LA VACA VERDE.
A diez años de la legalización del cannabis recreativo, con la promulgación en el año 2013 de la Ley 19.172, muchas de las predicciones más fatales que esgrimían los detractores de la misma no se cumplieron y hoy se pueden seguir viendo como lo que fueron: miedos, estigmas y prejuicios que no tienen razón de ser pero que siguen dando coletazos hasta el día de hoy.
Uruguay lejos está de ser aquella República bananera del cannabis donde todo sería un descontrol y los narcotraficantes iban a campear, hechos que traerían aparejados nuevos conflictos en todo el sistema de defensa y seguridad nacional.
La JIFE (Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes), acérrima opositora, no admite su derrota y sin tener datos oficiales que avalen su opinión, según lo expreso su vicepresidente Cesar Arce Ríos desde Nueva York, aún están preocupados ya que estiman que en el Uruguay todavía el 50% del mercado de cannabis es ilegal… Cuestión de visiones o defensa a ultranza del nefasto prohibicionismo?
Con nuestra visión, que es más positiva hacia la política pública implementada, podríamos decir que del 100% de los consumidores que teníamos en el mercado ilegal previo a la legalización, hoy por hoy más del 50% de los mismos adquieren su cannabis del mercado regulado con todos los beneficios que ello implica y aunque nuestra ley no entienda todavía como hacerse con ellos. Sin lugar a dudas se les disputa el mercado a las organizaciones narcos y aún quedan muchos usuarios en el mercado ilegal cuestión que nos obliga a redoblar esfuerzos y pensar el por qué para corregir esta situación.
Lo que lamentablemente no está caminando en nuestro país es la pata industrial de esta legislación o del propio cannabis, tuvimos una ley enfocada en los derechos y la salud, pero no supimos ver y no regulamos correctamente los usos industriales de la planta, quedando presos propiamente de la distinción entre recreativo y medicinal, coartando principalmente nuestro propio desarrollo.
Los mandos medios del Estado parecen no tener interés o conocimientos para desarrollar esta industria, parecen no tener el coraje de tomar decisiones que impliquen dar pasos al frente, hay un gran bluff sobre el tema, tímidas señales intentan simular que se está haciendo algo como es el caso de la reciente reglamentación de la Ley 19.748 a través del Decreto 56/2023 que nada nuevo aporta sino por el contrario y demuestra otra vez errores sobre todo de enfoque desde el IRRCA y el Poder Ejecutivo para encarar y dinamizar las políticas públicas.
Desde Presidencia no se quiere un Estado que venda cannabis, sin embargo, la visión de la Junta Directiva del IRCCA prefiere un oligopolio acaparador por sobre la micro producción, hay contradicciones en el ejecutivo con respecto al rol que debe desempeñar y eso se nota.
Lo cierto es que, a 10 años de la legalidad en Uruguay, nos hemos estancado. Más allá de la libertad que sentimos los ciudadanos al fumarnos un porro, cosa que los turistas todavía no pueden… No hay desarrollo, no hay productos industriales consolidados en el mercado y parece ser que la única manera de poder participar es invirtiendo millones para generar una burbuja que por lo menos acá ya explotó.
Son muchas las causas, pero de las 120 licencias existentes en 2021/2022 más de la mitad no han continuado con el desarrollo de la actividad, hay emprendimientos tecnológicos paralizados, hay grandes lotes de producción estacionada de cáñamo industrial con analíticas y valores aceptados y no están las condiciones ni siquiera para la comercialización en el mercado interno. Tenemos autoridades que escudadas en las más diversas excusas no hacen nada por modificar la situación y se convierten en barreras para la utilización de las mismas. Parece que no quieren que funcione la industria porque tendrían que controlarla y hoy como están no les dan los recursos, que vergüenza.
Tenemos un mercado, pero no permitimos su desarrollo, por lo tanto, el mercado no funciona. Pero no solo el mercado no funciona, tampoco funciona la innovación y mucho menos la investigación en el cannabis ya que sigue sin reglamentarse la Ley 19.745 la que obviamente cuenta con apoyo cero desde el PE que tanto se ha regodeado con los triunfos de la ciencia pero que poco aporta para la misma.
El IRCCA celebra como un avance haber puesto una nueva variedad de cannabis con mayor THC en el mercado como si esa fuera la solución, la pregunta es ¿Qué harán con las variedades con menos THC? ¿No se pusieron a pensar que a la empresa que la cultiva eso le significa una pérdida? Por otro lado, celebra el aumento de la cantidad de farmacias que expenden cannabis (aún insuficientes y ausentes en más de la mitad del país) y el propio director ejecutivo del IRCCA, el señor Tastas, en nota con El Observador menciona que el instituto no da toda la información de las nuevas farmacias para que el banco no se entere y no controle… Lamentable y no hace más que demostrar que la brújula de la Junta Directiva de IRCCA está dañada o la menos con un norte diferente al del mundo entero.
Las publicidades de la Junta Nacional de Drogas en las rutas del este del país son nefastas, y sin tener pruebas al respecto avisan que el consumo podría ser problemático, que podría generar ciertos malestares y desencadenar patologías preexistentes. Una campaña desde el miedo que nunca se vio para el alcohol y los fármacos, incluso los más pesados. Y con esto no queremos minimizar el riesgo, solo queremos visualizar como seguimos concibiendo el tema desde el prejuicio y el prohibicionismo cuestión que sin lugar a dudas nos impide avanzar.
Es hora de que el Ministerio de Salud Pública tome riendas en el asunto y comience a generar aportes serios tendientes a dinamizar el ecosistema industrial del cannabis a nivel nacional, hoy por hoy es un actor que por falta de conocimientos o por ineficiencia, malos desempeños o intereses opuestos se ha convertido en uno de los principales factores de bloqueo a toda propuesta sobre el tema.
El cannabis es un negocio que tiene lógicas diferentes para sus consumidores y sobre todo para quienes participan como productores en el mismo, desconocerlas y no interpretarlas genera el tipo de conflictos que hoy estamos viviendo. Nuestros vecinos en la región y en el mundo no van a bacilar tanto como nosotros para hacerse de los recursos que hay en juego en este mercado, nuevamente perdemos pisada si no nos aggiornamos o nos decidimos a actuar.
Para finalizar no queremos dejar de mencionar la sistemática no citación del Consejo Nacional Honorario (art 31 de la ley 19.172 / art 85 y siguientes del Decreto 120/014) hecho al que se habían comprometido los señores Radio y Serrano al inicio de esta gestión y que muestra a las claras la poca intención del IRCCA y de la JND en articular con la sociedad civil en pos de una mejor regulación, parece que cumplir con la ley solo es importante cuando le corresponde al resto.
Como dijo Andrés: Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después, algo se va a incendiar no voy a mostrar mi lado cortés. Diez años después ¿Quién puede volver atrás…?
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