Archivos del terror: ¿A quién benefician?

Salieron a luz miles de rollos de información sobre investigaciones de personas y organizaciones que fueron realizados por las fuerzas de seguridad antes, durante y después de la dictadura. Todo parece indicar que mucha pertenece al denominado archivo Berruti pero habría además más información. El ministerio de Defensa había planteado que iba a enviar un proyecto de ley para que se difundiera públicamente toda la información de los archivos que tiene en su poder y justo antes de su aprobación se difunde toda esa información.
¿Quién puede estar detrás de la filtración? ¿A quién beneficia que se hagan públicos? ¿Dónde estaban todos estos archivos? ¿Es una maniobra de inteligencia para perjudicar al Ministro García? ¿Es una interna de la coalición gubernamental? ¿Es información confiable o hay carne podrida? ¿Es evitable el uso político partidario de esta información? ¿Es un aporte para conocer la verdad histórica? ¿Es prudente hacer públicas por el Estado informaciones obtenidas bajo tortura, exponiendo a las víctimas?

Cerrar el batallón 14 para facilitar búsqueda de detenidos desaparecidos por Andrés Copelmayer
Todas las preguntas que realiza Voces sobre causas y efectos de la filtración de archivos de la dictadura son las que a mi juicio han frenado a la mayoría de los políticos desde el retorno de la democracia; empantanando la construcción fundada de investigaciones, sentidos, significaciones y verdades compartidas. Tampoco habrá justicia ni reconciliación posible mientras el atravesamiento de intereses electorales políticos partidarios, siga cegando la necesidad de sanar las heridas socio culturales, humanitarias y jurídicas causadas por el terrorismo de Estado. Quien abrió el camino para la reparación y reconstrucción histórica fue el expresidente Jorge Batlle con su Comisión para la Paz. Desde allí, incluyendo todos los presidentes que lo sucedieron, por temor, conveniencia, acuerdos frustrados, negociaciones oscuras o lo que fuera; siempre se confió en la precaria e intencionalmente sesgada información dada por los militares, siendo mucho más útil para encontrar a los desaparecidos la que brindaron testigos casuales o subalternos arrepentidos. Esta nueva información hecha pública será de utilidad para la democracia republicana del Uruguay, sólo si ayuda a esclarecer cómo y con qué complicidades nacionales e internacionales operó la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Para respetar y apoyar la lucha de Familiares de Detenidos Desaparecidos urge pasar a la acción luego de tanto sufrimiento y tiempo perdido. Por eso a través de la agrupación Seregnistas de A Pie, hice la siguiente propuesta para que se lleve al Frente Amplio. Comparto un fragmento con ustedes.
“El 6 de junio los uruguayos recibimos una noticia absolutamente removedora. Otra vez en el batallón 14 de Toledo y a apenas 100 metros de donde fueron encontrados los cuerpos de los detenidos desaparecidos Julio Castro y Ricardo Blanco, aparecieron nuevos restos humanos, otra vez tapados con cal, modus operandi habitual de los dictadores para invisibilizar los deleznables crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
Confirmando este nuevo hallazgo ya se puede afirmar que este sitio fue uno de los principales Batallones de la Muerte, donde impunemente se torturó, mató y dio infame sepultura a muchos uruguayos, simplemente por disentir con la dictadura.
El predio del Batallón de Infantería 14 tiene una superficie de 410 hectáreas, 32 de las cuales están tutelada por la Justicia y es el área donde se buscan restos de detenidos desaparecidos. En ambos márgenes de esa pequeña zona hay tierra cubierta por frondosa vegetación usada para entrenamientos y otras actividades militares de los efectivos del cuartel.
Creemos que urge juntar a todos los actores políticos y sociales para buscar y encontrar consensos respecto a cancelar la actual actividad militar del Batallón de Infantería 14 situado en Toledo, facilitar la búsqueda de más restos de detenidos desaparecidos y cuando se finalice el trabajo, darle otro destino al cuartel que simbolice la memoria y nuestro compromiso como sociedad de que nunca más permitiremos el terrorismo de estado.
Sumamos a ello la solicitud de que el Ministerio de Defensa ponga a disposición todo el personal y la maquinaria que el Juez de la causa requiera para acelerar los procesos de excavación en todos los sitios con indicios de enterramientos ilegales de detenidos desaparecidos. Esto lo solicitamos en el entendido que las actuales generaciones de militares nada han tenido que ver con estos sucesos, se han formado en democracia y estarán gustoso de servir de esta forma a la patria si los mandos se lo piden.
Nuestra propuesta es coincidente con las declaraciones recientemente realizadas por la Antropóloga forense Alicia Lusiardo, coordinadora del Equipo Antropología Forense del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH); quien expresó «Si dejamos espacios sin excavar podemos estar dejando un cuerpo sin encontrar, como sucedió con Eduardo Bleier cuyos restos no fueron descubiertos hasta el año 2019 cuando los de Fernando Miranda aparecieron muchos años antes y estaban a metros de distancia». Destacó que «Lo que hemos aprendido con el tiempo es que en el escenario uruguayo y con la información que tenemos lo que rinde frutos, aunque sea lento y para la familia se demore mucho obviamente, es excavar metro a metro para estar seguros de que estamos cubriendo todo el terreno señalado».
Por ello proponemos:
1. Que autoridades del Frente Amplio evalúen la propuesta y evalúen pertinencia de proponérsela a Familiares y a la Coordinadora del grupo del GIAF para saber si contamos con su acuerdo para iniciar gestiones.
2. En caso de que tanto el FA como Familiares y el GIAF den su consentimiento, iniciar acciones inmediatas para gestionar la búsqueda de consensos con autoridades de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, coordinadores de bancadas de Senadores y Diputados, presidente de la Republica y ministro de Defensa.
3. Lograda la máxima aprobación sobre el cierre por tiempo indeterminado del BATALLÓN 14, las autoridades competentes informarían formalmente a la Justicia que investiga la sepultura clandestina de los detenidos desaparecidos.

¿Superan la prueba de los tres filtros de Sócrates? Por Ernesto Kreimerman
Verne Harris (2002) describió los archivos del apartheid como la “esquirla de una ventana” hacia el pasado. Harris fue el archivista de los documentos de Nelson Mandela y trabajó para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Su trayectoria es impresionante y destaca por su celo profesional y su compromiso técnico y militante.
“El camino de la reconstitución del presente frente a las atrocidades del pasado ha sido muy lenta y escasa, con muchos pendientes”. Verne Harris, al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Córdoba, Argentina, el 10 de octubre de 2014, señalaba a modo de reflexión que, tras 20 años de instalada la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR, “estamos empezando a ver lo que podemos aprender de Argentina, de Chile y de Uruguay en relación con el ajuste de cuentas con nuestro pasado opresivo”.
Si bien la CVR “sentó las bases para la recuperación de la verdad, la reparación, la amnistía condicional y el enjuiciamiento sistemático”, y aun considerando que gran parte del trabajo está en curso”, “y que se ha hecho un buen trabajo”, “en general, nuestra implementación de estas estrategias ha sido muy lenta. Lo más importante es que en algunas áreas hemos detenido el trabajo”.
Harris concluye que “la mayoría de las recomendaciones de la CVR fueron ignoradas. Las reparaciones fueron pequeñas. Sólo se han llevado a cabo dos procesamientos desde que la CVR terminó su labor en 2003. Y, lo que es más importante, el PDR fue reemplazado por una política macroeconómica neoliberal”. Y remata esta reflexión, con un desafío que bien nos cabe a nosotros también: «no hemos dado el paso final de nuestro viaje, sino el primer paso en un camino más largo y aún más difícil».
El trabajo de la memoria es un desafío enorme, y es un “trabajo hormiga”, una construcción cotidiana. Archivos presentados en estos días con este desorden y atajos, lo primero que revelan es que el fondo de la cuestión no ha importado nada. No estamos frente a información sistematizada y analizada, contextualizada y sometida a verificación.
El trabajo de los archivos es recordar a Uruguay y a los uruguayos nuestra historia, las obligaciones con los miles de personas que sufrieron persecución, destierro, cárcel, tortura, secuestro, muerte y desapariciones hasta el día de hoy. La promesa de paz va acompañada de justicia y rendición de cuentas. Y para eso son fundamentales los archivos.
Los archivos de los sucesos del país durante los años de dictadura, del terrorismo de estado, son necesarios para la construcción de una paz y reconciliación real y profunda, a partir del conocimiento de los hechos. Los archivos son custodios de esa verdad secuestrada y ahora rescatada, como parte esencial del estado de derecho e incluso de esa búsqueda incesante por un desarrollo sostenible para una sociedad que dé a sus hijos mejores condiciones de vida.
Pero antes debemos definir si éstos son archivos de inteligencia o sólo fantasmas del pasado agitando las sábanas, alborotando con pocas verdades muchas patrañas, como quienes han publicado esos textos advierten. Los archivos de inteligencia son un tipo de registro particular, que puede leerse por su contenido y por su contexto de producción, por su contenido y la función que vino a satisfacer, por su información y su historia.
Estos huelen mal. Pero aun así, sería conveniente que un pequeño grupo de expertos estudie esos materiales, para despejar paja de trigo, y si algo de calidad queda, y con unos criterios consensuados, determinar la accesibilidad.
¿Conoces la prueba de los tres filtros de Sócrates? El primero, el de la verdad. El segundo, el de la bondad. Y tercero, el de la utilidad. Entonces, concluyó Sócrates, si lo que ibas a contarme ni es cierto, ni es bueno, ni es útil, ¿por qué querrías decírmelo? ¿Para qué querría saberlo?

¿Archivos del terror o de la verdad? Por Max Sapolinski
Es bueno plantearse desde el inicio del análisis cuál es la mejor definición.
Sin dudas que toda difusión de elementos tan importantes para la historia reciente (ya no tan reciente) de nuestro país es problemática.
En primer lugar, no corresponde que cualquier individuo pueda hacerse de información tan sensible y hacerla pública a su real saber y entender. Estas características de la difusión que ocupa el interés general es lo que genera muchas dudas. ¿Quién es el responsable de la filtración? ¿La información es confiable? ¿Existe algún tipo de interés socavado en esta difusión?
En lo personal, me inclino a adherir a la idea de que la mayor transparencia ayuda al conocimiento, y quienes quieran prohibir el mayor alcance de dicho conocimiento atentan contra la convivencia de la sociedad.
Por eso adhiero fervorosamente a la iniciativa del Ministro de Defensa Javier García, en su prédica de abrir al conocimiento general todos los archivos que pudieran existir sobre los terribles años que le tocó vivir al Uruguay.
Y cuando digo todos, digo todos. Me resulta totalmente incomprensible que se cuestione la posibilidad de toda la sociedad de conocer la verdad sobre nuestra historia. ¿Acaso es mejor tener un grupo de censores que sean los únicos que conozcan la verdad de los acontecimientos? ¿Es ese el corolario de tantos años de pedir conocer la verdad de los hechos? ¿Esta verdad es sólo destinada a unos elegidos? ¿Es válido el argumento de no querer dar conocimiento a toda la información para evitar revictimizar a las víctimas? ¿Por qué la revictimización puede ser selectiva y sólo algunas personas conocer la verdad?
En mi criterio todas estas interrogantes se contestan solas.
La transparencia es un valor superior que es uno de los sustentos de toda democracia. Transcurrido medio siglo de los atroces acontecimientos vividos todos los uruguayos nos merecemos conocer toda la verdad (o verdades) de los mismos.
Expresaba el Dalai Lama: “La falta de transparencia genera desconfianza y una profunda sensación de seguridad”. A tantos años de los sucesos que marcaron un par de décadas de nuestra historia, es bueno terminar con la desconfianza.

Agentes de inteligencia, periodistas y pescadores por Roberto Elissalde
La idea no es estigmatizar profesiones. Pero parece que en algunos oficios, mentir forma parte de la estrategia de supervivencia. Sólo si lo que investigamos, sobre lo que escribimos o lo que estuvimos a punto de pescar es enorme, trascendente, único, lograremos que nuestros jefes, clientes o parejas valoren nuestros esfuerzos.
Para probar lo que digo voy a hablar de las estupideces que leí sobre mis propias actividades políticas y las de varios de mis amigos desde la óptica de los infiltrados o agentes de inteligencia que escribieron sobre ellas.
En 1987 viajé a Chile con un grupo de 15 integrantes de la asociación gremial ASCEEP-FEUU, como responsable de la delegación que iba a participar en los trabajos voluntarios que anualmente realizaban las federaciones estudiantiles de ese país. El agregado militar de Uruguay en ese país informa que yo era el Secretario General de la FEUU (un cargo inexistente en la época) y que entre otras cosas habíamos entablado contacto con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR, una organización relacionada con el Partido Comunista de Chile que un año antes había intentado ajusticiar a Augusto Pinochet en un atentado rutero que fracasó). Éramos un grupo insignificante de estudiantes que llegábamos a trabajar en asentamientos chilenos, pero el agregado militar nos vincula con una organización militar acosada por las Fuerzas Armadas chilenas. Sólo a un pescador fantasioso se le podría ocurrir algo mejor.
Algo similar en cuanto a fantasía ocurrió con una serie de campamentos organizados por mis compañeros de la Izquierda Democrática Independiente (IDI) por esos mismos meses. En el rollo 813 del archivo de la SID, página 42, se analiza el campamento de jóvenes integrantes del Movimiento Artiguista, Democrático y Revolucionario (ADR). El encuentro, previsto para fortalecer los vínculos de convivencia y para analizar la realidad del país y sus posibles caminos de mejora, parece que excitó la creatividad de los pescadores de “inteligencia”.
Para ellos o ellas el objetivo era orientar a los jóvenes a “las izquierdas revolucionarias, es decir MLN, PVP IDI” pero lo verdaderamente interesante era destacar que “como ya es norma en este tipo de Campamentos, las costumbres morales en lo que su refiere a sexo, droga y alcoholismo, quedaron libradas al libre albedrío de cada uno, suscitándose situaciones similares a las ocurridas en el Campamento de enero (promiscuidad total, embriaguez, etc.).”
Respecto al campamento de Punta Colorada, realizado del 7 al 15 de enero de 1987, un informe del 31 de ese mes afirma que “resulta imperativo decir que en esta actividad –de neto perfil militar- no se improvisó absolutamente nada” y fundamenta su afirmación en que el coordinador del grupo había viajado a recoger café a la Nicaragua sandinista y volcó allí “toda la experiencia recogida en esa oportunidad”.
Pero este pescado no parecía demasiado grande para impresionar. En un informe de 1988 se asegura que “según información recibida, el año pasado habrían efectuado ejercicios de tiro en el campamento el cual estaba situado a 150 mts. al Este, (habiéndose) encontrado gran cantidad de vainas de calibre .22 magnun. El tiro lo efectuaban contra los árboles a una distancia de 50 a 70 cm. del suelo.” Esto ya da para hacer un titular de un diario. Pero quedaba mucho más impresionante con el complemento: “Es de destacar que las edades de los campamentistas oscilaban entre los 14 y 21 años aproximadamente entre hombres y mujeres que formaban parejas y que por imposición estas debían cambiar en el transcurso de la estadía, no existiendo relaciones estables.”
No vale la pena argumentar la veracidad de lo dicho. Sé que es mentira. Pero me pregunto ¿les creerían sus jefes? ¿O éstos esperarían que sus comandantes les creyeran? Tal vez todos pensaran que quizás la prensa, buscando titulares, pudiera encontrar aquel pescado suficientemente interesante.
Y esto lleva a otra pregunta: ¿qué valor de verdad tienen estos documentos emergidos misteriosamente? Tal vez alguien honestamente piense que en Uruguay había jóvenes promiscuos de 14 a 21 años pensando en reeditar la catastrófica campaña de la lucha armada, con la desventaja de no haber vivido en entusiasmo de la revolución cubana y en cambio haber soportado años de dictadura militar. Es lo que dicen los documentos, que por algo eran secretos…
La mayoría de lo que pude leer era basura para consumo de unos propios militares que tal vez eran los únicos que creyeran que estaban aportando algo. Como la confianza que puede tenerle un pescador a otro cuando, en un atardecer en la escollera Sarandí, le cuenta de aquel bicho que una vez estuvo a punto de sacar de las entrañas del mar embravecido.
El uso responsable de la información por Juan Pablo Grandal
Esta filtración pone en el debate público un montón de cuestiones filosóficas que superan incluso a la temática en cuestión, que obviamente es de vital importancia para nuestro pueblo. En los archivos filtrados se encuentra información que francamente deja al descubierto que los servicios de inteligencia del Uruguay actuaban en un régimen de inconstitucionalidad no solamente durante la dictadura, sino inclusive en democracia. Muy buena parte de la información allí presente (de la que claramente solo he visto una ínfima parte) ningún organismo del Estado tenía el más mínimo derecho legal o constitucional a poseer. Y es esto lo que pone en cuestión, ciertas cuestiones éticas relacionadas al uso de la información.
Me parece claro que tras haber sido filtrados los archivos, el acceso a la información con fines académicos, o simplemente para buscar información sobre familiares, amigos, etc. que se pudiera encontrar allí, no tiene nada de anti-ético. Sin embargo, he podido ver en redes, gente difundiendo capturas de pantalla de los archivos, que contienen la información privada de muchas personas, que en la inmensa mayoría de los casos no dieron su permiso para que esta información sea difundida. Obviamente la inmoralidad primera es la existencia de mucha de esa información, la primera violación de la privacidad fue del Estado. La segunda de quienes la filtraron. Pero, no quita que nosotros debamos tener sumo cuidado con el uso que hacemos de esta información, mucha de ella muy sensible, si creemos en el derecho a la privacidad de las personas.
Esto me lleva al otro punto. Sinceramente, me cuesta creer que gente con uso de la razón pueda creer que quien sea que filtró esta información lo haya hecho con fines altruistas. Que sea alguien que lo hizo porque defienda la causa de la memoria, verdad y justicia. Que sea alguien que lo hizo porque tenga una creencia sincera en el acceso ciudadano a la información. Me parece bastante inocente creer eso. Hay muy poca gente que pudiera tener acceso previo a toda esta información, y el conocimiento técnico para difundirla sin dejar rastro. Y dado el tamaño de los archivos difundidos, el trabajo de recopilarlos debe haber llevado bastante tiempo, la elección del momento para difundirlos no puede ser casual, y también muy probablemente no hubiera una sola persona detrás de las filtraciones.
¿A quién beneficia que estos archivos se hagan públicos? En primer lugar, hay que decirlo, hay mucha gente que ha descubierto información sobre su propio pasado o de familiares que le es importante. Sí, ellos fueron beneficiados. Pero, ¿quiénes más fueron beneficiados? Gente poco escrupulosa que quiera total libre acceso a estos documentos para manipularlos a gusto y con nula rigurosidad metodológica para crear los relatos que les parezca. Ya hemos visto que ha pasado de forma limitada, en redes, individuos (algunos bastante conocidos y mediáticos) tomando capturas fuera de contexto para generar un relato falso sobre personas que aparecen en los archivos. Peor aún va a ser cuando empiecen a salir libros, con información tomada de estos archivos, descontextualizada, que sirva para difundir cualquier patraña.
En cuanto al manejo de esta información, hago mía la posición que expresó Fernando Pereira como crítica al proyecto de ley que iba a presentar el gobierno para liberar varios archivos del período dictatorial. Es información demasiado sensible para difundirla así sin más, más aun considerando la cantidad de información obtenida bajo tortura que debe haber en estos archivos. Tampoco siquiera sabemos si toda la información presente en los archivos es verídica, o cual proporción de ella lo es. Y en este caso la problemática de la privacidad es aún peor, porque no hay ningún recaudo tomado sobre la protección de la información privada, que si hubieran habido si se hubiera implementado el proyecto del gobierno.
¿Era este el fin último? ¿Facilitar la creación de relatos falaces sobre el pasado reciente? Dudo que fuera el principal fin, puede que haya sido uno de ellos. Muy probablemente en mi opinión es un ataque al gobierno, dado que pensaba liberar información confidencial, sea quien sea que filtró estos archivos quiso ganarle de mano y dejarlo pegado. Es otra muestra de debilidad de un gobierno que tiene grandes inconvenientes para demostrar su autoridad legítima tanto ante la población como ante los poderes fácticos. En mi opinión lo que sucedió con la filtración de estos archivos es grave. Puede ser útil para investigadores serios, que quieran trabajar de forma honesta con los archivos. Pero, lamento mi pesimismo, y creo que las verdades que puedan ser descubiertas aquí, van a ser mucho menores en volumen en comparación con las descontextualizaciones, manipulaciones y destrucciones de la personalidad de muchas personas.

Archivos de un país de terror por Leo Pintos
Este junio viene más caliente de lo normal. Las vísperas del 50º aniversario del golpe de Estado han removido nuestra memoria y nos encuentra dando vueltas como de costumbre. La tierra militarizada nos entrega a regañadientes huesos que nos recuerdan la saña de un Estado terrorista. Y a la vez que nuestro Presidente hace gala de su insensibilidad con las víctimas del terrorismo de Estado, su ignorancia y soberbia le hacen cometer otro grave error al pretender moldear el pasado reciente de la humanidad como si de plasticina se tratara. Y en ese contexto son publicados decenas de miles de archivos de los servicios de «inteligencia» militar y policial de más de tres décadas desde 1968. Parece difícil imaginar semejante operativa de seguimiento, espionaje y procesamiento de información sin la anuencia de los gobernantes de la época pre y pos dictadura. Se confirma el carácter represivo de esos cinco años previos al golpe, y la triste comprobación de la vigencia de esa política de espionaje tras el retorno a la democracia. Y a eso me refiero cuando digo que todo esto nos encuentra dando vueltas.
Porque tras casi cuarenta años de democracia el Estado ha sido incapaz de proteger la información de cientos de miles de ciudadanosen su poder. Porque lo que correspondía era impulsar una política de conservación y protección documentala través de entidades públicas en acuerdo con las organizaciones de Derechos Humanos para gestionar el acceso a esa información, ya sea por parte de historiadores, así como de quien se sintiera afectado por aparecer en esos archivos. Incluyendo la posibilidad de pedir la eliminación de sus entradas. Con perplejidad vimos hace un par de años atrás como se barrió bajo la alfombra el caso del espionaje en democracia. Nadie asumió la responsabilidad de haber dejado operar a los servicios de inteligencia para tareas no vinculadas a la seguridad. Está claro que la publicación de toda esa información, lejos de ser algo positivo, supone un enorme riesgo para las personas allí incluidas, y es un enorme retroceso en la política vinculada a la memoria histórica.
No hay que ser muy sagaz para darse cuenta de que estamos ante una maniobra deliberada detrás de estas revelaciones. Si hablamos en términos militares, podríamos hablar de contrainteligencia. Teoría que se sustenta en el hecho de que entre los archivos liberados haya muchos que no están en poder del Ministerio de Defensa, ni del Archivo General de la Nación, ni de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Asimismo faltan 98 rollos de microfilms. ¿Qué contienen esos archivos?
Pero si hablamos en términos políticos, podría tratarse de una operación de enchastre a poco más de un año y medio de la elección nacional. Una especie de globo sonda para medir el impacto en la opinión pública de la difusión de información personal de figuras políticas. Es difícil calibrar las consecuencias de que,información que jamás debió existir, llegue a manos de quienes jamás deberían tenerla. Tampoco se puede descartar el pase de factura a la interna de la coalición. Porque el Ministro de Defensa habla de un sabotaje al proyecto de ley para liberar los archivos de la dictadura anunciado a mediados de mayo.Sin embargo la realidad, siempre caprichosa, indica que el proceso de publicación de los archivos comenzó el 18 de abril. Así que es probable que a la interna del propio gobierno haya quintacolumnistas filtrando información. Recordemos lo sucedido con la filtración del Plan Nacional de Inteligencia del Estado en 2022.
Las especulaciones permiten imaginar infinitos escenarios. A medida que vaya surgiendo información de semejante fárrago veremos quién gana y quién pierde con todo esto. Lo que está claro es que el río está revuelto y que el pescador beneficiado sigue operando en las sombras.

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