La Ley 18.437, también conocida como “Ley de Educación”, aprobada en 2018, fue un texto que nació sin padres. Los únicos legisladores que la votaron, fueron los del FA, y muchos de ellos a “regañadientes” ya que iba a contrapelo de lo que siempre habían sostenido en diversos espacios sociales, culturales, académicos y políticos. No olvidemos que la “autonomía y el cogobierno” en todos los sectores de la educación, es un postulado histórico en sectores como el Partido Comunista, el MLN, el PVP y una amplia porción del Partido Socialista.
Sumado a esto, en el Congreso Julio Castro, las recomendaciones en ese sentido eran claras: toda la educación debía ser autónoma y cogobernada.
Apenas promulgada, fue combatida por los sindicatos estudiantiles y de trabajadores de la enseñanza que la vivieron como el ejemplo de una promesa no cumplida y sobre todo, una “traición” a lo emanado del Congreso de Educación que se había convocado.
Quienes redactaron la ley y la promovieron en medio de negociaciones internas, se quedaron mudos y lentamente pasó a ejecutarse. Esto se hizo de una manera lenta y confusa: se negoció dentro de la fuerza política de gobierno (donde también operaban los actores sindicales), se designaron autoridades de acuerdo a equilibrios políticos y electorales y se abrieron instancias de de participación social con una multiplicidad de actores (sin agendas concretas, ni metas cuantificables y escasísimo poder de incidencia real en la toma de decisiones).
3 características de la ley 18.437
La Ley 18.437 tiene tres características centrales:
- Un avanzado marco de fines y principios, alineado con los convenios internacionales firmados por Uruguay, tanto en la protección social y educativa de la infancia, como en la construcción de acciones para el desarrollo de los derechos humanos. Laicidad, participación, obligatoriedad hasta la secundaria media superior, inclusión, perspectiva de género… son algunos de sus logros más destacables. En este sentido, todo el gobierno de entonces y gran parte de la oposición, apoyaron los fines y principios.
- La incorporación al gobierno de la educación de representantes de los docentes. Estos quedan en minoría con respecto a los designados políticamente y no son directamente elegidos por las organizaciones sindicales, sino por los docentes, en elecciones universales y obligatorias.
- La generación de un entramado de gobierno donde se organizaron decenas de comisiones locales, departamentales y nacionales, que abordaban desde temas específicos (educación para el arte, la ciencia, las tecnologías) hasta instancias con representación multisectorial a nivel departamental y nacional. En estas comisiones, la característica es su confusión temática e institucional. Se establece una sumatoria de actores de diferente nivel de representación y como sugieren o articulan proyectos cuya ejecución termina dependiendo siempre de instituciones independientes (ANEP, Consejos Desconcentrados, UDELAR, UTEC, MEC), terminan por tener escaso o nulo poder concreto de cambio en la realidad educativa nacional.
Esta última característica, que llevó al desarrollo de una institucionalidad de poderes bloqueados y segmentados, nos permite pensar que es el punto más negativo de la ley 18.437 y donde se debe poner el acento para los cambios.
La fragmentación, el bloqueo y la falta de políticas centrales que permitan la transformación estructural del sistema, es uno de los aspectos señalados por los informes internacionales (Informes Terce y Serce de la UNESCO, informes PISA, etc.) pero también por los sucesivos informes del INEED.
Aunque sea doloroso, sobre todo para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, también en los resultados referidos a logros académicos y promoción a niveles superiores de educación media, esta Ley y el organigrama que cobija y promueve, son parte del eslabón de la reproducción más injusta imaginable en el acceso a los bienes culturales y sociales que la educación nacional, por mandato constitucional, debe proponer.
Algunos ejemplos del fracaso de la ley 18.437
- Inclusión Educativa. El principio de inclusión marcado por la ley hace 12 años, lejos de avanzar estructuralmente, se fue aplicando gracias a proyectos puntuales de los Consejos Desconcentrados, sin evaluación ni seguimiento.
- INEED. La idea de generar un espacio independiente del poder político que tuviera insumos para dar a los tomadores de decisiones, terminó siendo un espacios de tensión, donde los órganos evaluados bloquearon y negaron los productos académicos del propio Instituto.
- Rango Universitario de la Formación Docente. Tras 12 años de trabajo y la inversión más grande en la historia del país en formación docente, se siguen repitiendo tasas increíblemente bajas de aprobación de las carreras de formación docente (11% en profesorado) y rezagando el carácter universitario de la Formación de Maestros, Profesores y Maestros Técnicos. Uno de los ejemplos más dolorosos para el país se pudo percibir el año pasado, cuando luego de tres años de trabajo entre docentes y estudiantes, para el cambio de planes de estudio en la Carrera de Educación Social, el CODICEN de la ANEP, no aprobó los cambios que había promovido.
- Falta de una mirada curricular común de 3 a 14 años. Uruguay tienen distintos programas y distintos planes, para el sector común de la educación. Cada Consejo (Inicial y Primaria, Secundaria y UTU), se manejan en forma independiente y descordinada.
- Los cambios, como el PLAN CEIBAL, se generan como proyectos externos a la propia estructura. Solo así se pueden explicar las enormes diferencias de involucramiento entre instituciones y Consejos, todos dependientes de la misma ANEP, pero cada uno manejándose a un ritmo diferente y en algunos casos, llegando directamente a la negación tácita del PLAN CEIBAL.
En síntesis, la Ley de Educación 18.437 no es el único factor que explica las enormes dificultades en la construcción de una política educativa nacional inclusiva, de calidad y que responda a las necesidades y derechos de todos nuestros ciudadanos. Pero sí, su concepción del organigrama de gobierno y el resultado híbrido que sostiene al statu-quo burocrático, es una de las piedras angulares del problema.
Hay sectores que se opondrán siempre a cualquier cambio que no implique el gobierno directo de los docentes y la total autonomía. Esto se da ahora con la LUC, pero, como dijimos anteriormente también se dio conl a ley 18.437. Otros grupos de poder, tienen en la actual Ley de Educación y en la organización del sistema que ella determina, el resguardo a formas de trabajo segmentadas y que inhiben cualquier instancia de rendición de cuentas, generación de proyectos a largo plazo y construcción de un verdadero sistema educativo articulado.
Finalmente, hay un amplio abanico de educadores, familias, estudiantes y actores políticos, que entendemos que el cambio de esta ley es un paso fundamental para pensar un sistema educativo integrado, profesional, republicano e inclusivo, de cara a las necesidades del siglo XXI. Sobre esos cambios y cómo se reflejan en el proyecto a estudio del Parlamento, hablaremos en la nota de la semana que viene.
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