Un sector del Partido Nacional junta firmas para introducir en el Código Penal la cadena perpetua, permitir que la policía pueda hacer allanamientos nocturnos y habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, entre otras cosas. Cuando te piden la firma no lo dicen así, sino con este otro formato: “¿Firmaría por más seguridad?”.
Una cuadra más allá, otro grupo de personas también recolectaba firmas, pero en este caso para habilitar un referéndum anulatorio de la Ley de riego Nº 19.553. Nada decían de lo que significaría el acceso al agua de riego para cientos de pequeños productores rurales castigados por las sequías, del impacto que tendría sobre su producción ni de las mejoras en los controles ambientales propuestas en la ley, lo cual suena lógico, me dirán. Estaban en contra, no a favor. Ahora bien, la consigna elegida no era particularmente cuidadosa con los matices del lenguaje: firme, “para que no privaticen el agua”.
El límite entre la retórica simplista de las consignas y el puro engaño suele ser tan borroso que prácticamente todo vale con tal de acumular fuerzas en favor del objetivo buscado. Ni se lograría mayor seguridad con la reforma constitucional que propone Larrañaga ni se privatizará el agua si no se deroga la ley 19.553, pero eso no parece ser relevante.
No importa en absoluto saber si existe algún precedente verificable que pueda tomarse como referencia para constatar si las políticas de mano dura efectivamente disuaden a los delincuentes potenciales o si esa idea es pura fantasía. No hay ningún interés en difundir la carta firmada este año por más de cien catedráticos de derecho penal españoles en contra de la prisión permanente revisable como la propuesta por la reforma, porque sabríamos que ésta “No hace de la nuestra una sociedad mejor: no añade eficacia en la evitación de los delitos más graves y sí comporta un significativo deterioro de nuestros valores básicos.” (1) Tanto da investigar cómo les fue a los ciudadanos en el pasado cada vez que los militares se ocuparon de la seguridad interior en algún país. Lo único que importa es subirse a la ola de miedo e indignación alimentada cada día por los noticieros y prometer de manera oportunista lo que la gente quiere oír: acá estamos los nosotros proponiendo más seguridad.
Son tiempos en los que la batalla por conseguir voluntades apela mucho más a la emoción que a la razón, por lo que quedan habilitadas todas las estratagemas para trazar la línea demarcatoria entre nosotros los buenos y ellos los malos lo más allá posible, aunque ello atente definitivamente contra una cultura de debate que debería incluir menos manija y más rigor analítico. Así las cosas, el uso de consignas potentes aunque de nula precisión conceptual pasa a ser un arma preferida, a pesar de que se trate de un ejercicio de poder cercano al chantaje emocional. ¿Quién sería tan miserable como para negarse a que vivamos con mayor seguridad?
En la otra cuadra, el “No a la privatización del agua”, funcionaba de un modo similar. ¿Quiénes son estos seres despreciables capaces de perseguir un fin tan perverso, para favorecer quién sabe a qué oscuros intereses? La consigna es perfecta, porque deja del lado de los buenos a la inmensa mayoría de la población, que ya se pronunció en ese sentido en el plebiscito de 2004, y coloca a los defensores de la ley en la incómoda posición de tener que desmentir una acusación instalada con facilidad a partir de un eslogan potente y fácilmente recordable, aun antes de iniciado el debate. En rigor, la ley de riego vigente desde 1997 ya establecía y reglamentaba las Sociedades Agrarias de Riego, que no eran otra cosa que asociaciones de privados dispuestos a realizar obras hidráulicas para aprovechamiento del recurso “en común o individual, de sus miembros o para servicios a terceros”. Esto es, el agua para riego ya estaba privatizada, si por ello entendemos que podía ser almacenada y distribuida por particulares, aunque lo que corresponde es hablar de concesión o permiso. La nueva ley permite la participación de inversores externos al sector agropecuario y les brinda los beneficios fiscales establecidos en la ley de Promoción de Inversiones, pero nada que estuviera en el dominio público pasaría, con la vigencia de esta ley, a manos privadas, por lo que hablar de privatización es una distorsión que sólo se explica por la voluntad política de introducir un término con una enorme carga negativa implícita.
No hay que ser una persona especialmente lúcida para sentir una fuerte preocupación por las derivas políticas que se vienen dando en el mundo, marcadas por el desprecio de la verdad, y etiquetadas desde hace un par de años como la sociedad de la posverdad. Un fenómeno caracterizado por la apelación a las emociones en lugar de los razonamientos basados en evidencias, por el fortalecimiento de las reacciones instintivas y los prejuicios, despreciando los pensamientos sofisticados y los matices, y por la explotación de la desconfianza hacia los relatos oficiales y las políticas públicas, en favor de los outsiders que se presentan como guardianes del sentido común. Pero en rigor, no hay diferencias de fondo entre las acusaciones sin pruebas que vinculan la inseguridad o los problemas de empleo en Europa con los inmigrantes, o a los refugiados con los peligros del terrorismo, y el discurso conservador de toda la vida promoviendo las políticas de mano dura. En el caso del “no a la privatización del agua” tal vez se pueda pensar que sería exagerado hablar de posverdad cuando se trata más bien de simple manijazo. Sin embargo, si nos atenemos a la definición del diccionario de Oxford, que la eligió como la palabra del año en 2016, la posverdad serían aquellas afirmaciones en las que “los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Caramba, qué coincidencia. En cualquiera de los casos, se promueve una polarización simplista que apela a las emociones y a impulsos más bien tribales de la ciudadanía.
Con cada uno de estos pequeños gestos en los que se prefiere el atajo de cortar grueso antes que el camino largo del debate fundamentado se termina apostando al lado más primitivo de nuestro sistema límbico, fomentando la pereza mental antes que el sentido crítico y la confirmación de los sesgos antes que la duda razonable. A no poner cara de sorprendidos después, cuando esos demonios desatados terminan por gestar a los otros monstruos, los que haciendo gala de su infinita ignorancia y de un pensamiento primitivo difícilmente concebible, terminan accediendo a las más altas esferas del poder.
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