Tabaré Vázquez: ¿Bravata o debilidad? por Hoenir Sarthou

Reunir el Consejo de Ministros en Pueblo Centenario, en estos momentos, puede considerarse una bravata.

Porque en esa pequeña localidad se quiere instalar la segunda planta de celulosa de UPM, un proyecto cuestionado desde muchos ámbitos, sociales, ciudadanos, gremiales, políticos, y criticado por muchos motivos, que van desde su inconstitucionalidad  hasta sus previsibles consecuencias ambientales, pasando por la afectación de la soberanía nacional que implica, el endeudamiento que generará, los privilegios que recibirá UPM, la falta de utilidades que le dejará al País y los numerosos perjuicios sociales de todo tipo que causará.

A primera vista, ese Consejo de Ministros es una demostración de fuerza por parte del presidente Vázquez, una bravata. Pero, como saben quienes han rodado un poco por la vida, las bravatas suelen ser signo de alguna clase de debilidad.

¿Cuál es la debilidad que el Presidente intenta esconder?

Para cumplir con UPM y que los finlandeses inviertan, el gobierno tiene que hacer muchas cosas. Debe asegurarle a la empresa cierto flujo de agua en el Río Negro, lo que obliga a subir la cota del agua represada y a expropiar e inundar miles de hectáreas de campo fértil.  Debe tramitar la habilitación ambiental y empezar a construir, a costo nuestro, el mega proyecto ferroviario que exige UPM. Debe reformar la normativa laboral nacional para garantizarle a UPM que no tendrá conflictos sindicales ni ocupaciones. También debe tramitar la recalificación de padrones rurales y cambios en las políticas departamentales en materia de forestación, transporte y vivienda.

Al gobierno no le va bien con eso. Tuvo que echar para atrás con el aumento de la cota. No ha logrado la habilitación ambiental para el tren y no empezó las obras. Las negociaciones con el PIT CNT están trancadas y, hasta donde sabemos, tiene dificultades con algunos Gobiernos Departamentales por algunas de las cosas que les exige.

Por otro lado, en año electoral, el tema UPM2 gana espacio en el debate político, al punto que líderes del principal partido opositor, y también de partidos pequeños, han puesto reparos al “contrato” firmado con UPM. Las cianobacterias se han apoderado del agua potable y de las playas, afectando el suministro de agua, la industria turística y las vacaciones de los uruguayos, cosa que hace aun menos recomendable un nuevo vertido de millones de litros de agua contaminada y fosforada en el Río Negro. Desde la academia se multiplican las advertencias sobre los perjuicios del modelo forestal para el agua y para la tierra. Numerosas organizaciones sociales, ambientales y ciudadanas se han manifestado opuestas al “contrato” con UPM o hacen reparos a algunos de sus aspectos. En el Parlamento se analiza una denuncia sobre la inconstitucionalidad del “contrato”, lo que podría derivar en la citación de sus responsables y en una investigación parlamentaria. Y, para completar, hace pocos días, el “CEO” de UPM vino a Uruguay a reunirse con Vázquez, y, en lo que puede interpretarse como un tirón de orejas para el Presidente, señaló que “queda mucho por hacer” para que UPM considere invertir en Uruguay.

Por eso, lo de Pueblo Centenario es lo contrario de una demostración de fuerza. Es una bravata. El intento de generar un hecho político amañado, presentándose como benefactor ante una localidad que tal vez espere recibir beneficios por la instalación de la planta, y que todavía no ha vivido lo que ya saben en Fray Bentos: que esas plantas son prosperidad por un par de años, durante la construcción, y miseria y desocupación cuando la obra termina.

Es, además, una bravata al mejor estilo Tabaré. Sin diálogo real, con el escenario preparado, los intervinientes previamente filtrados, el personal de Presidencia supervisando todo y la prensa aleccionada por funcionarios y ministros. Un match “a lo Tabaré”, con el sol a la espalda, el juez de su lado, la cancha en bajada y el adversario maniatado.

Muchos uruguayos, por legítimas razones, nos oponemos a UPM2 y al contrato leonino firmado por el Poder Ejecutivo. El Presidente Vázquez, como cabeza del Ejecutivo, tuvo oportunidad de responder a nuestros cuestionamientos contestando la petición que le presentamos miles de uruguayos desde el 24 de agosto de 2018. Pero no contestó nada.

Todo hace pensar que el acto del lunes en Pueblo Centenario será de corte publicitario, sin debate real ni respuestas francas. Se intentará buscar esas respuestas, por cierto, pero el escenario no está pensado para la franqueza.

Por esa razón, me adelanto a formular algunas preguntas que seguramente el Presidente no contestará en Pueblo Centenario ni en ningún lado.

¿Por qué el “contrato” con UPM se negoció y se firmó en secreto? ¿Por qué se eludió llevarlo al Parlamento, siendo que trata sobre asuntos que son de competencia exclusiva del Poder Legislativo, de los Gobiernos Departamentales, del Poder Judicial, de varios Entes Autónomos, y no del Poder Ejecutivo? ¿Por qué vamos a invertir miles de millones de dólares, más de la mitad del dinero necesario para que UPM2 se instale, y no tenemos ninguna participación en el negocio? ¿Con qué legitimidad constitucional el Poder Ejecutivo somete al País a la decisión de tribunales del Banco Mundial? ¿Con qué derecho se le entrega a UPM el uso preferencial del principal río del País y de una vía de ferrocarril de casi 300 kilómetros? ¿Por qué debemos pagar y sufrir expropiaciones de hogares y tierras para dedicarlos gratuitamente al beneficio de una empresa transnacional? ¿Qué razonamiento lleva a aceptar que se vuelquen en el Río Negro millones de litros de agua contaminada cada día? ¿Cómo se justifica que una empresa privada reciba el derecho de que se adapte la normativa laboral del País y los programas de estudio a sus necesidades?

Y la pregunta “sellada”: En caso de que este “negocio”, en que inconstitucionalmente Ud. nos ha metido, termine causando graves perjuicios al Uruguay, ya sea por daño ambiental o económico, demandas internacionales, o porque no se concrete la inversión y los gastos hechos resulten inútiles, ¿está dispuesto a renunciar a cualquier inmunidad que pueda tener por haber actuado como presidente y a responder con su patrimonio por los eventuales perjuicios, como lo prevé el artículo 25 de la Constitución para los funcionarios públicos?

Descuento que no vamos a tener respuestas sobre eso. Ni en Pueblo Centenario ni en ningún lado. Pero son preguntas que resuenan con fuerza en las cabezas de cada vez más uruguayos.

¿Se anima a responder, Presidente, o lo suyo es sólo bravata y espectáculo publicitario?

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