Unanimidades por Hoenir Sarthou

Las unanimidades generan desconfianza.  La mayor parte de las veces –contra lo que se pretende aparentar- no responden a una real coincidencia de todos los integrantes de un sistema democrático, sino a la presencia de factores externos al mismo sistema democrático. Muy a menudo el miedo o el interés.

Es común, por ejemplo, que los regímenes autoritarios, cuando convocan a elecciones o plebiscitos, obtengan el apoyo del 90% del electorado, o incluso porcentajes que rondan el 100%. Eso, sin embargo, lejos de convencernos del apoyo popular de esos regímenes, suele confirmar la existencia de miedo, junto a complejas tramas de corrupción y alianzas políticas.

Hace pocos días, al mismo tiempo que se firmaba el acuerdo entre el gobierno y UPM, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de la llamada “Ley de violencia contra las mujeres basada en género”. Se lo aprobó en silencio, sin avisos ni debates mediáticos previos, tal como es costumbre con los proyectos de ley impulsados por ciertas organizaciones feministas, que han optado por no exponerse ante la opinión pública y apuestan al lobby propio y a la presión a través de instituciones y organismos internacionales.

El proyecto en sí mismo, si bien fue depurado de algunos de sus aspectos más abiertamente discriminatorios hacia el sexo masculino (el femicidio, por ejemplo, se aprobó por ley previa, y la justificación del homicidio por sufrimiento prolongado de violencia parece alcanzar a todas las personas) constituye prácticamente un régimen legislativo diferencial para el sexo femenino. Un régimen que se entromete en todos los niveles de la vida, sistema de salud, condiciones laborales, sistema educativo, medios de comunicación, sistema de justicia, acceso a la vivienda, etc.

Entre sus aspectos más pintorescos está que  las mujeres podrán obtener  estabilidad laboral por seis meses, con una indemnización especial de seis meses de sueldo acumulable a la común en caso de despido, con sólo lograr que a su pareja o ex pareja se le impongan medidas cautelares por violencia de género (art. 40 lit F); la “socialización” de los hombres acusados de violencia de género puede ser obligatoria y estará a cargo de “Inmujeres” (art. 33); El artículo 38 permite que el arrendador pueda ser compulsivamente sustituido en el contrato por la víctima, en los casos en que se disponga el retiro del hogar (que en teoría es sólo una medida cautelar); el retiro del hogar no tendrá plazo sin importar si la persona excluida es titular del inmueble (art. 66); las simples medidas cautelares, impuestas sin prueba ni sentencia, determinarán que el padre no pueda  ver a sus hijos por tres meses (art. 67).

Imagínense qué fácil será obtener estabilidad laboral, o quedarse con una vivienda, o impedir el contacto del padre con los hijos, o dirimir el divorcio y la pensión en un juzgado sesgado contra el hombre,  con sólo presentar una denuncia por violencia de género.

Fuera de esos autoritarismos discriminatorios, el proyecto crea un entramado de organismos burocráticos que tendrán competencia  en muchas áreas. En especial les atribuye a esos organismos (Consejo Nacional Consultivo, Comisiones Departamentales, etc.) –imbuidos de la ideología de género- competencias para promover políticas educativas. El artículo 21 y siguientes determinan la adopción de la ideología de género como dogma oficial de la enseñanza e  incluyen varios de los contenidos de las polémicas “guías” de sexualidad. El proyecto también establece criterios respecto a los medios de comunicación y a las manifestaciones culturales y religiosas(ver literales G y M del artículo 6, que crean las figuras de “violencia simbólica” y “violencia mediática” como formas de “violencia de género), supuestamente para impedir la difusión de contenidos sexistas o estereotipados respecto a la imagen de la mujer. ¿Tenemos claro que, si se aprueba el proyecto en diputados, se estará habilitando a censurar y a limitar las manifestaciones culturales y religiosas y la comunicación mediática? ¿Lo tendrán claro los legisladores? ¿Lo tendrán claro los artistas, los religiosos y los comunicadores?

No obstante, el fin de este artículo no es el análisis exhaustivo del proyecto de ley, que es de esperar sea revisado en diputados.

La finalidad de este artículo es plantear la extraña situación de que semejante proyecto de ley  haya sido aprobado en el senado sin un solo voto en contra. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso no somos  muchísimos los uruguayos –y las uruguayas, cabe aclarar- que no compartimos esa visión y que no estamos de acuerdo en crear una legislación paralela según el sexo o el género de aquel a  quien deba serle aplicada? ¿Dónde están los representantes de quienes así pensamos? ¿Qué clase de sistema representativo puede decidir eso por unanimidad?

Si bien varias de las organizaciones privadas promotoras de esta clase de proyectos tienen intereses materiales en juego con su aprobación, y si bien muchos o muchas integrantes de esas organizaciones ocupan hoy cargos públicos y ocuparán muchos más en la estructura burocrática a crearse, jugando el doble papel de funcionarios y militantes a que nos tienen acostumbrados, nada permite suponer que los legisladores tengan algún interés material en la aprobación de esa clase de leyes. ¿Qué les impide entonces reflejar las diferencias de criterio que existen en la sociedad respecto al tema?

Es difícil dar una respuesta certera. Pero seguramente no es ajena al fenómeno la enorme presión que las organizaciones internacionales (para empezar la ONU y su Fondo de Población) ejercen para la aprobación de estos proyectos. Calculo que no ha de ser fácil para un legislador oponerse a esas poderosas máquinas de influencia y financiación.

Claro, nosotros –todos los uruguayos- elegimos a nuestros legisladores para que expresen nuestros intereses y puntos de vista en el Parlamento. Eso dice la teoría, al menos. ¿Por qué la obvia diversidad social de opiniones sobre estos temas no se refleja en la votación parlamentaria, al menos en la del senado?

Sin entrar en detalles, a esta altura es evidente que muchos parlamentarios sienten que representan a sus partidos, o a los líderes de su partido, más que a sus votantes. Pero hechos como éste nos hacen sospechar que, incluso por encima de las dirigencias partidarias, hay vientos ideológicos globales que peinan a todos en la misma dirección.

Veamos si entre los diputados soplan vientos más diversos. Porque, aun para quienes concuerden con el espíritu de este proyecto, su texto tiene demasiadas cosas para recortar y peinar.  Incluso para que no desentone tanto con la Constitución.

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