Deja vu, es la sensación de haber vivido antes una situación nueva. Pareciera que nos retrotraemos a los momentos más complicados para la gestión frenteamplista cuando se defendía la gestión Bonomi. Hay una acumulación de situaciones irregulares de público conocimiento, que por errores u omisiones dejan muy mal parado al gobierno. Principalmente hablamos de la gestión de Heber al frente del Ministerio del Interior. Pero también el gobierno ha preferido empantanarse con los cargos en Salto Grande en lugar de cumplir rápidamente con lo expresado por el Parlamento. Y el caso Penadés -aberrante por donde se lo mire- puede transformarse en otro asunto político que le juegue en contra al gobierno dado el respaldo inicial que recibió el ex senador por parte de Heber y Lacalle Pou. A un año de las elecciones cabe preguntarse cuál es el nivel de daño en la reputación que el oficialismo está dispuesto a tolerar.
En primera instancia nos centramos en lo que refiere a la cartera del Ministerio del Interior que parece ser una piedra en el zapato del gobierno de turno. Los números son elocuentes. Tomando como referencia la última encuesta de Opción Consultores vemos la evaluación de la población uruguaya sobre los seis ministerios de mayor visibilidad y proyección política. A la izquierda del gráfico vemos las categorías de niveles de aprobación positivos (“Muy buena” y “Buena”). En el medio la categoría de evaluación neutral (“Ni buena ni mala”). Y hacia la derecha los valores de desaprobación (“Mala” y “Muy mala”). Y por último no sabe no contesta (“NSNC”). El número final en negrita indica el saldo entre evaluaciones positivas y negativas.
Aprobación de gestión ministerial- setiembre 2023
Fuente: Opción Consultores
A esta altura a nadie escapa el hecho de que el Ministerio del Interior es el que presenta una marcada desaprobación en la opinión pública, siendo el único que tiene un saldo negativo. Pero hay una segunda dimensión. No debemos perder de vista que en la última interpelación, a fines del mes de junio, se aprobó una moción donde se expresa que Heber “no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición…”, denotando que la coalición no logró cerrar filas para declarar satisfactoria las respuestas del ministro. Es bajo ese antecedente que hay que interpretar los últimos hechos vinculados al acceso irregular a la información de las víctimas del caso Penadés, y su derivación política. Al igual que en su momento pasó con Bonomi, el ministro Heber no logra salir de una posición muy incómoda y da la sensación, que a diferencia de Irene Moreira en Vivienda, logra sostenerse en base a un fuerte respaldo político del herrerismo y en particular del Presidente.
Este escenario, delicado en cuanto al respaldo que tiene un ministro que encabeza una de las listas más importantes del Partido Nacional, sumado a la dubitativa cohesión de la coalición, es el que podría estar detrás de la hábil iniciativa del Ministro que solicitó ser recibido por el Senado en régimen de comisión general el pasado martes, en una breve sesión donde no intervinieron los legisladores del Frente Amplio. Primerió así al Frente Amplio que aún evalúa (al menos al momento de escribir este análisis) una posible interpelación que podría tener otro tipo de consecuencias como la moción de censura, iniciando así el proceso previsto en los artículos 147 y 148 de la Constitución.
En este caso, como también había sucedido con el caso Astesiano y el pasaporte de Marset, el ministro deberá dar explicaciones por la investigación de la Justicia –no del propio Ministerio- sobre policías acusados de utilizar ilícitamente el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y el entorpecimiento de la investigación por el ex director del Comcar Tarocco. A ello se podría sumar el sumario a policías que ingresan de forma irregular a escuchas telefónicas vinculadas al asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Todo esto lo que hace es generar más desconfianza en el sistema, y en particular en el ministro.
Por otro lado, el clientelismo en Salto Grande, si bien es de naturaleza bien distinta, presenta puntos en común. En el momento en que toma estado parlamentario la designación directa de ediles en Salto Grande, el oficialismo no pudo controlar la declaración que emitió el cuerpo legislativo. Es así que una de las mociones aprobadas en la interpelación al Canciller Francisco Bustillo, exhorta el cese de todos los funcionarios designados de manera discrecional y directa desde el 23 de abril de 2020 y el pedido de una auditoría externa. Si bien el Presidente Lacalle Pou ha declarado públicamente que se están tomando medidas, lo cierto es que no se ha cumplido con lo que solicitó por voto mayoritario el Parlamento.
Nuevamente se puede interpretar que los distintos compromisos políticos llevan a una toma de decisiones extremadamente lenta, dejando así una imagen negativa que solo podremos medir cuando se divulguen nuevos estudios de intención de voto.
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