteraciones a lo largo del tiempo pero que en su espíritu, parece inalterable. Ese espíritu no es otro que aportar a quien llega a ocupar un cargo la posibilidad de rodearse de gente que le pueda asesorar en distintas materias que involucran a su cargo y que no tiene por qué ser entendido en todos. Dicho así, es una joyita, especialmente si además se le dice a la población que al Estado no le cuesta un peso más porque esas personas en comisión siguen ganando el mismo sueldo y pago por el mismo lugar de origen, cualquier organismo estatal. Tiene sentido, recordemos que para ser electo no es necesario ser técnico en materia alguna. No son sólo los legisladores quienes tienen derecho a pases en comisión, lo mismo sucede con presidencia, ministerios y entes, pero es sobre los legisladores sobre quienes existen más cuestionamientos debido al uso que hacen en realidad de este beneficio legal. En general se pone más atención a los propios pases en comisión ya que continúan cobrando su sueldo del sector estatal de donde proceden sin presentarse a trabajar y sin tener horario de trabajo. Aparece ante la sociedad y ante el resto de funcionarios como una ventaja desleal. No vamos a discutir que hay gente que sueña con ser un pase en comisión. Pero hay pases en comisión que son realmente asesores, que pasan su tiempo en los despachos, es más, que son los verdaderos autores de muchos de los proyectos de ley que plantean los legisladores, que saben de su materia, que intentan solucionar situaciones en ella y utilizan la ventaja que les da la cercanía a un legislador para poder llevar adelante o por lo menos presentar ideas que de otra forma les sería imposible. Existen muchos anónimos detrás de excelentes proyectos de ley firmados por legisladores. Esos son legisladores inteligentes, los que no temen rodearse de gente inteligente. Pero hay quienes hacen trampa a la ley y entonces utilizan los pases en comisión para hacer favores a amigos o los utilizan con fines políticos electorales solicitando pases para gente que les aporta a la campaña ya sea económicamente como en militancia o para familiares de estos. Los pases en comisión duran lo mismo que el período de quien los solicita, cinco años, pero pueden continuar si éste es reelecto.

Hoy es cuestionado el periodismo no sólo por sus pases en comisión, su cruce de línea hacia la política. La militancia de ciertos periodistas ya no tiene tapujos, es abierta y explica muchas veces lo que ya no es periodismo, es discurso, cada vez más hay menos lugar para el periodismo realmente independiente. Para el público es orfandad, para la Democracia, un peligro. «Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala». Albert Camus.

De comisiones y cometidos por Rodrigo da Oliveira

Nuevamente saltó el tema pases en comisión, referido a un conocido comunicador y a un Senador de la República. La situación de dicho profesional ya era públicamente conocida, aunque tal vez no con la masividad que tomó en los últimos días.
Personalizar el tema posiblemente no aporte demasiado, sería llover sobre mojado y ensuciar más aún a personas, cuando en realidad no es el fondo del tema.
Un sinnúmero de profesionales de diversas áreas prestan funciones en las secretarías de los legisladores, muchos de ellos sin concurrir más que esporádicamente a dichos lugares, hasta por una cuestión de funcionamiento lógico. Abogados, economistas, educadores, etc., gran parte de ellos tienen mejor desempeño fuera de esos ámbitos que dentro de los mismos. La lista es larga y cada caso podría prestarse a un análisis más profundo. Tal fue el caso de la reforma que intento llevarse a cabo durante la Administración Batlle, posiblemente el único momento en que se pretendió modificar el sistema de pases en comisión en forma seria. Fue tal la cantidad de variantes que encontraron al analizar la situación que se optó por dejarlo como estaba, además por el hecho de la poca receptividad encontrada en el sistema político todo. El Dr Ramela lo recordaba hace pocos días en una de sus tertulias habituales, denotando un cierto sabor amargo por otro tema en el cual se intentó y no se lograron resultados tangibles.
Podríamos una vez más analizar el tema desde la mirada del funcionariado en general y sus pros y contras. El debate a darse debe ser ese, enmarcando la situación de los empleados públicos en comisión dentro del todo, aunque alejado del período electoral y visto desde la óptica de las nueva relaciones laborales que vendrán y que deberán incluir al sector de trabajadores públicos de nuestro país.
Tarea nada sencilla será incorporar al sector sindical, si se quiere realizar algo trascendente y abarcativo. Quién esto escribe cifra poca o ninguna esperanza en lograr algún tipo de solución que pretenda la modernización del Estado, dados los antecedentes conocidos. El clientelismo político y la cautividad del sector para con su sosías gremial tornan tan difícil su encare como una resolución efectiva que sirva a todos como sociedad.
Una vez más, personalizar estos temas solo llevaría a bajar el nivel de un debate imprescindible y que deberá ser tomado por alguien que muestre algo de estatura de jefe de Estado. ¿Suena utópico? Pues bien, a tantas ideas le hemos encendido velas y tan caras nos han salido, que bien podríamos soñar con alguna administración que genere, proponga y resuelva cuestiones importantes para todos y por algo más del período de gobierno en curso.
Requerirá amplias mayorías y miras elevadas, ¿estaremos a la altura en algún momento?
La búsqueda de consensos debería ser algo más útil que para evitar cuestionar legislativamente a vicepresidentes caídos en desgracia o esquivar discutir leyes como la de enriquecimiento ilícito, ¿no les parece?

Honestidad política por Melisa Freiría

Un informe periodístico honesto sobre los pases en comisión difícilmente se centraría de forma única en el Partido Independiente cuando hay al menos 1895 pases en el Estado, siendo el Poder Ejecutivo el que cuenta con mayor proporción 45.2%. Así como también es difícil de creer que alguien con la capacidad de pensar por sí mismo le pida a un senador que renuncie, a pesar de ser de los pocos que cumple al 100% con su trabajo durante todo el período. Con eso ya podemos hacernos una idea de qué esperar recibir en esta campaña para el único partido de centro izquierda de la oposición, justo cuando retoma su crecimiento en las encuestas.

Dejando de lado el caso particular que dio el puntapié inicial para este debate, la herramienta de los pases en comisión sin dudas debe ser revisada. Los parlamentarios piden un pase y éste no puede ser negado. Una vez desempeñando sus funciones en comisión, quien pidió el pase debe informar si la persona cumple las tareas asignadas y cobrará el mismo sueldo que cobraba en el lugar que fue contratado originalmente. No continúa cumpliendo un régimen de horas, sino de asesoría. Por este motivo, el mecanismo permite que se cobre un sueldo por ocho horas pero en realidad no tiene necesidad de cumplir horario mientras cumpla las tareas que se le asignaron. Es legal, no por eso es correcto ni eficiente.

Desde la prensa consultaron a Alberto Scavarelli –ex colorado y desde 2014 frenteamplista, nombrado en 2015 Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil – y terminó asumiendo que “nadie puede controlar a un legislador”. También tenemos el ejemplo de Daniel Mesa –ex subdirector de la OPP en primer gobierno de Vázquez y responsable de la unidad de Presupuesto del Ministerio de Economía en el gobierno de Mujica- quien afirma que “Es una práctica arraigada hace tiempo, un factor más que contribuye al caos del Estado” pero los considera un mal menor. Estos son los típicos pensamientos conformistas que no necesitamos para reformar el Estado y cuidar el dinero de todos.

Los asesores del parlamento a mi entender requieren de idoneidad y/o confianza del legislador según el caso. Como decía Conrado Ramos, referente del Partido Independiente, el Legislativo debería tener su propio presupuesto para asesorías y unidades de apoyo a parlamentarios para servir de soporte técnico. De esta forma se evita tener funcionarios que fueron contratados para cumplir un rol en alguna repartición del Estado, cobrando por ello pero realizando otras tareas, o ninguna… total nadie controla. Nuevamente, es legal porque es el mecanismo actual previsto en la norma pero no es un uso eficiente de los recursos públicos y eso no debiera dejarlo de mencionar un partido que siempre reclamó y trabajó duro por lograr mayor transparencia.

De los principales problemas que tenemos en el Estado es justamente que se ha deteriorado la función del control. Si estos funcionaran correctamente nos ahorraríamos muchos problemas no sólo de gestión, sino también a la hora de aplicar políticas y lograr su eficiencia en los objetivos. Mayor cuidado por lo público, mejores controles y un poquito más de honestidad.

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