Una aproximación racional hace difícil comprender que en un país territorialmente pequeño y escasamente poblado, sean necesarias 19 circunscripciones de gobierno departamental, dotadas de altos niveles de autonomía.
Existen especificidades locales territoriales, sociales y de expresión cultural.
Esas especificidades no son suficientes para generar diferencias notorias en la ciudadanía. Los uruguayos un país de gobierno nacional unitario, que proporciona a sus jóvenes programas educativos únicos, brindados por un aparato educativo centralmente dirigido, con un siglo y medio de antigüedad.
La política nacional – así como el futbol – atrae el interés de todos los uruguayos y genera fervorosos sentidos de pertenencia. Hasta hace poco tiempo las familias ostentaban sus divisas y esa pertenencia condicionaba las decisiones individuales. La segunda mitad del S XX habilitó el debilitamiento relativo de esos lazos de pertenencia heredados y ha sido frecuente la adhesión a nuevas corrientes políticas nacionales.
La ruptura del bipartidismo reinante de blancos y colorados y los efectos del período de dictadura, habilitaron que el Frente Amplio se convirtiera en una tercera corriente nacional que hoy concita también adhesiones con alta carga emocional.
En ese panorama de política nacional, caracterizado por adhesiones políticas fervientes y liderazgos notorios, se inserta la necesidad de atender a elecciones en el nivel departamental. En ellas debe optarse por personas para que ejerzan un rol ejecutivo y por legisladores que definan las normas que rigen la vida cotidiana de cada Departamento, casi como si Uruguay fuera un estado federal.
Más importante aún, a nivel departamental debe optarse por políticas de cuidado y uso de los recursos naturales, sociales y culturales. Los gobiernos departamentales gozan de altos grados de autonomía para definir y realizar acciones en el territorio departamental, en el marco general establecido por las políticas y normas nacionales.
Los límites territoriales departamentales no son suficientes para evitar los efectos frecuentemente contradictorios debidos a la falta de coherencia de administraciones limítrofes.
En una frontera entre departamentos pueden darse contradicciones serias, como entre el estímulo a la agricultura orgánica de pequeños productores en uno de ellos a la vez que en el lindero se alienta al desarrollo de agricultura en gran escala, con uso de fertilizantes y pesticidas contaminantes del entorno. Imaginemos los problemas de gestión de ciudades que trascienden los límites departamentales. Estuve personalmente presente en debates entre jerarcas de Montevideo y Canelones referidos a la gestión de Avenida Italia, arteria que los vincula. Montevideo argumentaba que no debía dimensionarla para el área metropolitana, que “los de Canelones que entraban masivamente en Montevideo” eran los responsables de los embotellamientos y que el problema debía ser encarado en Canelones, con el agravante de que ambos gobiernos eran del mismo signo político en la escala nacional. Un gobierno puede aceptar la más dañina de las inversiones extranjeras en su territorio y el departamento lindero o el que esté aguas abajo sólo tiene la alternativa de hacerse cargo de los daños.
Los cargos de ediles, de secretarios generales de intendencias y de intendentes configuran algo parecido a la “carrera de los honores” en la antigua Roma. Sólo que no hay evaluación de las gestiones y hay una clara omisión de partidos y organismos de control estatal en hacer públicas sus observaciones.
En la escala local (departamentos y municipios) compiten personas y es clave su estructura de relacionamiento, sus claves personales, aún bajo la carpa grande de partidos políticos nacionales. No compiten metas territoriales ni programas de acción: pocas veces se los conoce, aún en Montevideo. Si los hay, pocas veces resultan de procesos democráticos de definición de prioridades, ni el gobierno electo hace en base a ellos su programa de gobierno.
A escaso tiempo de las elecciones de gobernantes departamentales el ambiente político ha culminado la definición de candidatos. Deben ahora nombrar a sus equipos, para que reunidos elaboren metas y objetivos de la gestión y planifiquen su ejecución. Es evidente que, en aquellos departamentos en los que no se estaba gobernando, el tiempo de diagnóstico y planificación no es suficiente y es muy factible que se caiga en la improvisación, en la selección de obras y acciones generadoras de votos. Poco se consideran los cambios necesarios en el medio y largo plazo de las áreas en gestión.
¿Qué Montevideo planeamos hoy (atravesado por una vía de ferrocarril que aumentará su fragmentación); que Durazno (con el gigante de UPM2 pegadito), que Canelones (hacia la que se expande continuamente el área metropolitana y sus centros poblados constituyen con Montevideo una sola ciudad que atraviesa un límite departamental)?
La Ley de Ordenamiento Territorial establece la posibilidad de trabajar regionalmente. No se ha usado debidamente este instrumento.
Concluyo que es necesario rever el nivel gubernamental de segundo orden: desde las elecciones departamentales y municipales que están mal ubicadas en el calendario general y se hace necesario jerarquizarlas y habilitar en ellas ejercicios auténticos de democracia, hasta las divisiones departamentales que responden a la vida política del S XIX. Es necesaria una nueva regionalización; es necesaria la revisión de las autonomías departamentales en materia impositiva y territorial, y es imprescindible enmarcar decididamente los proyectos y planes departamentales en la planificación macro del desarrollo nacional.
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