A mediodía del martes 28, después de la reunión del Consejo de Ministros el presidente Yamandu y el ministro de Economía Gabriel Oddone convocaron a una conferencia de prensa para desmentir que se vaya a estatizar las AFAPs.
El presidente fue muy claro: “Lo primero que debo reafirmar y aclarar, por las dudas, es que tengo la obligación de ser muy responsable. Lo primero que voy a aclarar y decir es que no está en nuestro espíritu, en nuestra propuesta, ni aparece en el documento, la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP”.
Lo mismo hizo a continuación el ministro Oddone al señalar que “en ningún lado ha sido afirmado ni está escrito que las AFAP no sean responsables de gestionar los fondos previsionales”.
Bienvenidas sean estas aclaraciones porque la sensación general a raíz de un documento del PIT-CNT y de declaraciones de algunos senadores del FA era que sí iban a tener lugar algunos cambios en el régimen de las AFAPs como resultado del diálogo social que el gobierno impulsó sobre el sistema previsional.
Habrá que ver, empero, cuál es el acuerdo final entre el gobierno y el PIT-CNT. Por ahora, cada uno dice una cosa distinta. Y es bueno señalar que, en ese marco ambiguo en que funcionan las declaraciones del diálogo social, es posible generar confusión sobre el sistema de ahorro previsional, aprobado hace 30 años y ratificado por la ciudadanía en el plebiscito de 2024.
No hace falta “eliminar” las AFAPs ni “estatizarlas” (una de ellas es propiedad pública desde el inicio del sistema) para derrumbar el pilar de administración previsional de los fondos de los trabajadores. Basta con ir introduciendo pequeños cambios (v.g la creación de un fideicomiso para administrar los fondos) que lleven a desincentivar a los actores privados para que dejen el negocio.
Es bueno recordar declaraciones del subsecretario de Economía Martín Valcorba donde hablaba de cambios en el mecanismo de administración de los fondos previsionales. Y es más importante aún recordar una declaraciones del senador Eduardo Brenta donde dice claramente: “Los plebiscitos no dejan leyes grabadas en piedras. Yo comparto esa visión. Por tanto, los mandatos de la ciudadanía son respetados, pero no son eternos, porque las condiciones cambian y hay temas que hay que abordar de otra manera, sobre todo si son a favor de la gente”.
La afirmación de Brenta no es novedosa en filas de la izquierda. Se hicieron dos plebiscitos contra la Ley de Caducidad, separados por 20 años, y en ambos la ciudadanía dijo que la mantenía. Pues bien, poco después del segundo plebiscito el FA aprobó una ley derogándola.
Por eso es bueno que el ministro Oddone recalque que “El Poder Ejecutivo reconoce el pronunciamiento de la ciudadanía en 2024. Y eso tiene que quedar claro, aquí no hay ninguna reapertura de discusiones”.
Y por eso, y para evitar el daño que Oddone dice que generan los mensajes confusos o errados, basados en un interés corporativo (cuesta verlo en este caso), es preciso que el Poder Ejecutivo, en particular, y la fuerza política de izquierda en general, sean muy claros en esta materia. Y sean muy cautos, como pide el ministro de Economía.
Porque ante todo, no había ninguna necesidad de reabrir el tema de la seguridad social laudado en 2024. No ha habido ningún cambio demográfico o de otras circunstancias que obliguen a hacerlo salvo la presión de la central sindical, que quiere eliminar las AFAPs de la faz del Uruguay.
Es obvio que los plebiscitos no están “grabados en piedra”, como no la está nuestra Constitución y puede modificarse con la anuencia de la ciudadanía.
No están grabados en piedra pero tampoco están “escritos en la arena”, de forma tal que cualquiera pueda borrarlos sin demasiado esfuerzo. Incluso podrían ser borrados por una ola del mar o por el viento del atardecer.
No es así como funciona una democracia republicana seria ni el estado de derecho sobre el que ésta se apoya. Este es el valor a preservar. El ministro de Economía está preocupado, y con razón, acerca de que esta discusión pueda afectar a los mercados financieros a los cuales Uruguay recurre con demasiada frecuencia para financiar su crónico déficit fiscal. Es más, puede incluso afectar a eventuales inversores que no ven reglas claras y que no deseen venir a nuestro país.
Pero seamos claros. Quien procuró modificar las reglas por una razón ideológica (No al lucro en la seguridad social) fue el PIT-CNT con su propuesta de reforma constitucional en octubre de 2024 que puso al país ante un abismo. Y continuó por ese erróneo camino con su insistencia posterior de meter vía un “diálogo social” modificaciones ya rechazadas de forma contundente por la ciudadanía. ¿Qué es lo que no se leyó y escuchó de la respuesta de las urnas?
Todos estos toqueteos sobre lo ya laudado afectan la confianza en el país. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se lanzan consultas populares, salvo que sea algo preceptivo como en Suiza para ratificar todas las leyes.
El estado de derecho no se agota en la existencia de leyes. Su valor más profundo está en algo menos visible, pero decisivo: la limitacion del poder, el establecimiento de pesos y contrapesos y la estabilidad de las reglas y la coherencia con la que se aplican. Es ahí donde se construye la previsibilidad, y con ella, la confianza.
Esa confianza que permite que ciudadanos, empresas e inversores tomen decisiones de largo plazo sin estar recalculando permanentemente el terreno sobre el que se mueven. Cuando las reglas son claras y relativamente estables, el riesgo baja. Cuando empiezan a moverse de forma significativa, aunque sea dentro de la legalidad, la incertidumbre crece.
Por esa razón, que muy bien entienden presidente y ministro, es que salieron a dar esta conferencia de prensa. Ahora es preciso que el valor de sus palabras se reflejen en los documentos y eventuales proyectos legislativos que emanan de este confuso e inoportuno “diálogo social”. Que, por cierto, debe ser un instrumento a usar con suma prudencia en una democracia representativa.
