Vaciando al país por Hoenir Sarthou

En año electoral, uno tras otro se impulsan proyectos que afectan directamente a la soberanía.

Tras la bancarización obligatoria y la ley de riego, vino UPM2, y ahora el “puerto chino” y el proyecto de  ley sobre financiación del terrorismo, otro de esos proyectos de ley  que vienen “pre cocidos” por presiones internacionales,  que se está por votar en el Parlamento mientras escribo.

Este año vamos a votar nuevos gobernantes. La pregunta es para qué los vamos a votar.

Todo el sistema democrático – republicano  está basado en el presupuesto de que las autoridades que la ciudadanía elige tienen la función de gobernar de conformidad con la voluntad de sus electores, y que el territorio, las leyes,  la economía, las políticas públicas, la educación y las políticas sociales están a cargo de esas autoridades.

Ahora, ¿qué pasa cuando todas esas políticas están predeterminadas por presiones externas, compromisos y contratos  de inversión, exigencias de organismos internacionales y leyes o políticas públicas promovidas mediante financiación externa? ¿Qué espacio real le queda al gobierno para gobernar?

Ese es el asunto de fondo, que, al parecer, no oiremos mencionar en esta legislatura, como no lo oímos mencionar en las pasadas.

No son pocos los uruguayos que se sorprenden por la futilidad de los temas que discute el sistema político en general y el Parlamento en particular. Denuncias, insultos, acomodos, cargos y designaciones sobran, pero jamás el único planteo sensato que habría que hacerse: ¿hacia dónde va el País? ¿A qué conducen las concesiones a privados, las leyes y reformas del Estado que se aprueban porque el Banco Mundial o el BID las recomiendan y financian, el creciente endeudamiento del País, la incapacidad del sistema educativo para formar niños que puedan interpretar debidamente un texto o resolver un problema lógico, la marginalidad social y cultural creciente?

Cada vez con más frecuencia, se contraen compromisos externos que atarán al Uruguay por décadas, y se lo hace sin discusión, sin que el gobierno ni la oposición se sientan obligados a explicar por qué lo hacen o lo permiten.

¿Alguien en nuestra población reclamaba la bancarización obligatoria, o las infinitas concesiones a UPM, o el “puerto chino”, o una nueva ley contra la financiación del terrorismo?

No, en absoluto. Esos proyectos se hacen a espaldas de la población para satisfacer exigencias externas, no para resolver problemas de los uruguayos. El sistema político, electo por nosotros, destina tiempo, pagado por nosotros, para debatir y votar cumpliendo exigencias ajenas a nosotros. Si alguien quiere hablar de corrupción en serio, no veo un mejor ejemplo. Nada es más corrupto que trabajar para intereses ajenos –y a menudo opuestos- a los de quien lo ha elegido y le paga a uno como gobernante o como legislador.

Así las cosas, ¿qué es lo que elegiremos entre junio y noviembre de este año?

La verdad es que, si gana alguno de los candidatos que aparecen en las encuestas como favoritos, poco habrá para elegir.  Todo indica que sólo se elegirá un nuevo nombre (como quien dice, un nuevo envase) para las mismas políticas.

Hay un debate vital que no puede darse entre las actuales cúpulas de los partidos políticos predominantes. El dilema entre ser una república con márgenes limitados pero válidos de soberanía (la plena soberanía parece ser ilusoria en el mundo actual) o continuar por el camino de convertirnos en una factoría de inversores e intereses transnacionales.

Ese debate no puede darse porque las cúpulas partidarias dominantes parecen estar de acuerdo en el modelo que nos venden. De acuerdo, aunque no lo digan, en que el Uruguay sea una gran plantación de soja y de celulosa, encadenada a los bancos, llena de zonas francas y de puertos privados, con el agua contaminada, gobernada por el Banco Mundial y el BID, con impuestos para los chicos pero no para los grandes y una parodia de educación orientada por los mismos inversores.

¿Hay alternativa?

La pregunta es válida. Porque no es fácil saber cuáles son los márgenes de autonomía que una sociedad como la uruguaya puede darse en el sistema global. Pero algo es claro: no sabremos cuáles son esos márgenes si no lo intentamos.

Hay un secreto a voces en el Uruguay: “El gobierno no gobierna, cumple lo que le exigen o hace lo que puede”. Se lo formule o no en palabras, gran parte de los uruguayos lo piensa o lo sabe, y, en el fondo, sabe que será lo mismo con cualquiera de los gobiernos posibles.

El problema, el gran problema, es que hasta ahora, ese secreto, en lugar de generar indignación, ha generado  desaliento y parálisis. Una sensación  de impotencia que, en el fondo, ha agravado nuestros males.

¿Se puede hacer algo?

No lo sé.  Mentiría si dijera otra cosa. Pero constato que, en todo el País, la impotencia tiende a convertirse en rabia, en la medida en que el modelo global empieza a mostrar sus frutos amargos en la vida concreta: altos impuestos, contaminación, malos servicios, educación deficiente, inseguridad, pobreza, y dirigentes políticos que fingen no verlo.

Hasta hace poco, eso solía traducirse en un cambio de gobierno y una cierta esperanza hacia el futuro. Hoy esa esperanza no aparece. Nadie parece creer que votar a uno o a otro candidato cambiará las cosas.

Creo que tienen razón. Esto no es cuestión de quién gobierna, sino de quien manda.

Hoy el verdadero poder está cada vez menos en Casa de Gobierno o en el Parlamento.

Lo que está por verse todavía es qué puede hacer la población uruguaya al darse cuenta de ese vaciamiento de poder que sufren las instituciones por las que vota.

Puede resignarse y dejar hacer, o puede empezar a tomar decisiones en sus manos.

Si ocurre lo segundo, como ciudadanos,  tendremos mucho para hacer en los próximos años.

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