Los bandos en pugna en el conflicto de parte de la península ibérica parecen querer dar lugar a un tiempo donde los rivales ocupan posiciones desde donde expresan sus propuestas. Sin variaciones en el discurso, unos y otros han delimitado los campos y ante las pretensiones de independentismo de amplios sectores catalanes -tenidas como legítimas políticamente aunque jurídicamente equivocadas- se les han opuesto con virulencia las autoridades centrales -tanto el rey, aliándose al gobierno para, esencialmente, defender su herencia monárquica- como Rajoy, encarnación de una fracción dominante de la burguesía y dirigente de un partido investigado por sus históricas actividades corruptas.
Tras unos primeros escenarios de declaraciones y amenazas, acciones preventivas y de signo intervencionista, pese a que los sectores dominantes de las dos más grandes ciudades del reino se complementaban para gestionar en territorio propio la política neoliberal preeminente en la Unión Europea (UE), las cuestiones relativas a gobierno y hegemonía nacional y regional fueron enrareciendo el panorama. Resulta que las autoridades catalanas -que manejan con relativa autonomía más de un sexto de los habitantes del país y son responsables por la quinta parte del producto interno bruto (PIB)- recurrieron a agitar los ánimos soberanistas e independentistas incubados por siglos entre sus gobernados regionales. Si dicho recurso fue esgrimido por la autoridad para encubrir actos delincuenciales perpetrados por la burguesía local en el ejercicio de gobierno; como parte del proyecto propio de manejo político o por una combinación de ambos, lo cierto es que encontró campo fértil en el cual sembrar la idea de que la pretensión tenía aliento suficiente y posibilidades de fructificar. En torno al independentismo -que menospreció y dejó en un muy relegado y desplazado segundo lugar la postura soberanista- el gobierno conjuntó un movimiento policlasista al que se sumaron asociaciones y partidos, dispuestos a enfrentar a Madrid, al gobierno encabezado por Rajoy, con clara definición de raigambre republicana y que, en momentos de gran euforia, desbordó a los propios convocantes.
Madrid y el jefe de gobierno contestaron con presión y represión, las mejores armas que conocen: así lo hizo desde la hacienda nacional a las partidas adjudicadas a Cataluña; después ordenó accionar los tribunales y terminó enviando contingentes policiacos a intentar impedir el acto electoral del 1-0.
La consecuencia fueron cientos de golpeados, la repulsa local, la razonable reprobación de los mejores españoles y la condena de personas, partidos y gobiernos de la Unión Europea y una enorme porción del mundo que vio las imágenes de quienes querían dar su opinión introduciendo un papel en una urna siendo aporreados por uniformados.
A la Constitución, para la cual se pide respeto, se la identifica con instituciones bastante declinantes en la consideración popular; se recita por la autoridad que cualquiera puede defender sus ideas en el estado democrático, lo que oculta que desde el gobierno madrileño se han encarado las ansias y posturas de las regiones -en particular catalanas y vascas- con autoritarismo y cerrazón, sin encontrar ningún paso posible de atención a sus intenciones de ampliar las fronteras de la autonomía.
Y el rey -que lo está por herencia viciado de origen por ser la decisión primaria de un moribundo dictador que asaltó y destruyó un legítimo régimen- de quien se suponía que al menos debiera servir de árbitro, salió con un discurso lamentable de apoyo a su jefe de gobierno, prometiendo la defensa de los catalanes no-independentistas y demostrando que lo suyo no es la cosa pública, la política ni la gente. El acto de su declaración tuvo la consecuencia de ensanchar la brecha que irremediablemente hay entre Madrid y Barcelona, cualquiera sea la dirección inmediata de la crisis. No entendió que sus palabras incrementaron aquello que de la calle emerge y alguien reseña diciendo que “la tensión social no se puede negar, hay ruptura, hay fractura, hay insultos, hay negación del otro”.
Sí se permite hablar de “novedades”, la de esta semana se refiere a la salida de empresas del área catalana: Madrid atiza esa noticia en los medios y la suma a las amenazas y males que sobrevendrían a una declaratoria unilateral de independencia. El gobierno de Madrid facilita la salida de empresas mediante una resolución del Consejo de Ministros indicando que “podrán decidir cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas”. La verdad es que sólo se dispusieron unos pocos cambios de domicilio legal, sin afectar inversiones o empleo. El hecho es que quieren mantener las ventajas que les ofrece la UE, las que perderían si Cataluña se declara independiente y la entidad panregional le retira las facilidades económicas.
Un eventual paso independiente de los catalanes impactaría negativamente la economía de España y de la región: si queda excluida de la eurozona, tendría que poner en circulación otra moneda y los inversionistas harían sus depósitos en bancos de otras geografìas, generando recesión temporal.
En tanto, algunos miles de personas, vestidas de blanco, ocuparon calles de las principales ciudades con la expresa demanda al gobierno nacional y al autonómico que dialoguen para buscar salidas al contencioso. Las manifestaciones en diversos sentidos se dieron en las principales ciudades de Cataluña y el Reino, con dos contenidos básicos: las de los que desean continuar ligados a España (en Barcelona y Madrid) y las de aquellos que reclaman diálogos. En la concentración de Madrid aparecieron reminiscentes emblemas franquistas y no es imprudente suponer que -tal vez- no esté ausente de su inspiración la gestoría de sectores de la jerarquía reaccionaria católica.
Por el momento, Rajoy quiere el apoyo del PSOE para activar el artículo 155, que indica que el gobierno nacional pueda “adoptar las medidas necesarias para obligar” a una Comunidad Autónoma a “cumplir sus obligaciones con la Constitución” y así restablecer la normalidad si esta comunidad “atenta gravemente contra el interés general”. El artículo 155 no permite la suspensión de la autonomía, aunque en los hechos la limita. Considera Rajoy que se trata de un asunto de Estado, pero el líder de los socialistas que apoyan al jefe de gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado reticente a esta medida, hasta ahora.
Por su lado, el Tribunal Constitucional, al que el gobierno involucró en el conflicto, prohibió la reunión del parlamento catalán que debía recibir a Puigdemont -presidente de la autonomía- y éste comentar los resultados del referendo, para consecuentemente proclamar la independencia. Como un signo alentador de un factible diálogo, la reunión no se realizó y se pasó para el martes, en que Puigdemont proclamaría algo similar a la independencia pero dejándola en suspenso.
De esa forma se estaría atendiendo en parte el consejo de Pablo Iglesias, líder de Podemos, quien afirmó que «Una declaración unilateral de independencia sería, probablemente, la peor decisión del Govern”, que permitiría al Gobierno aplicar el artículo 155.
Escribimos esta nota la tarde del 9 de octubre: si la deriva de los acontecimientos plantea un statu quo del enfrentamiento, una suerte de “alto el fuego”, estaríamos ante la posibilidad de que se abriera el diálogo y la negociación, de que Madrid abandone el librito de Derecho Penal que sirve para que el Estado reaccione y castigue los delitos cometidos por una persona o un grupo, pero que como indica el catedrático español José María Paredes, «No se puede aplicar el Derecho Penal a un problema político. La Justicia podrá sancionar, pero nunca resolverá el problema».
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