Un “Test” al sistema político Por Hoenir Sarthou

Ayer, miércoles 6, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, a instancias de su Presidente, el diputado Pablo Abdala, se reunió para tratar la denuncia de inconstitucionalidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo en el llamado “Contrato ROU – UPM”, presentada por un grupo de ciudadanos el pasado 10 de diciembre, a instancias del “Movimiento Ciudadano UPM2NO”

En el orden del día de la Comisión estaba la propuesta de convocar a quienes firmaron el “contrato” en representación del Poder Ejecutivo. La iniciativa se postergó por una semana, a solicitud de los representantes oficialistas, que alegaron querer analizar el tema en la bancada partidaria. Al término de la reunión, el Dr. Abdala explicó a la prensa lo ocurrido y adelantó que, luego de la prórroga, se seguiría adelante con el tratamiento de la denuncia y la convocatoria a los firmantes.

El “Contrato ROU- UPM” es una vergüenza nacional, por motivos que ya se han expuesto muchas veces y que no tengo espacio para reiterar aquí. En lo sustancial, la denuncia contra él se centra en la grave infracción a la Constitución que implica el hecho de que el Poder Ejecutivo, sin consulta ni autorización parlamentaria, se haya lanzado a firmar un acuerdo con una empresa privada extranjera por el que compromete al País durante décadas en materia institucional, legislativa, económica, ambiental, social y educativa.  El Poder Ejecutivo no tiene facultades para hacer eso y mucho menos las tiene para invadir las competencias del Parlamento, de los Gobiernos Departamentales, del Poder Judicial y de varios Entes Autónomos, como lo hace con el “contrato”.

La actitud oficialista en la Comisión fue la esperada. Eludir el bulto, evitar la discusión, pedir prórroga y ganar tiempo. Es la misma actitud que han asumido el gobierno y el partido de gobierno en el debate público. Sustituir los argumentos por publicidad, negarse a debatir y apostar a que el tiempo, y una eventual “Decisión Final de Inversión” por parte de la empresa finlandesa, conviertan al negocio UPM2 en hecho consumado y les ahorre el embarazo de explicar por qué el País invierte fortunas en ese negocio y no obtendrá a cambio más que uno cientos de puestos de trabajo permanente y una miseria en impuestos y cánones.

Poco a poco, el contenido del “contrato”, que se negoció y firmó casi en secreto, se va difundiendo entre la población y comienzan a surgir reclamos indignados.  Hay quienes serán afectados por inundaciones, por el aumento de la cota de las represas para asegurarle a UPM el caudal de agua requerido en el Río Negro. Hay quienes serán expropiados, desalojados, o quedarán aislados, para construir el tren de UPM. A todos los uruguayos se nos endeudará en miles de millones de dólares, a pagar con impuestos, para acondicionar el País para UPM, sin que recibamos ningún beneficio a cambio. Al mismo tiempo, la nueva pastera volcará más fósforo y productos químicos al Río Negro, favoreciendo las mareas verdes de algas y toxinas que están asolando a nuestro campo y nuestras playas.  Entes del Estado, como AFE y UTE tendrán condicionadas sus políticas al servicio de UPM. Sin contar con que el País se somete legislativamente y quedará expuesto a demandas internacionales ante tribunales del Banco Mundial si legisla o dicta decretos en contra de lo acordado. Para colmo, todo eso se hizo en secreto y sin cumplir los requisitos constitucionales que limitan las atribuciones de los poderes del Estado.

No es de extrañarse que el gobierno se niegue a discutir sobre el “Contrato”. ¿Cómo podría justificar lo que se propone hacer? ¿Cómo defender lo indefendible? Por eso no debate en lo público y pide prórrogas en lo parlamentario.

Pero, ¿qué pasa con la oposición?

En privado, bajo cuerda, muchos políticos opositores –y hasta algunos oficialistas- admiten que el “Contrato” es inconstitucional y que es un pésimo negocio. Algunos se encogen de hombros y hacen un gesto que parece significar: “¿Qué querés que haga? La mano viene así”.

Recién ahora, un poco tímidamente, algunos legisladores y candidatos opositores empiezan a hablar. Luis Lacalle Pou, por ejemplo, hizo en su momento un muy buen análisis crítico del “Contrato” en el Senado. Pero su postura fue luego de silencio, hasta que hace pocos días anunció que renegociaría las condiciones del acuerdo si fuera gobierno. Larrañaga y Gandini también declararon hace poco que el Estado no debería invertir lo que va a invertir en UPM2 cuando hay tantos uruguayos necesitados. El diputado Rubio, de la UP, ha sido claro en su rechazo a UPM2, aunque su sector político tiene poco peso en el Parlamento. Algunas otras organizaciones políticas sin representación parlamentaria, como el PERI, también han sido claras. Pero, ¿qué ocurre con el sistema político formal, institucional? ¿Cómo es posible que un negocio irregular de tanta importancia, como UPM2, eluda todos los filtros institucionales y no pase nada?

De seguro hay compromisos y exigencias internacionales que presionan al oficialismo y callan a la oposición. No por casualidad el Banco Mundial ha estado desde hace décadas involucrado en promover la forestación y en votar las normas que la facilitaron. Sin embargo, cuesta creer que todo nuestro sistema político se sienta tan condicionado que ni siquiera se atreva a hablar, a exponer los motivos verdaderos por los que suscribe el contrato o calla ante él.

De alguna manera, lo que vivimos es la contradicción entre los intereses del País, afectados por ese “contrato” vergonzante, y compromisos externos que presionan para que se ejecuten proyectos económicos trazados hace muchos años desde el exterior. No por casualidad la ley de forestación vigente se aprobó hace más de treinta años, cuando la población uruguaya dormía su siesta de asado y mate y no soñaba con la celulosa.

Este es año electoral. Y lo que ocurra con UPM2 será de alguna manera un “test” para todo el sistema político, o incluso más bien para nuestro sistema institucional.

Se este negocio sigue adelante, tendremos la seguridad de que estamos mal representados. Porque no es posible que nuestra soberanía, nuestra economía y nuestro medio ambiente sean afectados de esa forma sin que una voz poderosa dentro del sistema político diga “NO”.

Cabe la salvedad de que la conducta del diputado Pablo Abdala lo honra y que otras figuras políticas, acaso de menor relevancia, han adoptado posturas dignas en el tema.

De todos modos, por ahora, lo que el sistema político no dice lo estamos diciendo los ciudadanos. Ojalá cada parlamentario tenga claro que su postura sobre este asunto no solo lo compromete a él y a su partido, sino también al sistema institucional que integran.

Seguramente, este año, una ciudadanía cada vez más informada podrá juzgar esas conductas premiando y castigando como corresponda.

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