Urgente consideración por Hoenir Sarthou

No se precisa ser vidente para vaticinar que comienza un año intenso y difícil.

Asunción del nuevo gobierno, elecciones departamentales, ley de urgente consideración y  nueva ley de presupuesto, son razones más que suficientes para afirmarlo.

A ello se suma una situación económica delicada, la evidencia de que habrá ajustes y recortes presupuestales, la eventual inestabilidad de la coalición de gobierno y la aparente disposición del Frente Amplio y del movimiento sindical a practicar una oposición fuerte. ¿Se necesita algo más?

Así las cosas, cabe preguntarse qué nos espera. ¿Se producirá el atroz retroceso social, político y económico anunciado por el FA durante la campaña, o habrá un cambio hacia un mayor orden y una mejor administración, como prometía la coalición multicolor?

Parece claro que el futuro gobierno apuesta a una estrategia de choque: aprovechar la luna de miel inicial –que probablemente sea muy corta- para implementar todo lo que espera hacer durante su mandato. Una estrategia  inusual y muy interesante, que puede condensarse en cuatro palabras: “ley de urgente consideración”.

En un país acostumbrado a los edulcorados y huecos programas pre electorales, y a los no menos edulcorados y huecos discursos de asunción del mando, que se formule un programa de gobierno casi completo a pocas semanas de ganar las elecciones, varios meses antes de asumir el mando, resulta muy innovador.

Desde luego, el asunto tiene sus trucos. Por un lado, para la mayoría de los uruguayos resulta arduo digerir y debatir en dos meses, uno de ellos enero, un proyecto de ley tan extenso, que trata tantos temas dispares, desde la seguridad pública y la enseñanza hasta la fabricación de chorizos, pasando por el régimen jubilatorio de los “cincuentones”. Por otro lado, todo indica que el texto difundido no será definitivo, y que sufrirá cambios tras renegociaciones, dentro y fuera de la coalición de gobierno. De modo que lo que parece un ejemplo de política-verdad puede también cegar por exceso de luz.

No obstante, nadie puede negar que la presentación frontal de los objetivos de un gobierno constituye un cambio signficativo y valioso, como lo demuestra el hecho de que el proyecto de ley se haya convertido en el tema político del verano y tenga ocupados a futuros oficialistas y a futuros opositores, por no decir a todo el Uruguay.

Pero vuelvo al tema inicial. ¿Qué esperar del mosaico de fuerzas políticas y sociales que habrán de operar durante los próximos cinco años, en el marco de las pretensiones del futuro gobierno?

´¿Guerra política o equilibrio negociado?

El ánimo de las bases de las dos grandes coaliciones en que ha quedado dividido nuestro sistema político parece inclinarse a la primera opción. Basta leer lo que se publica y discute en la prensa y en las redes sociales para percibirlo. Unos actúan como si el mismo Diablo hubiese ganado las elecciones y otros parecen dispuestos a barrer con cuanto (para bien o para mal) se ha hecho en los últimos quince años. Pero, ¿ese es también el clima en las cúpulas partidarias?

Me inclino a pensar que no. Aunque hoy algunos dirigentes hagan un discurso confrontativo, hay muchas razones para creer que esa no será la verdadera tónica –la de fondo- en los próximos años. Por varias razones.

Por un lado, el Frente Amplio sufrió una derrota electoral, pero no fue arrasado. Conservará una representación parlamentaria importante que, sumada a su influencia en el aparato sindical y en otras organizaciones sociales, le otorgará una considerable capacidad de bloqueo. De modo que sería ingenuo, de parte de los nuevos gobernantes, creer que podrán gobernar sin negociar, sobre todo si los hechos  les imponen ejecutar políticas poco simpáticas para amplios sectores de la población.

Por otro lado, la reducida diferencia de votos por la que perdió el Frente Amplio no augura grandes cambios en su dirección ni en su discurso. Sabe que le bastará con estar presente, mostrarse opositor y esperar el desgaste de la coalición, para que el gobierno vuelva a sus manos en 2024. No le conviene ni necesita incendiar la pradera para que eso ocurra. Por lo que tampoco por ese lado hay grandes inconvenientes para, conservando la apariencia de enemistad política, negociar cosas sustanciales.

Pero hay otros factores, otros vasos comunicantes entre la dirección del FA y la de la coalición que gobernará.

El Frente Amplio tendrá algunas decenas de cargos de gobierno y, según todos los pronósticos, obtendrá nuevamente la Intendencia de Montevideo y probablemente algunas en el Interior. Los gobiernos departamentales (Tabaré Vázquez lo sabe muy bien) dependen vitalmente del gobierno nacional, que puede ahogarlas económica y políticamente.  De modo que hay allí otra razón para que la negociación, más allá de las apariencias, sea necesaria y posible.

Hay otros puentes no siempre visibles. La figura de Manini siempre ha tenido un tácito y apenas velado apoyo de Mujica y de su entorno. Por lo que, en tanto permanezca en la coalición, constituye de por sí un vaso comunicante privilegiado.

Hay también asuntos -¿para qué negarlo?- que ninguna de las dos dirigencias quiere que salgan a luz, ya sea porque comparten culpas o porque son una excelente carta de negociación. Es posible que haya algunas denuncias e investigaciones, pero es poco probable que el bisturí llegue al hueso, porque a ninguna de las dos dirigencias le conviene en realidad.

Finalmente hay una razón mayor. Es que las dos cúpulas políticas tienen un credo compartido: la inversión extranjera como único camino al desarrolllo. Esa convicción, materializada en forma paradigmática en el proyecto UPM2, asegura dos cosas. La primera es que ninguna de las dos dirigencias políticas se opondrá verdaderamente (al grado de trancarlos) a proyectos de inversión que figuren en la agenda y cuenten con el respaldo de los organismos de crédito y del sistema financiero internacionales. Y la segunda es que, como consecuencia, los aspectos sustanciales de nuestra política seguirán siendo determinados desde fuera del País, con el sistema político nacional actuando como gerente local.

Es duro decirlo, pero la penosa realidad, evidenciada por el sistemático apoyo o silencio cómplice que ha rodeado a proyectos como UPM2, la bancarización obligatoria y la ley de riego, es que en nuestros actos electorales estamos eligiendo gerentes de intereses externos más que gobernantes propios.

Ese es un secreto compartido por quienes han compartido y esperan seguir compartiendo el poder. Un secreto que augura que, en la cúpula,  la sangre no llegará al río, por mucho que las bases partidarias se odien y se insulten entre sí.

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