(Acuerdo histórico en ONU)
En junio de 2017 después de una semana de exposiciones e intercambios, se cerró la primera Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el uso de los océanos, los mares y los recursos marítimos para el desarrollo sostenible. Entre sus conclusiones se hizo un llamado a la acción de todos los paises miembros, comprometiéndolos a definir en Conferencias futuras, objetivos concretos y soluciones innovadoras con base científica, a fin de cumplir con los mismos en el año 2030.
Los principales objetivos se centraban en poner fin al conflicto entre actividades económicas y la salud de los océanos, construir alianzas basadas en marcos legales existentes sobre Áreas Marinas Protegidas (AMP), procurar una gestión sostenible de la pesca en la denominada “alta mar” y destacar la importancia de la interfaz política científica. Este último objetivo, se refiere a la necesidad de que los políticos presten mayor atención al asesoramiento científico y lo usen como base para la toma de decisiones.
Los océanos cubren el 70% de la superficie de la tierra y son el hogar del 80% de toda la vida en el mundo, correspondiendo a la biósfera más grande de nuestro planeta y siendo además un lugar donde se producen alimentos, minerales, recursos energéticos y puestos de trabajo vitales, para que la vida perdure y prospere.
Diversas actividades humanas desarrolladas en las últimas décadas aceleraron peligrosamente el deterioro oceánico con diversas formas de contaminación, la pérdida de biodiversidad, la pesca indiscriminada y sin control en la alta mar, entre otras muchas, que comprometen el Desarrollo Sostenible: “Vida Submarina”, adoptado en 2015 por los Estados Miembros en la Asamblea de las Naciones Unidas.
A tales efectos, se convocó a otra Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos para el 2020 en Lisboa, Portugal, la cual se canceló debido a la pandemia de coronavirus.
No obstante, la misma se llevó a cabo en julio de 2022 fracasando en su objetivo de alcanzar un “acuerdo”, a fin de lograr para el 2030 el 30% de la superficie de la “alta mar” en los océanos, como “Área Marina Protegida” (AMP), más allá de ciertos compromisos “voluntarios” asumidos por más de 100 Estados.
Estos paises, entre los cuales está Uruguay, se comprometieron adoptar algunas medidas de conservación “exclusivamente” en sus aguas jurisdiccionales, o sea hasta un máximo de 200 millas, límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los paises ribereños.
Por otra parte, en diciembre de 2022 se cerró la cumbre sobre biodiversidad de la ONU en Montreal, Canadá, tras un acuerdo por el cual los 195 paises reunidos para intentar revertir la pérdida de la diversidad, entre otras metas, incluyó en su declaración la protección y restauración del 30% de las zonas terrestres y marítimas del mundo. Si bien el Tratado de “Alta Mar” no lo consideró vinculante está en la misma orientación.
La “alta mar” en los océanos, se encuentra más allá de las 200 millas de la ZEE de cada país y es el espejo, columna de agua y eventualmente lecho y subsuelo que no se encuentra bajo la completa jurisdicción de ningún Estado. Esta superficie representa alrededor del 60 % de los océanos del mundo y casi la mitad del planeta y su conservación se sigue comprometiendo.
Por tal razón, los Estados miembros de Naciones Unidas, decidieron hacer todos los esfuerzos posibles para acordar la protección de los océanos a nivel mundial. A tales efectos, la mayoría de los paises están también decretando voluntariamente AMP en aguas de su jurisdicción exclusiva, a fin de brindarles una mayor protección medioambiental y de sus recursos naturales, además de contribuir a conservar el 30% de la totalidad del mar.
Uruguay estuvo de acuerdo con esta visión en junio de 2022, según lo afirmó el entonces ministro de Ambiente Adrián Peña, quien asistió en Lisboa a la II Conferencia sobre Océanos de Naciones Unidas. Fue así, que se resolvió incrementar las AMP de Uruguay en su jurisdicción del 0,7 % a un porcentaje que se fijó en 10 % para diciembre del año pasado, de acuerdo con una “hoja de ruta” denominada “Uruguay Azul 2030”, que permitiría llegar a la meta del 30% a fines de esta década con un proceso de planificación espacial marina, en el marco de los objetivos de Naciones Unidas.
Sin embargo, aún seguimos con menos del 1% de AMP en nuestras aguas, a pesar de que “el mar uruguayo se encuentra entre los sitios de concentración de biodiversidad marina de mayor importancia a nivel mundial debido a sus características oceanográficas”, según afirmó el propio exministro Peña.
No obstante, Uruguay, si bien está entre los paises con menor porcentaje de AMP en el mundo, debería considerar diversos elementos claves del punto de vista científico, comercial, etc. antes de fijar porcentajes, dimensiones y restricciones de cualquier AMP, pues tampoco puede prohibir en las mismas diferentes actividades extractivas, de exploración, explotación o de servicios a la navegación, entre otras.
Este fue un punto muy debatido, cuando ONU estableció el 30% a nivel océanos como un porcentaje fijo, más allá de las características de las diferentes zonas a proteger por cada uno de los paises ribereños, pues no existían suficientes resultados para hacer un análisis sobre su implementación. En ese sentido, diversas Organizaciones de Ordenamiento Pesquero (OROP) de varios paises del hemisferio norte, que gestionan el sistema de pesca en alta mar, han implementado efectivas medidas de conservación y pesca sustentable reconocidas por sus resultados, por lo cual ONU tuvo que incluir cláusulas de exclusión.
Por ejemplo, en nuestro caso, tendríamos que analizar a fondo en que categoría podría entrar como AMP, a pesar de no estar en la alta mar, o que ajustes podrían eventualmente corresponder a la “ZONA COMUN de PESCA” argentino-uruguayo, establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Este es un excelente ejemplo de cooperación para el control y la sustentabilidad de la biodiversidad marina, en un área marina perfectamente delimitada y que desde hace 50 años es gestionada por dos paises ribereños en el marco del antes citado Tratado Internacional.
Mencionamos el ejemplo anterior, pues en esta instancia, para agilizar la incorporación de las AMP al sistema mundial de protección, no se incluyeron las actividades humanas como la pesca, entre otras, pudiendo inicialmente, continuar sin tener que acatar los estándares de impacto ambiental del Tratado de los Océanos, pero a vistas de “reformarlas en el futuro y fortalecer la administración de las mismas”. Este tema tendría que estar preocupándonos a nivel pais y ocupándonos a nivel gobierno, ya sea en la alta mar o en la Zona Económica Exclusiva.
Por otro lado, se están destinando por algunas potencias del hemisferio norte elevados montos de dinero para protección de los océanos, algunos anunciados en la Conferencia “Our Ocean 2023”, en marzo del corriente y que estarían destinados a investigación científica, contaminación, cambios climáticos y su incidencia en los océanos, pesca sostenible, seguridad marítima, etc.
Se “espera” poder achicar la brecha por falta de transferencia de tecnología, mayormente en manos privadas y con derechos de propiedad, y disponer de ciertas garantías para que los más desarrollados apoyen a las naciones con menos recursos.
Este es el principal reclamo de muchos paises, como el nuestro, que atesora una inmensa biodiversidad marina y lamentablemente no dispone de un solo buque científico con un laboratorio a bordo y cada vez menos científicos y personal técnico especializado en el país.
Por lo tanto, es esencial asegurarse de que los apoyos prometidos lleguen a destino y no sólo cumplir con postulados, algunos de los cuales carecen de evidencia empírica y requieren medios logísticos y científicos para su comprobación.
Estas inversiones permitirán no sólo contribuir a la protección de los océanos, sino contar con un mayor conocimiento de estos, a fin de hacer una gestión informada en el marco de una “Economía Azul”, como parte crucial de la seguridad futura de la humanidad.
Sin dejar de tener muy presente lo antes expresado, la noticia del “acuerdo de la alta mar” del punto de vista marítimo, se destaca por la importancia histórica que adquiere a nivel global, pues nos referimos al empleo futuro de un porcentaje de ese espacio marítimo, que es patrimonio común de la humanidad, pero al cual no todos pueden acceder. Actualmente, es un gran vacío estratégico, sin control alguno en casi toda su extensión. Luego de la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” de 1982”, este acuerdo puede adquirir especial significado como uno de los hitos más relevantes para el control del mar en los últimos 40 años. Dicho “acuerdo” se alcanzó en la reciente Conferencia de los Océanos, llevada a cabo en Nueva York durante 10 dias sobre el “Tratado de los Océanos” y que concluyó el 3 de marzo pasado.
Luego de la Conferencia antes citada, siguieron intensas deliberaciones, diálogos y negociaciones en una larga y maratónica jornada de 38 horas, que finalizó el sábado 4 de marzo en la noche, en que se arribó a un documento de consenso.
Este acuerdo mundial sobre los océanos es un “Tratado de Alta Mar”, logrado en algo más de un lustro, un tiempo mínimo en consideración a su alcance, lo cual podría dejar planteado, que algunos puntos hubiesen requerido acuerdos más elaborados, para contemplar en forma más justa los intereses de todos los paises.
Fue negociado con el telón de fondo de diversos actores con intereses contrapuestos, como ONGs ambientalistas con sus respectivos lobbies, multinacionales con miles de patentes registradas relacionadas con los recursos genéticos de plantas, moluscos o peces, que se emplean para industria farmacéutica y que en el futuro serán considerados “Patrimonio de la Humanidad”.
Todo esto nos deja la duda razonable, llegado el momento de repartir los beneficios, acerca del grado de equidad que se podrá lograr, en consideración a que los paises desarrollados son los únicos que disponen de la tecnología necesaria para extraer las múltiples riquezas de las grandes profundidades oceánicas y cuyas patentes deberán ser objeto de análisis.
Sin embargo, reconocemos que se dio un primer paso muy importante para el futuro de los océanos del planeta. Ahora queda esperar se inicien los tiempos de ratificación para la puesta en vigor del Tratado y las aprobaciones que correspondan a nivel nacional por cada uno de los Paises Miembros. Asimismo, se deberán conformar las reparticiones técnicas y científicas a nivel internacional para su supervisión, control y eventuales ajustes en procura de la mayor equidad, lo cual va a exigir muchas negociaciones y una presencia calificada de quienes representen a los paises.
Seguramente, se va a requerir también a nivel nacional de un “órgano coordinador, de supervisión y asesor” directo del Poder Ejecutivo, debidamente especializado en muchos aspectos relacionados con los espacios marítimos, a fin de incluir, no sólo ésta, sino todas las diversas actividades desarrolladas en nuestro mar, ríos y lagunas, que se encuentran dispersas en diferentes ministerios y sin ningún tipo de coordinación centralizada.
Este requerimiento a nivel país, se está haciendo cada vez más necesario, desde que ONU autorizó en 2016 la incorporación de la Plataforma Continental a nuestros espacios marítimos y que la “Pradera Azul”, pasó a ser mucho más extensa que la superficie terrestre.
En suma, los espacios marítimos oceánicos, requieren asumir políticamente la importancia de su dimensionamiento y el valor de la soberanía de los mismos, su conocimiento científico y una planificación y atención con políticas públicas focalizadas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento, conservación, protección y desarrollo en beneficio de toda la sociedad.
El siglo XXI nos obligará a dejar de darle la espalda al mar!
(*) Almirante (R)
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