¿Salvar vidas o castigar culpables? por Hoenir Sarthou

Una duda comienza a rondar en muchas cabezas.

¿Por qué, cuanto más se habla de violencia “de género”, cuando se votan nuevas leyes para reprimirla, se crean comisiones “de género” en todos lados, se aprueba la figura del femicidio, se convocan marchas multitudinarias y se abunda sobre el tema en los medios de comunicación, la violencia y los femicidios no disminuyen sino que parecen aumentar?

¿Por qué el mismo 8 de marzo, en plena euforia de la marcha, y en los días siguientes, hasta el pasado martes, se produjeron varios femicidios?

Tal vez no sea para extrañarse. En España, país que tomamos como modelo (nuestra reciente “ley integral contra la  violencia basada en género” es casi una copia de la española), los femicidios también aumentan, tanto según cifras oficiales como según las de las organizaciones feministas, que habitualmente contabilizan el doble de casos que los oficialmente registrados.

Con esos datos, se puede sospechar que el  tratamiento dado a la llamada violencia de género es ineficaz, o incluso contraproducente.

Era obvio que la figura del femicidio no evitaría muertes, porque el asesinato de la pareja es un típico delito pasional (por oposición a los delitos especulativos, en que el delincuente sopesa el beneficio que espera obtener con el castigo al que se arriesga). En el femicidio, de regla, el criminal no especula ni intenta evadir el castigo. De hecho, a menudo se suicida y casi siempre tiene en mente matarse luego de matar, por lo que una pena mayor no lo disuade.

Muchos nos preguntamos si la constante difusión de las muertes, y las expresiones públicas de dolor o de ira que las acompañan, no terminan naturalizando esa violencia y contribuyendo a multiplicarla.

Los suicidios no se difunden en la prensa, porque la difusión mediática estimula a otras personas a atentar contra su propia vida. ¿Será muy loco pensar que con el femicidio esté pasando lo mismo?

Es muy probable que una política eficaz contra la violencia de género requiera tratarla como parte de la violencia general creciente en la sociedad. Sin embargo, aun si se insiste en tratarla como tema específico, es necesario analizar si el diagnóstico que de ella se hace es acertado y si el tratamiento que se le prescribe es eficaz. Y hay razones para pensar que no. Que el diagnóstico es equivocado y, por tanto, el tratamiento es inútil, o incluso contraproducente.

Hace pocos días hice esa afirmación en un intercambio virtual y alguien me “desafió” a que propusiera un tratamiento alternativo. Lo que sigue, ligeramente editado, es lo que contesté.

Creo que la clave estaría en:

1. PROTEGER EFECTIVAMENTE A LAS VÍCTIMAS.

Dada la ineficacia de las órdenes de “no acercamiento” y de “retiro del hogar”, sería necesario montar un sistema efectivo de refugios bien custodiados, donde puedan alojarse transitoriamente las potenciales víctimas y sus hijos. Sería ideal contar con vehículos colectivos custodiados, para llevar a los niños a la escuela y a las mujeres a trabajar en los casos en que ello sea posible. Otro mecanismo que resulta bastante eficaz son los dispositivos electrónicos, pero son escasos. Estimo también que quienes pidan refugio o protección deberían someterse a evaluaciones psicológicas y sociales obligatorias. Todo eso cuesta plata, pero es indispensable si realmente se quiere prevenir las muertes y no hacer “saludos a la bandera”.

1. ESTUDIAR Y TRATAR AL DENUNCIADO/A.

Nuestro actual sistema se limita a considerar al denunciado una especie de monstruo al que hay que sancionar simbólicamente, sin estudiar su caso ni tratar de recuperarlo. Y los resultados hablan por sí mismos.

Ante toda denuncia de cierta gravedad y con apariencia de veracidad, junto con dar refugio a la presunta víctima, se debería imponerle al denunciado o denunciada una evaluación psicológica seria, que pueda ser supervisada por un profesional de su confianza para garantizar la imparcialidad. La negativa a someterse a esa evaluación debería ameritar medidas compulsivas, incluso la privación preventiva de libertad. Si la evaluación indica peligrosidad, el tratamiento y seguimiento por parte de técnicos y grupos de apoyo debería ser también obligatorio, hasta que una nueva evaluación indique la disminución del riesgo.

1. EL PODER JUDICIAL NO PUEDE SER EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.

La piedra angular de todo esto es que el Poder Judicial no es el ámbito adecuado para actuar como primer  -y mucho menos único- nivel de atención.

El Poder Judicial está genéticamente constituido para «partir» los conflictos, condenando y sancionando, no para prevenirlos mediante tratamientos y medidas progresivas, sutiles y flexibles. Está en su ADN actuar cuando la transgresión legal ya se produjo. Y acá hay que prevenir. Ponerlo a manejar la nebulosa de las denuncias sobre violencia doméstica o de género, donde se cruzan conflictos psicológicos, dramas socioeconómicos, cuestiones emocionales, mentiras y medias verdades, es como poner a los bomberos a manejar un jardín de infantes. El Poder Judicial sólo debería intervenir cuando hay que imponer medidas coactivas, cuando el denunciado se niega a someterse a evaluación o cuando la evaluación indica riesgos.

La razón por la que se lo hace actuar como primer nivel de atención es ideológica. Se insiste en creer que la violencia de género es similar a la violencia racista y que el potencial agresor actúa por odio genérico a las mujeres. Entonces, claro, la única alternativa es la represión. Pero hay fundadas razones para sostener que no es así.

La violencia en la pareja (que no es patrimonio exclusivo de los hombres) tiene un fuerte componente de inseguridad, de dependencia emocional y psíquica hacia la otra persona, a menudo compartida por los dos integrantes de la pareja. Lo he visto muchas veces en los más de cuarenta años que llevo haciendo derecho de familia.

¿Cuándo estalla ese vínculo patológico en violencia o en hostigamientos de todo tipo? Cuando uno de los integrantes de la pareja decide salirse del vínculo. Fíjense que casi no hay ya homicidios o femicidios por mera infidelidad. Lo que el o la potencial homicida o femicida no puede asumir es que la otra persona lo deje. Por eso, si el potencial victimario lograra encontrar algún sentido a su vida fuera del vínculo, el riesgo disminuiría muchísimo. Creo que hacia allí habría que apuntar. Y eso no puede hacerlo el Poder Judicial.

He visto divorcios y relaciones post divorcio violentísimos, con negativa a dejar ver a los hijos, peleas por la guarda, embargos de bienes, denuncias penales. La cosa se civiliza y los miembros de la ex pareja pasan a negociar más razonablemente cuando los dos rearman sus vidas afectivas. Todos los abogados lo sabemos. Cuando tenemos un o una cliente beligerante en un tema de familia, el día en que aparece con una nueva pareja respiramos aliviados.

¿Cuál debería ser entonces el primer nivel de atención?

Resuelto lo más urgente por la policía y el Poder Judicial (las medidas inmediatas para evitar la violencia física y amparar a la víctima) la atención del caso debería pasar a algún área sanitaria y de trabajo social, existente o a crearse. El apoyo y control del Poder Judicial deberían reservarse para cuando deban aplicarse medidas compulsivas.

La idea es decirle al denunciado o denunciada: «Mire, amigo o amiga, usted fue denunciado/a. Acá estamos para apoyarlo/a y ayudarlo/a. Puede participar en las evaluaciones y tratamientos para solucionar el problema, o vuelve al juzgado y allí se maneja. Si vuelve al juzgado lo van a tratar como a un o a una delincuente. Usted elige».

Esto implica –lo sé- un cambio sustancial en la concepción de la violencia intra pareja.

La otra alternativa es seguir haciendo marchas y contabilizando femicidios.

Me pregunto a quién le sirve seguir así.

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