¿Corruptos o burros?

La revelación de charlas entre Carolina Ache y Francisco Bustillo sobre el pasaporte a Marset desató una crisis política de envergadura. Un primer hecho fue la renuncia del canciller. ¿Qué avizora va a pasar con esta situación? ¿Cuál debe ser la actitud del presidente? ¿Qué cabezas deben rodar por lo ocurrido? ¿Crisis política o crisis institucional? ¿Se rompe la coalición? ¿Cómo debe actuar la oposición? ¿Qué se quiso tapar? ¿Se infiltró el narcotráfico en la política? ¿Cómo afecta esto las elecciones del 2024?

Inevitable
Gonzalo Abella
Cuando rigen las leyes del mercado, cuando todo es percibido como mercancía, entonces aparece y funciona inevitablemente el mercado de conciencias. Cada ser humano, y especialmente todo aquel que ocupa un puesto gravitante, es visto como una potencial mercancía comprable, con valor de uso y con un precio, establecido por su valor de cambio. Esta posibilidad de comprar conciencias siempre fue un talón de Aquiles de la Democracia liberal, y mucho más lo es en Estados con capitalismo dependiente, es decir, aquellos países donde los Medios de Producción fundamentales se poseen y se manejan por trasnacionales extranjeras. En estos casos, como el nuestro, el Gobierno de turno sólo es un administrador del Capital extranjero.
Pero una cosa es la esencia y otra la apariencia; y la apariencia, la imagen, también condiciona a la inversión extranjera, que es más necesaria aún en una Economía dependiente. Para atraer inversores, además de darles luz verde en lo legal, se necesita un grado razonable de corrupción que les permita operar con mayor eficiencia y saber a quién tocar para cada caso; pero también se necesita que esa corrupción no rebase ciertos límites, tras los cuales toda la confiabilidad inversionista se viene al suelo.
Un gobierno netamente neoliberal, como el nuestro, necesita moverse en estos márgenes y en estos equilibrios. Los excesos deben ser convenientemente tapados. Y eso se intenta, pero a veces los apetitos personales y sectoriales rebasan los límites de la prudencia. Y entonces surge una nueva disyuntiva: ¿se tapa todo o se proclama que se “raspa hasta el hueso” salvando así la imagen? En realidad, llegar al fondo del asunto es imposible en el sistema imperante, pero siempre se puede encontrar chivos expiatorios. El peligro es que estos chivos expiatorios se pongan a contar todo lo que saben: por eso hay que terminar negociando con ellos, aunque sea, en último caso, ofreciéndoles condiciones de sanción menos severas.
Hoy estamos en una coyuntura de exceso por partida doble, seguramente debido a una soberbia que surgió en la élite gobernante por un falso sentimiento de impunidad personal. El exceso, por un lado, es cuantitativo: una ministra reparte viviendas a dedo, se emiten pasaportes desde la Torre Ejecutiva que fueron a parar a manos mafiosas, se cometen todo tipo de arbitrariedades y escuchas ilegales, hay evidencias de que un senador es un pederasta y violador y se trata de relativizarlo todo el tiempo que fue posible, se acomoda descaradamente a operadores políticos en la Comisión Binacional del Salto Grande, se entrega un pasaporte uruguayo a un narcotraficante conocido…
Conste que en esta enumeración cuantitativa no menciono las represiones a obreros y estudiantes, la asfixia económica y financiera al pueblo trabajador, no hago ninguna referencia a la conducta esperable, de clase, que el inversor aplaudiría, sino a irregularidades y violaciones a sus propias reglas. Se iban sumando demasiadas irregularidades. Pero de pronto, se produce un salto cualitativo: aparece documentada una intriga del Poder Ejecutivo para engañar al Parlamento. Y ahí sí, todo se sacude.
La administración anterior no fue santa: recordemos el uso indebido del Hospital Policial por varios jerarcas, la renuncia obligada del Vice – presidente Sendic, y la de una senadora del PCU, Michel Suárez, por serias irregularidades. No recordaremos en cambio el convenio secreto con UPM 2 y toda la entrega vergonzosa que (ahora sabemos) este convenio traía consigo, ni el envío de tropas uruguayas al Congo, a Haití y a los Altos del Golán, porque ante el inversor estos últimos son méritos y no deméritos. Pero en cuanto a corrupción y acomodos, como alguien dijo hace 2000 años, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Lo que ocurre ahora es que este gobierno ha perdido (o algunos de sus jerarcas han perdido) la dimensión de lo prudente, y ahora el Poder Ejecutivo está en una encrucijada y la bancada oficialista también. La conducta de la ex vice – canciller y su serena y calculada denuncia, en el momento oportuno, sacuden la imagen santa de lo institucional. No sé cuáles son los móviles de la acusadora, ni si incurrió en delito por retrasar su presentación de pruebas; pero la tormenta que decidió instalar quedó instalada. Ojalá el huracán no se vuelva de pronto una mansa lluvia tropical; porque “raspar hasta el hueso” aún en el marco democrático liberal, siempre es saludable, y aleccionador para el pueblo.

El ajedrecista y el peón
Oscar Licandro
Esta historia es una obra de teatro que transcurre en varios actos. Primer acto (El pasaporte). El gobierno emite un pasaporte a un narcotraficante detenido en un país extranjero. Según todo lo que se sabe, la emisión del pasaporte fue legal, ya que en ese momento el hombre no tenía requisitoria en Uruguay, ni se sabía de requisitoria en otro país. Segundo acto (El socio del tío). Antes de emitirse el pasaporte, el abogado del narco, y socio del tío de la vicecanciller (el peón), le pide a ésta una entrevista, supuestamente para preguntar cuándo salía una valija diplomática. Resulta llamativo que, si la consulta era sobre eso, no se haya resuelto mediante una simple llamada telefónica. Algo huele mal en Dinamarca. Tercer acto (El aviso). El sub-secretario del ministerio del interior advierte al peón que el susodicho es un peligroso narcotraficante. El trámite sigue. El pasaporte sale rápido, y el hermano del abogado pasa por el ministerio a retirar el pasaporte, que a la velocidad de la luz llega al país del Golfo Pérsico.
Cuarto acto (La encrucijada). Las autoridades de los dos ministerios involucrados tienen que dar explicaciones a la oposición en el Parlamento. El chat del whatsapp del sub-secretario demuestra que las cosas no se hicieron bien: error, mala comunicación o viveza de alguien, pero no ilegalidad. Quinto acto (La mentira). Lo que no se hizo bien antes, luego se trató de ocultar. Pero, la mentira tiene patas cortas. Si las cosas ocurrieron tal como se denunció (se borraron chats y se destruyó un acta), los protagonistas cometieron un nuevo error. Nunca he podido entender a las personas cuando tratan de ocultar un error con otro error. Siempre es más fácil decir: me equivoqué. Pero no se hizo, y la mesa quedó servida para las fieras: el FA intuyó, olfateó o simplemente tenía información sobre lo que había ocurrido. Y ahí clavó sus colmillos: interpelaciones, declaraciones públicas y denuncia judicial. Son las reglas de juego. A no quejarse.
Sexto acto (El thriller). En medio de los dimes y diretes, el peón renuncia a su cargo porque su sector político le quitó el apoyo. Tras esa renuncia, la obra de teatro se convierte en un thriller de venganza, cuya burda trama relata las venganzas del peón. Trama en la que aparece un nuevo personaje, cuyo rol será protagónico: el ajedrecista. Este personaje, ejemplo paradigmático de la política florentina en tiempos de Maquiavelo, asumió la defensa legal del peón. Y se convirtió en el artífice de sus ajustes de cuentas. Séptimo acto (El título). Fue el ajedrecista quien consiguió la información que desnudó la mentira del líder (también ministro del gobierno) que había soltado la mano del peón. Al igual que el hijo del Bebe, en él la vanidad pudo más que la ética (y el sentido común): se inventó un título que aún no había conseguido. El ajedrecista, hábil bicho con contactos en todos lados, consiguió en la universidad las pruebas de la mentira. Resultado: quien le soltó la mano al peón, también tuvo que renunciar. Primera venganza concretada.
Octavo acto (Jaque mate). El peón acude a Fiscalía a declarar por el caso del pasaporte. Los informativos mostraron al ajedrecista entrar al recinto con aire triunfal. Minutos después de terminada la audiencia, se hacen públicos los chats y audios que el peón y el ajedrecista presentaron en fiscalía. Un periodista de Búsqueda (ese día Preve no estaba disponible) publica una nota con los contenidos de esos chats y audios. El tiempo transcurrido demuestra lo obvio: el periodista ya tenía en sus manos esos contenidos, y la nota ya estaba escrita antes del triunfal ingreso del ajedrecista a la fiscalía. Una vez detonada la bomba de neutrones, el gobierno quedó contra las cuerdas, el inefable Fernando Pereira salió a pedir que rodaran cabezas mientras gritaba “crisis institucional”, el general aprovechó para vengarse del presidente por la destitución de su correligionaria esposa, y la mayor parte de los dirigentes de los partidos de la coalición no podían salir de su asombro. Pocos dirigentes actuaron con la templanza y la lealtad institucional que tuvo el ministro de trabajo, o con la sagacidad con la que declaró el ministro de defensa (les recordó la crisis que generó el hijo del Bebe).
Noveno acto (El retorno): volvió el presidente del exterior, se reunió con los líderes de la coalición (imagino la cara del general), se reunió con Fernando Pereira (como todo bravucón, grita en público y arruga en los mano a mano), y terminó la jornada con una conferencia de prensa. Allí desdramatizó la situación, comunicó que aceptó la renuncia de todos los involucrados y respondió preguntas. Como de costumbre, con valentía, salió airoso. De inmediato, los propios recuperaron el buen humor y la oposición se fue a maquinar sobre cómo seguir dando manija.
El fin de la obra de teatro aún no fue escrita, por lo que cada quien intentará escribirlo en función de sus deseos o intereses. A esta altura de la obra ya hay ganadores y perdedores. Quien más ganó fue el ajedrecista. Su jugada acarició la perfección. Lo sabe bien y lo disfruta. Imagina que Maquiavelo ha de estar orgulloso de él. Pero, ojo con la soberbia. Las victorias siempre son transitorias. Y quien más perdió fue el peón. La ceguera de la venganza siempre impide ver las consecuencias para el vengador. Con su denuncia quedó en evidencia que sabía la profesión del destinatario del pasaporte antes de emitírselo. Pero peor es la imagen pública que dejó: alguien vengativo, que graba a escondidas lo que conversa con sus compañeros de trabajo (el único antecedente en política lo protagonizó su padrino político, cuando grabó a Rafael Michelini). Quien hace eso no es confiable, porque también puede hacerlo en conversaciones privadas con amigos, colegas, clientes y cualquier otra persona.
Al final, como en el juego, el ajedrecista usó al peón para ganar la partida. Y, mientras el peón festeja su venganza, aún no sabe que fue sacrificado.

Del Rey Luis a Luis Lacalle Pou

Benjamín Nahoum

El miércoles pasado la exvicecanciller Carolina Ache declaró ante la Justicia que en las altas esferas del gobierno se había elaborado una trama para ocultar información al Parlamento (y, desde luego, a toda la sociedad) sobre el conocimiento que el gobierno tenía de que se le estaba concediendo, y finalmente se le había concedido, un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, sabiendo que era un prófugo internacional.
Como consecuencia, pocas horas después renunció el Canciller, Francisco Bustillo. Y el día viernes, el ministro y subsecretario del Ministerio del Interior (Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel) y el asesor presidencial Roberto Lafluf, también involucrados en ese episodio, siguieron el mismo camino. El sábado, el presidente Luis Lacalle Pou, que a todo esto se encontraba en Estados Unidos en misión oficial, volvió al país, aceptó todas las renuncias, y en una conferencia de prensa dio la crisis (¿de gobierno, política, institucional?) por resuelta.
No es el primer episodio que envuelve a personas que ocupan altos cargos de gobierno en escándalos, personas que merecían la confianza presidencial hasta que se pone en evidencia que en realidad no la merecían: Germán Cardoso, exministro de Turismo; Adrián Peña, exministro de Ambiente; Irene Moreira, exministra de Vivienda; Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial; Gustavo Penadés, exsenador de la república, y ahora Ache, Bustillo, Heber, Maciel y Lafluf, todos renunciantes (y alguna, despedida) después de actuaciones reñidas con lo ético y lo legal, y hasta delictivas, cometidas desde las cumbres del poder.
Lo más grave de estas cuestiones, para la sociedad uruguaya, no es que el jefe de la custodia presidencial, en la mismísima Torre Ejecutiva desde la cual gobierna el Señor Presidente, dirija una red de espionaje, falsificación de documentos, tráfico de influencias y otras lindezas parecidas.
Ni que el senador más conspicuo del gobierno levante chiquilines en la puerta del Palacio Legislativo con propósitos de explotación sexual y sea imputado por violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor.
Ni que un peligroso narcotraficante salga caminando de una cárcel de la remota Dubái, porque otra red de funcionarios públicos lo dotó de un pasaporte salvador, para apurar lo cual una funcionaria fue hasta donde estaba preso para tomarle las impresiones digitales necesarias, y no se utilizó para enviar el pasaporte la valija diplomática, simplemente porque demoraba demasiado, y el Sr. Marset estaba apurado, quizá porque tenía que jugar un partido de fútbol, que también a eso se dedica.

Ni que una ministra confundiera la potestad de adjudicar directamente una vivienda para solucionar una carencia extrema con la de darle viviendas a sus amigas y amigos y correligionarias y correligionarios.
Ni que otro ministro diga que tiene un título que no tiene y que otro más invoque una especialidad que tampoco tiene.
Lo más grave es que nadie se haga cargo de todo eso, que nadie renuncie hasta que haya sido descubierto y no haya podido ocultarlo más, y que el capitán del barco se vaya solo en el único bote salvavidas disponible, aceptando las renuncias y dando el asunto por liquidado.
Lo más grave es que nadie pronuncie las dos palabras prohibidas: “me equivoqué”, ni pida disculpas; que nadie reconozca errores; que todos los problemas se atribuyan a otros; que se hostigue fiscales por cumplir con su función y su deber; que se destruya evidencia; que se alegue que todo está bien porque antes se hizo lo mismo; que se renuncie, no porque se reconozca haber actuado mal, sino para no perjudicar al presidente, al partido o al sector; que el día del juicio final se siga reclamando una imposible inocencia.
En este último caso, el Presidente sigue sosteniendo que todos los renunciantes actuaron dentro del marco que las normas legales señalaban. Pero entonces, como ya se ha preguntado, ¿por qué renuncian? ¿Y por qué, el Presidente acepta las renuncias de personas que actuaron de acuerdo a la constitución y a la ley, y en las que creía y todavía cree?
Necesitamos aclarar estas cosas para seguir adelante, Señor Presidente. Hasta un lejano tocayo suyo, el todopoderoso Rey Luis XIV francés, habría sentido la necesidad de hacerlo.

La nave perforada
Alejandro Guedes
El anuncio de Lacalle Pou aceptando las renuncias de los principales implicados en el escándalo de los audios descomprimió una crisis política que perforó el centro de gobierno. El costo político hasta el momento es altísimo; dos ministros, dos sub secretarios y un asesor presidencial. Salvo Carolina Ache, el resto es personal del partido y la confianza del presidente. Además, resta conocer si hay un impacto en la opinión pública. A priori, sin entrar en valoraciones ni gritos de tribuna, parecen ser demasiados daños como para asumir sin más que todos los implicados actuaron conforme a derecho como se desprendió de la conferencia.
Para argumentar esta interpretación de los hechos es importante considerar cuatro conceptos claves que, de forma casi quirúrgica, el Presidente aportó como parte de su lectura del asunto en la conferencia.
1- Descarta responsabilidad legal de jerarcas. Desde el punto de vista formal, tal como anotó el primer mandatario la expedición del pasaporte se hizo bajo el procedimiento legal.
2- Subrayó que la interpretación por la cual se habría ocultado información pública al Parlamento corre por cuenta del Frente Amplio, bajo el entendido que se trataba de conversaciones privadas entre ambos sub secretarios.
3- Agregó que la documentación que involucra los chats no formaba parte del expediente de cancillería.
4- Estaba al tanto de las comunicaciones de su asesor pero no participó de la reunión en el Piso 11, sino que pasó a saludar.
De esta forma, en medio de lo que por el momento es una grave crisis política, Lacalle Pou da una señal de mando que logra el objetivo buscado. Primero, el gobierno se desprende de las personas que seguramente tendrán que ser indagadas por la Justicia. El propio Presidente da por sentado que los renunciantes “sabrán defender su honor y su persona en la Justicia”. A un año de las elecciones es claro que el oficialismo no puede darse el gusto de mantener jerarcas que seguramente serán investigados por hechos de apariencia delictiva, más allá de la interpretación que dio en conferencia. Segundo, también descomprime la presión política, sobre todo la presión proveniente de los socios de la coalición. Tanto Iturralde en calidad de presidente del Partido Nacional, como los líderes de la coalición Sanguinetti, Manini Ríos y Mieres son coincidentes en sus declaraciones, mostrando conformidad con las medidas. Esto lleva a pensar que tampoco tendrían una actitud proactiva para escalar esta crisis con una nueva interpelación o comisión investigadora. Y en tercer lugar evita una interpelación al ministro Heber, aunque seguramente el Frente Amplio interpelará a los nuevos ministros de Interior y Relaciones Exteriores.
El foco hoy está puesto en la crisis de gobierno y las decisiones políticas que recayeron sobre los principales involucrados salpicados por los audios. Pero a todas luces han sido muy acotadas las explicaciones que brindó el Presidente en la breve conferencia que contó solo con cuatro preguntas. Tampoco hubo desmentidos ante las graves acusaciones que serán objeto de la Justicia.
En otro orden, cabe señalar que no estamos ante una crisis institucional. Si lo fuera, estaríamos hablando de una disfuncionalidad de los órganos del poder –no de las personas- para cumplir su rol en un contexto de libertades públicas y pluralismo político. En esta grave crisis política la falla está en las personas, aunque tendremos que esperar que la Justicia investigue. Las instituciones involucradas (principalmente Justicia, Fiscalía, Parlamento) muestran idoneidad para asegurar que sus miembros cuenten con los instrumentos democráticos adecuados para cumplir con sus enunciados y lograr que cada cual responda política y legalmente por sus actos.
Lo que sí confirmamos a la luz de los hechos, (fuga de Morabito, de los narcos con certificado médico, el scanner del puerto, o el pasaporte de Marset) es que Uruguay tiene que montar un cordón sanitario que defienda a la democracia del poder del narcotráfico. Al parecer, según los especialistas en la materia hay un rezago acumulado en este tema. Abordarlo, debería ser tarea de todo el sistema político.

¿Es Lacalle Pou quien consolida a Uruguay como narco estado?
Andrés Copelmayer
Desde 1989, existe registro, evidencia, investigación y documentación sobre el sostenido aumento del narcotráfico y las facilidades que existen en Uruguay para su infiltración en todos los estamentos de la sociedad. Esto les ha permitido a los narcos permear el tejido social comunitario, alterando los valores paradigmáticos de nuestra convivencia, aun perteneciendo a tribus urbanas o clases sociales diversas. Para muchos neo narcos de la vida, hoy la única lealtad que vale es la que convenga de acuerdo con las circunstancias, y el éxito sólo depende del poder de fuego e intimidación que tenga una persona o grupo sobre los demás. Desde hace 20 años no se logra desterrar la ingenua convicción dirigencial de que el narcotráfico en Uruguay sólo consiste en lavar dinero con algún hecho aislado de tránsito de grandes lotes de drogas. No se aprendió nada de la experiencia propia y ajena y cada coalición gobernante se manda sóla con su librito de viejas recetas fallidas. Se proponen recetas mágicas para “desterrar” al narcotráfico del Uruguay, a sabiendas que si no hay una política de estado integral, sostenida en el tiempo, presupuestada y con apoyo popular, no tendrán ningún resultado eficaz. Por ello considero pertinente y legitimo preguntarse hasta donde el narcotráfico ha corrompido nuestras instituciones y los partidos políticos. No parece casual que desde 2018 los blancos bloquean sistemáticamente la aprobación de una ley exigente y aplicable que permita verificar en forma transparente y real el monto y origen de los fondos que maneja cada una de las agrupaciones políticas.
También cabe interrogarnos sobre ¿cuál es la diferencia significativa y deliberadamente favorecedora del narcotráfico que instala este gobierno de Lacalle Pou?
Sin olvidar, entre tantos episodios turbios: el espionaje a 2 senadores; la defensa de Astesiano (según expresó Lacalle “profesionalmente intachable”); la protección abusiva de los chats entre el presidente y su ex custodio, su respaldo incondicional al Senador violador y pedófilo; su reducción presupuestal a las necesidades que planteó Fiscalía para estar en condiciones de investigar en tiempo y forma este y otros delitos complejos; y el haber habilitado que se pueda introducir al sistema bancario hasta 130 mil dólares en efectivo sin obligación de justificar origen; el presidente ha sido protagonista de hechos aún más graves.
Lacalle Pou ordenó coordinar entre máximos jerarcas del Ministerio del Interior y Cancillería, lo siguiente: a) ocultar al Parlamento que al entregar el pasaporte a Marset había informes nacionales e internacionales que daban cuenta que autoridades uruguayas tenían conocimiento cabal que el narco preso en Dubai era un peso pesado que, aún prófugo, sigue liderando el tráfico de drogas y lavado de dinero en la región. b) Mando destruir un documento protocolizado por escribano público donde constaba que el Sub Secretario Maciel conocía perfectamente la peligrosidad de Marset al momento de solicitar el pasaporte.
Por último, subrayamos la “confesión” de Lacalle Pou el día que brindó la conferencia de prensa sobre el caso Marset. Textualmente dijo: “Ese pasaporte (por el de Marset) había que darlo si o si». La verdad que no se entiende en absoluto como si la cuestión era tan clara legalmente porque el presidente aceptó la renuncia de toda la cúpula del Ministerio del Interior y de Cancillería. La confesión de Lacalle se vuelve más turbia, cuando se sabe a texto expreso que en realidad si existían otras alternativas legales para no darle el pasaporte a Marset, tal como dejó constancia en informe escrito remitido por Cancillería. Por eso nos permitimos preguntamos si aquí el presidente no estará reconociendo que se entregó el pasaporte al mega narco porque él o su entorno político se sentían en deuda con Marset. La ciudadanía necesita las respuestas

¿Y si le estamos viendo las patas a la sota?

David Rabinovich

No es fácil analizar una situación en vertiginoso proceso mientras surgen datos y declaraciones contradictorios. Quizá mientan todos, pero seguro que no todos dicen la verdad. Uno supone que para sacar el pasaporte hay que presentarse en la oficina correspondiente, acá o en el exterior y hacer los trámites como cualquier hijo de vecino.
Eso no fue lo que pasó. Se podrá argumentar que “no hubo delito”. Pero queda una excesiva cantidad de hechos desconocidos para poder compartir esa afirmación. Sí, acepto que alguien -el Presidente incluido- diga ‘creo’ que no hubo delito. Con el mismo derecho otros pueden decir ‘yo creo que sí lo hubo’. Por ejemplo: sobornos. Son opiniones que las investigaciones, si se hacen, quizá avalen. O no. ¿Importa? ¿Cuánto? ¿A quiénes sí y a quiénes no?
Quizá no haya una ‘crisis institucional’ en el sentido clásico, pero: ¿Quiénes van a investigar? Va a investigar la misma policía en la que por todos lados aparece alguno dispuesto a hacer lo que no debe. La institución policial, el Ministerio del Interior, venía de 15 años de muy compleja gestión en la que se intentó depurar el plantel y cambiar las prácticas inconvenientes (o directamente corruptas). Creo eso; carezco de elementos para pensar otra cosa.
Bajo el mandato de ‘El Guapo’ Larrañaga se cambió el rumbo y la cúpula policial se restauró con viejos oficiales y conductas. Confundiendo darles una suerte de ‘carta blanca’ con el necesario ‘respaldo’. Con Luis Alberto Heber la situación institucional se agravó y con ella la posibilidad de actuar en una realidad cada vez más compleja. El cambio de Heber – Maciel por la dupla Martinelli – Abdala no me genera ninguna expectativa positiva.
Se procesó el pasaporte de “el narco pesado y peligroso” preso en Dubai. En el gobierno sabían de quién se trataba y se ocuparon con diligencia de darle trámite rápido, muy rápido. Además, la otra preocupación fue ocultar detalles sustanciales al Parlamento y a la ciudadanía.
Los que se definen como trasparentes y demócratas demostraron ser todo lo contrario. Hasta donde entiendo al Presidente le parece que no hubo delito y que un tema político, gravísimo, lo debe dirimir la justicia.
Creo que leyes para controlar el financiamiento de la política y los movimientos de capitales de origen turbio no serán aprobadas en este período: Heber tendrá fueros; en tanto, el Richelieu/Rasputín criollo mudará la oficina fuera de la Torre Ejecutiva…
Escuché al Presidente justo hasta el punto en que dijo que no había crisis institucional, que para eso se necesitaba algo como el episodio de la renuncia de Raúl Sendic. Hasta allí miré la conferencia de prensa.
Eso sí, creo que le ‘estamos viendo las patas a la Sota’.

Todos hablan de otros; ¿puedo hablar de mí?
Roberto Elissalde
Cuando llevaba un par de docenas de años de militancia, a comienzos de este siglo, empecé a preguntarme por qué ni yo ni mis compañeros de esa época sabíamos cómo funcionaban algunos resortes básicos de nuestro oficio. ¿Cómo podía ser que profesionales de la política no tuviéramos idea de en base a qué elementos tomaba sus decisiones la ciudadanía? Éramos militantes no rentados –pero sí profesionales de la política– que no podíamos acertar con una comunicación que trasmitiera lo que creíamos verdad y desenmascarara un sistema social y político basado en la explotación.
Pasaron muchos años y en ellos el Frente Amplio llegó al gobierno del país sacando de la pobreza a decenas de miles de personas, poniendo a los trabajadores en el centro (con recuperación salarial sostenida por 15 años, con leyes laborales de avanzada), cambiando su sistema tributario, su sistema de salud, ampliando los derechos de los ciudadanos… Mi organización política, el FA, no fue intachable: cometió errores y algunos de ellos no los solucionó cuando pudo (como una ley de financiación de los partidos políticos). Sin embargo, movió el fiel de la balanza a favor de las mayorías y tuvo la capacidad de sancionar los desvíos éticos más notorios.
Y un día se juntaron los supuestamente socialdemócratas “independientes” con el partido de los militares nostálgicos, los liberales con los estatistas y convencieron por dos veces a la ciudadanía de que eran más capaces que nosotros para conducir el país (en la elección y en el referéndum sobre la LUC).
A esa altura de mi vida había estudiado mucho sobre comunicación política, sobre creación de relatos, sobre el hastío de los electores y su falta de interés profundo en la política. “Porque está bueno cambiar” fue una consigna política con alma de jingle comercial pero que tuvo su momento de gloria hace casi 5 años…
¿Qué tienen que ver mis ignorancias y dudas personales sobre el funcionamiento de la sociedad con los corruptos y los tarados que andan en la vuelta? Bueno, en principio diría que me dejan tan perplejo como cuando era un señor de mediana edad (los jóvenes creíamos entender bien cómo funcionaban las cosas).
La sobreabundancia de información tal vez nos haya hecho daño. Si sacamos la lupa de los dimes y diretes de los exfuncionarios, el saludito cordial del Presidente a los asistentes a una reunión que él convocó (pero dejó en manos de un amigo, ya que seguro tenía otras cosas más importantes) y la incesante lluvia de audios, chats y memes que tratan de arrancarnos una sonrisa, la verdad parece evidente.
Un narcotraficante charrúa, que pretendía salir de un país con documentos falsos y fue preso, recibió un documento tan insospechable como auténtico, emitido por nuestro Ministerio del Interior. Con una celeridad inusual, una cadena de manos amigas logró que ese narco saliera por la puerta grande de Dubái. Y poco importa si después se las ingenió para matar a un fiscal paraguayo y su esposa o para jugar al fútbol en un campeonato oficial.
En vez de buscar a el/la/los/las traidores a sueldo del narcotráfico metidos en el aparato del Estado uruguayo, la frívola mentalidad de los titulares del Poder Ejecutivo se concentra en hablar de un ex vicepresidente y de un expresidente de izquierda. Que no amenacen con una investigación, que no prometan juicio y castigo a los empleados del narco, que no miren a los costados para ver si existe algún otro traidor, me sorprende un poco. Pero más me sorprende que la coalición que lo soporta siga indemne y que muchos uruguayos sigan pensando que se trata de un episodio más entre las barras de la Amsterdam y la Colombes.
Nadie tiene por qué lamentarlo, pero me siento tan asombrado como hace veinte años.

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